El Ministro de Finanzas declaró a medios locales que está en duda la capacidad de la provincia de abonar los salarios estatales del mes de abril.
Paula Schaller Licenciada en Historia
Miércoles 8 de abril de 2020 16:49
Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia, declaró a los medios locales que está en duda la capacidad de la provincia de abonar los salarios estatales del mes de abril, dejando abierta la posibilidad de abonar diferidos los haberes jubilatorios.
Si la semana pasada la ministra de Coordinación Provincial, Silvina Rivero, había señalado que se recortarían los salarios de la planta estatal, (sin dar mayores precisiones sobre el alcance de la medida y si se limitaría a funcionarios y cargos altos o sería más general), hoy el gobierno muestra más abiertamente su voluntad de usar a los trabajadores estatales como variable de ajuste ante la crisis en curso.
Schiaretti utiliza así el legítimo descontento contra los privilegios de una casta política de funcionarios que cobran por encima de los 250 mil pesos (como él mismo) para llevarlo a su molino: consolidar aval social en su política de ataque a los trabajadores. Y todo con la pandemia como excusa. Marca así el signo de la pulseada que se abre para este periodo: quién paga los costos de una crisis socio-sanitaria que ya está empeorando las condiciones de vida de millones, con las patronales avanzando día a día con despidos y suspensiones con rebaja salarial que impactan sobre los sectores que trabajan en condiciones más precarias.
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La provincia, que acumula 20 meses consecutivos de caída de la recaudación, viene dando señales de la profundización de su crisis fiscal. En el día de ayer, de hecho, el gobierno anunció que emitirá un bono de $ 9.000 millones para afrontar deudas con proveedores y contratistas del Estado previas al 29 de febrero. Este, según lo anunciado, podrá ser usado como medio de ahorro o para el pago de impuestos y será transferible, lo que implica que se habilita su circulación como medio de pago.
Aunque aún falta ver específicamente el carácter y alcance concreto de este bono, muchos ya señalan que, bajo esas condiciones de uso, se parece bastante a la emisión de cuasimonedas o podría ser su antesala. De hecho, consultado sobre la posibilidad de una futura emisión de bonos para fines como el pago de salarios, el Ministro Giordano no sólo no lo descartó sino que señaló “depende de la involución de la situación y de la decisión que tome el gobierno nacional en su nivel de asistencia.”
¿Cuánto de ésto es "terrorismo informativo" del gobierno con la intención de aumentar la incertidumbre y que se acepten peores condiciones salariales o cuánto son verdaderos cañonazos de guerra para una ofensiva en toda la línea, incluyendo la generalización de cuasi-monedas? Imposible responderlo hoy. En cualquier caso, lo que es claro es que entramos en una etapa donde el objetivo es un mayor ajuste, y el blanco somos nosotros.
Recursos hay
Con la excusa de la caída de la recaudación el gobierno provincial ya viene aplicando un ajuste desde el año pasado, como reconoce La Voz del Interior en una nota del 30 de marzo: "Visto en perspectiva, haber anticipado las elecciones a mayo le dio a la Provincia el margen suficiente para, pasados los comicios, ajustar. Y vaya que ajustó: la inversión en obra pública cayó 40 por ciento (...) La partida de personal, la más significativa (con 107 mil millones de pesos) aumentó 40,4 por ciento, con una caída real del 7,7 por ciento. La suspensión de la ´cláusula gatillo’ en agosto y unas paritarias más acotadas para el último cuatrimestre del año explican, en buena parte, el ahorro corriente."
Bajo las condiciones de una caja fuertemente desfinanciada y más de un 95 % de la deuda provincial nominada en dólares, la provincia busca aprovechar la crisis como una oportunidad para dar un salto en este ajuste que ya viene aplicando. Pero mientras el gobierno comienza a hacer anuncios que aumentan la incertidumbre sobre cientos de miles de trabajadores en el medio de la pandemia, las ganancias de los grandes ganadores de la provincia siguen intactas. Dos ejemplos. 1) El grupo ARCOR, principal productor de alimentos del país y líder en la producción mundial de caramelos duros, cerró 2019 con un resultado operativo positivo de $ 6.549 millones. 2) Los grandes sojeros, los históricos ganadores del modelo provincial del agronegocio.
