La iniciativa contó con el apoyo del conjunto del oficialismo, salvo la UCR y el Frente de Izquierda, aunque por motivos diametralmente opuestos.
Viernes 20 de diciembre de 2019 22:45
En la segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante se aprobó, en primera lectura, aceptar que el municipio de la capital se haga cargo del servicio de agua potable, que antes estaba en manos de la provincia.
El interés central de la transferencia esta explicado en esta nota y es parte del apuntalamiento total que está haciendo el gobernador Schiaretti, en estos primeros días de gobierno, sobre el intendente Llaryora. La iniciativa contó con el apoyo del conjunto del oficialismo, salvo la UCR y el Frente de Izquierda, aunque por motivos diametralmente opuestos.
El Frente de Izquierda denunció a través de la concejala Laura Vilches que se mantenía sin modificaciones el contrato con Aguas Cordobesas, empresa perteneciente al Grupo Roggio, cuyo ex presidente dio detallada cuenta de cómo funcionaba el mecanismo de las coimas en la obra pública. También hizo un racconto de varios de los casos más emblemáticos de los últimos años que pusieron en riesgo a la población de la ciudad como el desborde del canal Los Molinos Córdoba sobre un basural de residuos patógenos, o la proliferación de algas en el dique San Roque que abastece a la capital.
En los hechos, se mantiene una posición totalmente favorable a la empresa que se dedica a cobrar por el servicio mientras el Estado es responsable de poner el producto (agua “cruda”) así como de realizar las obras para que llegue al conjunto de la población.
Vilches anunció que presentaría un proyecto de ordenanza similar al presentado en agosto de 2018 en la legislatura provincial, donde directamente se anula el contrato con la empresa y se pone bajo control de los trabajadores y los usuarios populares el servicio del agua, ya que se considera que el agua es un derecho inalienable y no puede ser un negocio que en este caso implica a uno de los principales grupos de la provincia.
El concejal Juan Pablo Quinteros, a pesar de apoyar el proyecto oficialista, dio un detallado informe sobre los aumentos de tarifas y los cuadros tarifarios inequitativos a los que accedió la empresa y los años en que la misma no pagó el canon correspondiente por el uso del agua. Dejó claro que mientras para la población trabajadora el acceso al agua potable se convertía en una carga, la empresa concesionaria realizaba pingües ganancias.
