Córdoba / Docentes. Córdoba: Intentan dejar en la calle a 70 docentes

El Instituto Privado Emilio Lamarca está en peligro por una resolución de la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE) que determinó que el colegio no podrá seguir funcionando a partir del año próximo. Docentes, padres y alumnos rechazan esa decisión.

El colegio, que funciona desde el año 2011 en el barrio Urca de la ciudad de Córdoba, cuenta con 210 alumnos pertenecientes a los niveles inicial, primario y medio. Desde ese año contó con una habilitación precaria expedida por DIPE, de forma regular, hasta el 2013, siendo otorgada luego a través de un recurso de amparo hasta la decisión actual.

November Group S.R.L propietario del establecimiento, cuyo representante legal y dueño es Carlos Forno, alega una presunta insolvencia económica (16 millones de deuda) para el cumplimiento de las obligaciones laborales a los docentes (salario, aguinaldo, obra social y jubilación) y pago de la ART. Forno también es dueño del colegio Julieta Delfino, situado en la Ciudad de Carlos Paz.

La institución de Barrio Urca, a pesar de su anunciado cierre, habría incorporado 60 alumnos a quienes comenzó a cobrar la matrícula para el ciclo lectivo 2017.

Audiencia en el Ministerio de Trabajo

Ayer los docentes participaron de una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo donde se firmó un acta de acuerdo entre las partes. En ella Carlos Formo se compromete a liquidar los montos adeudados y regularizar la relación contractual hasta el día miércoles 21 de diciembre, cuando se desarrollará una nueva audiencia. Mientras tanto, los docentes continúan con la retención de servicios y exigen que el Estado, que es responsable directo de la situación, asegure la continuidad de los puestos de trabajo.

La Legisladora por el PTS-FIT Laura Vilches, junto con delegados docentes de la agrupación Docentes D-Base, estuvo solidarizándose con los docentes y la comunidad educativa y puso a disposición la banca al servicio del reclamo de los trabajadores.

Algunos profesores del Lamarca se quejaron por la falta de acompañamiento de UEPC y de SADOP desde el primer momento. Manifiestaron que los "dejaron solos desde un comienzo" y que "se sumaron cuando ya estaba resuelto el cierre de la institución".

La comunidad educativa acompaña a los docentes

Una madre de alumnos del instituto contó a Izquierda Diario que “el colegio está sin contrato de alquiler, es decir que no tienen donde funcionar. El dueño del colegio no ha pagado los sueldos, no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones económicas...las irregularidades del dueño ha sido una constante todos los años. Gracias al equipo de docentes que ha estado trabajando en este proyecto pedagógico se ha podido ir construyendo un colegio sin la ayuda del dueño".

Natalia, alumna del colegio, dijo: “la verdad es que estamos todos mal. Los profesores la están peleando desde el primer día; por los alumnos, por la escuela, por la continuidad de sus puestos de trabajo. El colegio no se puede cerrar, tiene que haber una salida. Los profesores la vienen haciendo bien, y los alumnos nos sumamos a ellos”.

Agostina, egresada del Lamarca, expresó, “es indignante que no se tomen medidas al respecto, que los representantes del colegio no se estén haciendo cargo de la situación que se está viviendo ahora, que son muchos docentes y no docentes que se van a quedar sin trabajo y muchos alumnos que no van a tener escuela adonde ir”.

Las voces de la conducción de UEPC y de los docentes de la escuela

Oscar Ruibal declaró a Radio Universidad que "el dueño es fraudulento y que los que van a pagar el pato son los trabajadores". Pretende vender como un hecho lo que es el deseo del gobierno, que sigue financiando y defendiendo a lo largo de los años a una persona que incumple con el pago de salarios y de aportes, y que es dueño de una institución educativa que estuvo todo el tiempo sostenida por el trabajo de los docentes.

Esos docentes hoy son dejados en la calle y UEPC no defiende su puesto de trabajo. Por eso los acompaña al Ministerio de Trabajo, para gestionar el cobro de los salarios adeudados, y no dice nada de ir a reclamar al Ministerio de Educación la continuidad de la escuela. La conducción del sindicato docente no defiende el puesto de trabajo de los docentes ni la continuidad del proyecto pedagógico de la escuela, que es el deseo de la comunidad educativa. Defiende la comodidad del ministro Grahovac, pretendiendo salvarlo de resolver una situación que lo tiene como principal responsable.

Si la escuela funcionó, como dijo la madre que habló con LID, gracias al equipo de docentes y sin la ayuda del dueño, no se entiende por qué tiene que cerrar la escuela cuando el dueño decide irse.

Flavia, docente de la institución, denunció, “el estado es responsable directo, ya que, a través de la DIPE, le otorgaba al dueño un permiso provisorio para su funcionamiento, aún cuando éste no podía acreditar solvencia económica ni podía asegurar el pago de sueldos. Por eso no sabemos por qué se lo renovó y por qué ahora se lo niega”. Y concluyó: “exigimos que algún funcionario dé la cara, sea el ministro de Educación o quién firmó bajo acuerdo esa autorización”.

En el mismo sentido, Fabricio, docente de nivel medio, expresó, “el problema central es la continuidad de 70 puestos de trabajo ... debería haber una voluntad política, como la que mantuvo funcionando 6 años a esta institución, que nos asegure la continuidad laboral. Desde el ministerio no hay respuesta, no nos quieren recibir. Ellos dicen que no tienen con nosotros una relación contractual, pero esto no tiene que ver con lo legal sino con lo político, y es el Estado el que tiene que asumir esa responsabilidad, además de la patronal. Son las dos partes, esto no sucedió sólo por una persona corrupta, el Estado parece que se tapó los ojos durante 6 años y permitió que esto sucediera hasta que a nosotros nos dejaran en la calle”.

Los docentes participarán de la próxima audiencia de conciliación convocada para el día miércoles 21 de diciembre. Mientras tanto, trabajadores, alumnos y padres se organizan por el cumplimiento de las obligaciones patronales y la exigencia de respuestas al gobierno provincial.