Para muestra baste un botón: en un cálculo que publicó Verbitsky a inicios de este año, el economista cordobés Fernando Oviedo señala que un productor dueño de un campo de 200 hectáreas en la zona núcleo alcanzaría este año una renta mensual de aproximadamente 480.000 pesos por mes (U$ 7.620 mensuales). Desde ahí, imaginemos las ganancias de los grandes terratenientes y pooles sojeros.
La crisis la tienen que pagar los grandes empresarios. Como venimos planteando desde el Frente de Izquierda, allí están los recursos que el gobierno no quiere tocar y a los que hay que aplicarles impuestos extraordinarios para, en el marco de la pandemia, generalizar un salario de cuarentena de 30 mil pesos como mínimo para todo aquel que lo necesite para vivir.
Los traidores, capítulo mil
El rol de sindicatos como el SEP de empleados públicos o UEPC de docentes viene siendo pérfido. Ambos convalidaron el cierre de unas paritarias miserables mientras los trabajadores están en cuarentena y cuando, en el caso de los docentes, ya había sido rechazada muy ampliamente por las bases antes de la suspensión de clases.
Con el acuerdo cerrado, le dieron al gobierno la libertad de acción necesaria para empezar a preparar un mayor ataque. Le hablaron con el corazón y Schiaretti les respondió con el bolsillo. La bronca que despertó entre las bases el anuncio del gobierno apuró a los dirigentes a rápidas declaraciones.
La CGT Regional Córdoba emitió un comunicado rechazando la aplicación de recortes salariales, señalando que es “inaceptable la pretensión de aplicar recorte alguno sobre los salarios de los trabajadores del Estado cordobés, muchos de los cuales no perciben aumentos salariales desde el mes de enero, y que en muchos casos sus salarios están por debajo la línea de pobreza”. Como si su Secretario General, José Pihen, fuese un analista de la realidad y no el que garantiza los acuerdos que imponen esos salarios de miseria.
Por su parte, Monserrat de la UEPC hizo declaraciones en las que propuso que la docencia sea considerada "servicio esencial" y por lo tanto esté exceptuada de los recortes salariales junto al personal sanitario y de seguridad. En el mismo acto, dijo que los trabajadores debemos “entender que hay una situación excepcional”.
En primer lugar, declarar la docencia como servicio esencial deja abierta la puerta legal a limitar futuras medidas de fuerza en el sector, con lo que hay que rechazar enérgicamente esta posibilidad que sólo será usada a su favor por el gobierno. En segundo lugar, no se trata de “exceptuar” del ajuste a algunos sectores como docentes mientras se convalida el ataque sobre el resto, sino de organizar la pelea del conjunto de los trabajadores estatales y privados. En tercer lugar, no somos los trabajadores quienes debemos ser comprensivos con los ataques que el gobierno y los empresarios anuncian día tras día contra nuestras condiciones de vida en medio de una situación crítica como la pandemia.
La solidaridad, crece desde el pie
El contraste con este entreguismo, una vez más, viene desde abajo. De los sectores de la salud que se organizan para exigir condiciones de trabajo e insumos básicos que faltan ante la pandemia, como hicieron por ejemplo trabajadoras y trabajadores del hospital Príncipe de Asturias, del Hospital de Urgencias o el Misericordia. De los sectores combativos de la docencia como la Agrupación Docentes D-BASE que mientras colaboran con la entrega de las raciones del PAICOR ydenuncianque son insuficientes para las familias, lanzan unacampaña de solidaridad con las trabajadoras de comedores escolares y limpieza que fueron suspendidas.
Como venimos planteando, si se cierran las escuelas, los sindicatos deberían abrirse para ponerse a la cabeza de organizar la solidaridad, en un contexto en que las familias de nuestros alumnos y alumnas sufren el deterioro de sus condiciones de vida. Los compañeros y compañeras del SUTE de Mendoza vienen dando un ejemplo del rol que pueden jugar las organizaciones sindicales organizando la solidaridad con los sectores más golpeados.
Frente a la ofensiva del gobierno provincial, urge que los sindicatos se pongan a la cabeza. Exigimos que el SEP y UEPC garanticen de manera inmediata los mecanismos para que las bases podamos expresarnos y decidir las medidas a tomar para organizar la lucha contra estos ataques. Que no toquen un solo peso a los trabajadores! Exigimos que se abran los sindicatos para organizar la solidaridad ante la pandemia!
