El fortalecimiento del discurso represivo en el país está alcanzando niveles inauditos, con una derecha hablando de “correr balas” o disparar a matar en las fronteras, las policías se envalentonan y el gobierno junto a la oposición negocian ampliar las facultades represivas del Estado. De conjunto, este tipo de medidas siempre terminan perjudicando a los trabajadores y sectores populares.
Miércoles 17 de abril
“Correr bala” es una frase que comienza a escucharse con cierta naturalidad en paneles de debate político, radios e incluso medios escritos. ¿El contexto? El aumento de la inseguridad en el país ha abierto una puerta que difícilmente se podrá cerrar, sobre todo si siguen instalándose discursos reaccionarios que reivindican la política de Bukele en El Salvador o la propuesta, que ha sido apoyada incluso por referentes del Frente Amplio, de utilizar a las fuerzas armadas en funciones de orden público y el combate al crimen organizado.
Ambas ideas toman fuerza en que el control del crimen organizado vendrá del fortalecimiento de las policías, la presencia militar “combatir bala con bala”, sin importar si esta escala con cada nuevo juguete que comiencen a manejar las policias. Experiencia comparada de esto hay de sobra en casos como el de México, Colombia o Ecuador, hay que ver que ocurrirá en Argentina y la situación en la provincia de Rosario.
Pero a este debate subyace una idea mucho más peligrosa y es el constante pedido de una “inmunidad punitiva” contra los agentes del Estado que se vean envuelto en la violación a derechos constitucionales mínimos de las personas, en el ejercicio de sus responsabilidades. Es decir, una suerte de Ley Nain-Retamal 2.0, que faculte a las policías a disparar primero y preguntar después.
Este tipo de doctrina es algo que ya existe en el mundo y que ha traído consecuencias catastróficas en sectores específicos de la población. Veamos mayor ejemplo de esto: EEUU.
Según fuentes del The Washington Post, en 2022 más de 1000 civiles fueron asesinados por policías, de este número 600 estaban armados, el resto poseía alguna otra clase de arma (cuchillo, arma de juguete o desconocido) o estaba directamente desarmado. A este elevado número de asesinatos se suman las decenas de miles que han recibido un disparo no letal o de armas no letales.
Las reglas que se enseñan en las academias norteamericanas, explican que la única forma de “neutralizar” a un posible atacante es un certero disparo al pecho, lo que aumenta la posibilidad de que el sujeto termine muerto o gravemente herido y por lo tanto que sea neutralizado el peligro (Shoot to Stop) explican los instructores de las academias de policías.
Pero si se analiza fríamente la situación, existen decenas de registros donde la policía dispara a civiles sin mediar previa provocación, explica Lisa Holder (experta en leyes de defensa criminal y responsabilidad policial de la UCLA) "Según la ley federal, la policía puede usar la fuerza letal incluso teniendo medios menos letales a su alcance", por lo que para un agente es mucho más fácil disparar con fuerza letal, sabiendo que la ley lo ampara.
Según un amplio reportaje de la BBC, una de las mayores fuentes de impunidad que se generan en EEUU en casos de violencia policial, es que las investigaciones está a cargo de las propias policías o de fiscales que son cercanos a las policías, lo que amplía las chances de salir libres de cualquier imputación ya que las investigaciones parten sesgadas.
Racismo y xenofobia en la mira
Esta impunidad garantizada para las policías, tiene como gran afectado las comunidades marginadas de los EEUU. En un país donde amplias franjas de la población negra e inmigrante sufre del racismo y la xenofobia internalizada en las fuerzas policiales, ha llevado a asociaciones de médicos (la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Estadounidense de Salud Pública) a identificar la violencia policial como un “problema de salud pública” y que "da como resultado muertes, lesiones, traumas y estrés que afectan desproporcionadamente a las poblaciones marginadas”.
De hecho la propia CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) fijó para el año 2018 que un total de 85mil personas había sufrido heridas producto de la intervención violenta de agentes policiales, la abrumadora mayoria de ellos fueron negros.
Por otro lado, el estudio "Muertes por uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden" determinó que la sexta causa de muerte entre varones de 25 y 29 años es una confrontación violenta con la policía.
Pero las autoras Sarah DeGue, Katherine A. Fowler y Cynthia Calkins, las dos primeras de la División de Prevención de Violencia de los CDC, hacen notar que los afroestadounidenses tienen 2,5 más probabilidades de ser víctimas de la policía u otras fuerzas del orden.
