Este juicio es uno de los más grandes e importantes en la provincia contra los genocidas. En 4 años de debate hubo más de 581 testigos. Se juzgó por 716 víctimas, la mayoría pasaron por La Perla, uno de los centros clandestinos más grandes del país, donde estuvieron detenidos más de 2000 compañeros.
Jueves 25 de agosto de 2016 00:00
El juicio es fruto de la lucha inclaudicable de los organismos de derechos humanos y la izquierda. Su importancia aumenta en momentos en que Macri declara que hubo una guerra sucia, cuando el mismo fiscal de la causa, Facundo Trotta, resaltó la existencia de un plan sistemático de exterminio que contó con la complicidad de civiles y de la Iglesia.
El 70 % de las víctimas eran obreros y Córdoba era considerada una zona “caliente” por la extendida organización gremial y política derivada del Cordobazo. Se sabe que personal de inteligencia se infiltraba en las fábricas y de la existencia de croquis y fotos de las casas de las víctimas.
En este juicio, además, se investiga la apropiación del nieto (aún no encontrado) de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo de la provincia.
A los delitos de desaparición forzada, torturas, asesinatos y privaciones de libertad, también se suman secuestros previos al golpe de Estado. Todos ellos fueron juzgados de manera aislada y no como parte de un plan genocida.
Muchas víctimas, pocos represores
Sólo 43 represores son juzgados por crímenes contra 716 personas. Trece de ellos están con prisión domiciliaria, mientras que nueve esperaron el juicio en libertad.
Tan solo por La Perla pasaron más de 2.000 compañeros, pero en esta megacausa no se investigaron los casos de sobrevivientes que fueron trasladados a la cárcel del barrio San Martín. Allí el hacinamiento y tortura eran terribles y muchos de ellos fueron asesinados en los traslados.
Genocidio de clase
Tampoco se juzga a todos los represores que participaron, con sus cómplices empresarios y eclesiásticos. Deberían estar acusados y condenarlos por lo que hicieron: un genocidio de clase.
Hay que abrir los archivos del Estado. Quienes cuestionan si los desaparecidos eran 30.000 o 9.000 tienen en sus manos esos archivos; que los abran y sabremos qué hicieron con todas las víctimas y quienes fueron los responsables.
Escándalo a dos días del juicio
Este lunes se conoció, mediante una denuncia periodística, que un funcionario de la Provincia integró el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención D2, entre 1976 y 1984. Es Raúl Ramírez, actual fiscal de instrucción del fuero de lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Cosquín.
El fiscal Ramírez debe ser separado de manera inmediata de sus funciones por haber sido parte del aparato represivo durante la dictadura. Laura Vilches realizará en la Legislatura una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento para solicitar su destitución.
El único sector que no acompañó la designación de Ramírez en la Legislatura fue el FIT. Unión por Córdoba, el PRO, la UCR, el vecinalismo y el kirchnerismo lo avalaron. Que Ramírez esté en un despacho de fiscal, y no en el banquillo de los acusados, muestra la verdadera cara del gobernador Schiaretti.
El PTS está presente por los 30.000 compañeros y por los que retomamos esas banderas hoy. Es necesario movilizarnos para exigir cárcel común a todos los genocidas. No permitiremos que se retroceda con los juicios y los intentos de mayor impunidad que intenta el gobierno de Macri.
