Luego de varias reuniones con los rectores de la provincia, el gobierno oficializó la reforma que habilita cierre de carreras e Institutos. Crece el rechazo en la comunidad educativa.
Martes 24 de abril de 2018 19:13
El gobernador Alfredo Cornejo vuelve a la carga contra la educación pública. Otra vez lo hace por decreto, imponiendo una reforma en educación superior que apunta directamente contra las y los miles de estudiantes de la provincia que se encuentran transitando la formación docente.
Se trata del decreto N°530 publicado hoy en el Boletín Oficial, que reglamenta la conformación del gobierno institucional en los establecimientos oficiales de gestión estatal y privada del nivel superior de la provincia, derogando automáticamente el decreto anterior.
Allí el gobierno se refiere a la Coordinación General de Educación Superior (CGES), espacio creado también por decreto y encabezado por Emma Cunietti, que reemplaza a la anterior Dirección de Educación Superior.
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Según el decreto N°530, esta Coordinación responderá directamente al Director General de Escuelas, actualmente Jaime Correas, quien elegirá los miembros que la conformen y estará compuesta por “un Consejo Consultivo, de carácter técnico, integrado por tres representantes del Consejo Provincial de Rectores, uno por la Formación Docente, otro por la Formación Tecnológica, y otro por los Institutos de Gestión Privada; un representante de cada una de las Direcciones de línea del sistema obligatorio de enseñanza, un representante de los alumnos del Nivel Superior y un representante del Consejo General de Educación.”
Aunque aún resta saber quienes serán los funcionarios que acompañen a Cunietti, el gobierno si dejó claro que la CEGS tendrá numerosas atribuciones pudiendo definir, por ejemplo, la continuidad de carreras o incluso de Institutos de Educación Superior.
Tal como figura en los Anexos al decreto firmado por Cornejo, será función de esta Coordinación, “elaborar criterios que justifiquen la necesidad de prestar servicio educativo de Nivel Superior en una zona territorial determinada, mediante la apertura de sede o anexo del establecimiento educativo (…) Revisar y disponer la pertinencia y necesidad de la continuidad del servicio educativo de nivel superior que se presta en las sedes o anexos existentes a la fecha del presente decreto, con atribuciones para proceder a su reorganización y continuidad justificada en el criterio de necesidad de la oferta educativa en la zona territorial en la cual se establece la sede o anexo”.
La Coordinación dirigida por Cunietti se encargará también de controlar que cada jurisdicción determine anualmente qué carreras son consideradas prioritarias según “las necesidades de desarrollo de las economías regionales”, regulando también las ofertas de educación a distancia.
Además, la CEGS será la encargada de dictaminar los planes, perfiles e incumbencias de los docentes de Nivel Superior, disponiendo de fondos nacionales para garantizar todas estas funciones.
A este paquete de reformas se suman otras modificaciones que sientan un grave precedente para actuales y futuros trabajadores de la educación.
Por un lado, la facultad que se atribuye a los Rectores de disponer sanciones sin necesidad de intervención de la Junta de Disciplina, definición que es una amenaza contra quienes piensen distinto o intenten ser críticos del sistema educativo. Recordemos el caso testigo en la provincia de la docente Paola Vignoni, inhabilitada por el gobierno luego de criticar el Operativo Aprender.
Por otro lado, el decreto determina que serán los Consejos Directivos de los Institutos de Educación Superior (IES) quienes garantizarán “el normal funcionamiento de los Centros de Estudiantes" y aprobarán "su plan de actividades anuales”, lo que constituye un claro ataque a la autonomía de las organizaciones propias del movimiento estudiantil.
El gobierno avanza con esta nueva política en educación superior haciendo oídos sordos a las demandas de miles de estudiantes. Sin ir más lejos, el último mensaje fue hace menos de una semana con el contundente fracaso en el operativo de evaluación que debía hacerse a los ingresantes de los IES y fue rechazado por la enorme mayoría de los estudiantes de la provincia.
Las modificaciones actuales también vienen siendo rechazadas por estudiantes y docentes que hace meses reclaman instancias de debate público, para discutir en todos los Institutos de la provincia cuáles son los verdaderos cambios que hacen falta en educación superior. Sin embargo, el gobierno prefirió darle la espalda a este reclamo y reducir la discusión al ámbito privado, haciendo parte solo a un puñado de funcionarios y a los diferentes rectores de la provincia.
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Como puede verse, la reforma planteada en el decreto N°530 constituye un avasallamiento al derecho a la educación de miles de estudiantes, la mayoría hijos e hijas de trabajadores, de toda la provincia. Cómo ya se ha demostrado, será con la fuerza de los estudiantes junto a los docentes y sus sindicatos, y con el apoyo de toda la comunidad educativa, que se podrá enfrentar este ataque a la educación pública. Porque, aunque los decretos y el gobernador digan lo contrario, la educación no es un servicio, es un derecho.