Chile y la violencia policial
Desde que se aprobó la infame Ley Nain-Retamal, cinco personas han sido asesinadas por policías que han sido beneficiados por esta ley. Los casos de Maximiliano Rodríguez, David Toro, Tomás Pérez, Maritza Pizarro y Nehomar Terán son los nombres de victimas que difícilmente tendrán justicia gracias al blindaje que el gobierno de Boric les entregó a quienes les quitaron la vida.
Pero a diferencia de otras ocasiones, la Ley Nain Retamal, ha actuado como paragua contra agentes del Estado imputados por causas de la revuelta del 2019, siendo beneficiados en las rebajas de condenas o medidas cautelares.
Ponemos estos ejemplos porque son casos que podrían multiplicarse si se le habilita la facultad a las policías para “correr bala”, si se les entrega la facultad para disparar (a matar) primero y preguntar después, como lo hicieron un grupo de PDI el 10 de marzo cuando por error, un padre e hijo recibieron más de 20 impactos de bala en la comuna de Colina, luego de una persecución en la que los agentes se “equivocaron” de sospechosos. El resultado: un adulto mayor de 68 años con una herida en su rostro.
El caso de la PDI hoy puede resultar anecdótico, pero dentro de las policías (Carabineros y la PDI) prima un reconocido sesgo clasista con la juventud de los sectores populares, algo que rápidamente podría transformarse en un problema al estilo norteamericano o las víctimas del gatillo fácil de Argentina. Con la creciente ola antiinmigrante, el próximo objetivo, sin duda serán los extranjeros.
Corrupción y un posible brazo armado desde el Estado
No se puede negar que las policías poseen algún grado de complicidad en varias redes de crimen organizado, los casos de Carabineros detenidos por pertenecer a bandas criminales no es novedad, así como los constantes casos de corrupción interna.
Por eso mismo es preocupante que se pretenda dar carta libre para que las policias puedan matar impunemente. El hecho de que tengan inmunidad para disparar, se transformaría en una eficiente forma para la delincuencia de obtener sicarios gratis, con armas y sueldos entregados por el propio Estado, sólo tendrían que pagar un bono por aquí o por allá.
Bandas podrían fácilmente reclutar policías para liquidar a la competencia sin mayores problemas. Estos casos existen en países donde se ha declarado la “guerra al narcotráfico” como México o Colombia. Incluso altos mandos hacen las veces de “doble agente” como el caso de Iván Reyes Arzate jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, el área dedicada a combatir al crimen organizado en estrecha colaboración con los agentes de la DEA, mientras se reunía con altos jerarcas del Cártel de Sinaloa.
Ya existen casos de policías implicados en bandas dedicadas al robo de madera en el sur, en asaltos a camiones en el norte, en casos de secuestros y extorsión, incluso en venta de armas. Nada quita que mañana podrían engrosar la lista de “soldados” del crimen organizado.
Atacar el crimen organizado implican medidas de fondo contra el negocio
Acabar con el crimen organizado no es una tarea fácil, los lazos profundos entre el Estado capitalista, los negocios privados legales e ilegales, son un entramado de mutua conveniencia.
Mientras en cada ronda policial se decomisan pequeñas cantidades de droga, por los puertos privados, administrados por Von Appen o Dubai Ports World, se mueven toneladas de drogas al año sin que esta sea controlada, hacerlo podría atentar contra el negocio.
Lo mismo ocurre con la vigilancia y el acoso policial, las poblaciones periféricas son estigmatizadas por la pobreza y la precariedad, son territorio fertil para la delincuencia, jóvenes sin futuro son entregados a los brazos de bandas que buscan pistoleros a los que pagar con algunos pesos.
Mientras los jefes del negocio viven en el barrio alto, en las comunas “ricas”, ocultos bajo la impunidad que dan los pares. Esos ingenieros, empresarios y banqueros que ayudan a lavar plata no con barberias o tiendas de carcasas de teléfono, sino con millonarias cuentas en el extranjero (las famosas offshore), con empresas fachadas que facilitan la venta de facturas falsas, o son compradas para evadir impuestos y así facilitar el blanqueo.
Solo una política radicalmente anticapitalista podrá poner luz sobre la complicidad entre capital, narcotráfico y crimen organizado.
