El discurso de seguridad del gobernador De La Sota legitima la saturación policial de los barrios pobres de la ciudad, a la vez que sólo reconoce como humanos y por lo tanto con derechos a "la gente de bien".
Jueves 21 de mayo de 2015
En el mediodía de ayer el gobernador De La Sota lanzó el Programa “Córdoba Más Segura”, en lo que a todas luces es una avanzada represiva sobre las barriadas populares cordobesas. Dicho programa incrementará en 1800 el número de los efectivos policiales, además de 130 móviles nuevos y de 1200 cámaras de “seguridad”. Esta es la respuesta que De la Sota ensaya ante el Hábeas Corpus colectivo contra las razzias policiales que, el juez de Control Gustavo Reinaldi admitió, tras la presentación del abogado Hugo Seleme luego de los “Operativos Saturación” realizados hace 20 días. Estos operativos dejaron un saldo de más de 1000 detenidos, entre ellos más de 100 menores de edad sobre los cuales no se notificó a los juzgados de menores.
En plena carrera electoral como presidenciable, De La Sota quiere mostrar una Córdoba “segura”, profundizando la persecución y el hostigamiento que día a día viven miles de jóvenes pobres, siendo detenidos con el inconstitucional Código de Faltas por “portación de rostro” o solamente por andar en moto. En la provincia en la que arrecian los casos de Gatillo Fácil, el gobernador lanzó, con estilo marquetinero, la "Policía de Pacificación" que actuará en zonas rojas y, según informan en la página del Gobierno provincial, tendrá el apoyo de 15 comisarías móviles dotadas de vehículos, personal y nuevas tecnologías, que se complementará con el trabajo de las 24 comisarías existentes". Las zonas rojas son, por supuesto, las barriadas pobres, los guetos urbanos.
Esta política represiva, claramente violatoria de los Derechos Humanos que rige en la provincia, es enfrentada con masivas movilizaciones, como la Marcha de la Gorra, la organización de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, con pedidos de interpelación desde la banca del Frente de Izquierda al Jefe de Policía César Suarez y al ministro de Seguridad. Ayer, la justicia se pronunció sosteniendo que hubo un exceso en la aplicación del Código de Faltas y dispuso que no se pueden detener a personas por no llevar DNI o arrestar a pibes sin dar aviso a los juzgados de menores.
Tanto De La Sota como el jefe de Policía Suárez, endurecen el discurso, reivindican su accionar y proponen más operativos. "Defendemos los derechos Humanos de la gente de bien”, declaró el gobernador en la presentación del nuevo programa. Es evidente que la "gente de bien" a la que se refiere son los grandes empresarios como Bugliotti o Petrone que impunemente hacen negocios millonarios a costa de la sangre y explotación de miles de jóvenes obreros en Córdoba. A estos empresarios no los persigue ninguna patrulla especial.
En defensa de la "gente de bien" el gobernador le da más poder a la fuerza policial. Los intereses de los empresarios y poderosos son los que sostienen esta política que ubica a Córdoba entre los más altos índices de jóvenes muertos por las balas policiales.
Laura Vilches, legisladora del PTS en el FIT señaló, "es evidente que el aumento de efectivos policiales en las calles sólo significa mayor inseguridad para los jóvenes trabajadores y pobres que viven en los barrios más humildes de la ciudad. La juventud pobre paga con su libertad, perdiendo sus trabajos ya de por sí precarios, e inclusive con la propia vida. En defensa de los derechos de los jóvenes, trabajadores y de los sectores más pobres seguiremos luchando en la legislatura y en las calles, por la derogación del Código de Faltas y por justicia por los casos de gatillo fácil.”
