MURCIA – CORRUPCIÓN. Corrupción a medida para el Régimen del 78

Desde el estallido de la crisis uno de los aspectos que más ha evidenciado la crisis del régimen de partidos del 78, ha sido la corrupción. Un aspecto que además cada día encuentra más gasolina para avivar las llamas, y no podría ser de otra manera, pues la corrupción es una realidad que convive en la gran mayoría de los sistemas políticos burgueses.

En Murcia se está escribiendo el primer capítulo de un debate que no tardará en saltar al plano estatal. En el marco de la renuncia del “popular” Antonio Sánchez, imputado en el caso Auditorio, el partido de Mariano Rajoy depende ahora de la formación naranja par que Fernando López Miras, también miembro del PP, sea investido presidente de Murcia.

En estas negociaciones ambas formaciones han puesto sobre la mesa pretensiones que, por el momento, parecen no encontrar punto de encuentro, si bien tanto Partido Popular como C’s entienden que es cuestión de tiempo encontrar el encaje correcto.
Ciudadanos se mantiene firme en solicitar el fin de los aforamientos en Murcia. El secretario General de la formación naranja en Murcia, José Manuel Villegas, ha asegurado que defienden “la eliminación de los aforamientos porque es un privilegio político que no puede existir”.

No obstante la formación naranja cae en contradicción cuando en Andalucía gobierna con político imputados por la corrupción en el caso de los ERE’s.

Por su parte el Partido Popular busca en esta negociación algunos retoques jurídicos que le incomodan, más cuando se es un partido con la sede embargada por corrupción. En palabras de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, el partido de Mariano Rajoy busca ligar la demanda de C’s (respecto a los aforamientos) a la eliminación de la figura jurídica de “acusación popular”. Se evitaría así que partidos políticos, sindicatos y asociaciones se personen como acusación en los juicios. Algo a lo que se niega Ciudadanos.

Señala Hernando que “hemos visto en muchas ocasiones, no solo en el ámbito político, que lo único que se busca con una demanda es obtener la imputación de un cargo público para desprestigiarle a través de los tribunales. Son procedimientos que luego quedan en nada y dañan la inocencia del acusado”.

Toda una desfachatez por parte del Partido Popular que cuenta con una red de encausados por corrupción que recorre todo el Estado español.

No obstante, este debate que ahora se circunscribe a Murcia, inevitablemente saltará a la “palestra” estatal. La Asamblea de Murcia puede dictar la eliminación de los aforamientos con una reforma estatutaria, pero luego ésta debería ser refrendada por el Congreso y el Senado. Del mismo modo, la petición de los “populares” excede las competencias de la asamblea autonómica y requiere de una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.

En lo único que parecen acordar los dos es en el rechazo frontal a que este debate, en un ámbito estatal, posibilite un cuestionamiento mayor de la Carta Magna, algo que sí pide Podemos, tal y como señalaba el propio Villegas y advertía Hernando.
En definitiva, la discusión se centra en añadir o matizar aspectos que más convengan a cada cuál sus necesidades, para en última instancia seguir beneficiándose de la corrupción que este sistema facilita.

Una reforma más que parcial

Murcia expresa tan solo el último caso público de corrupción, pero ésta forma parte del ADN del sistema capitalista, y su gestión o erradicación sin acabar con el sistema de conjunto, es poco menos que una quimera.

No se trata de revertir ciertos vicios, o mala gestiones. Los cargos políticos no tienen suficiente con los altos sueldos, las dietas, su situación privilegiada, sino que usan la corrupción como “de más” que perciben por gobernar para los grandes propietarios y capitalistas. La famosa cita de Marx señalaba que "el gobierno del Estado no es más que la junta que administra los negocios comunes de la clase burguesa", y como tal debe, desde su lógica, "cobrar" por ello.

La corrupción es una pieza de esa relación, en la que los funcionarios especulan y gastan el dinero público en suculentos negocios privados para su propio beneficio.
Esta relación de "favores" define a la corrupción como una característica sistemática de los gobiernos burgueses.

Para enfrentarla no basta con reformas menores de la Constitución que se centren en "atacar" algún aspecto aislado. Los aforamientos, aumentar el tiempo que debe transcurrir entre ocupar un cargo público y un puesto de administración en una empresa privada, la incompatibilidad entre ejercer un cargo público y otro en una empresa privada, etcétera.

La mayoría de estas medidas, incluso después de haber sido aprobadas por leyes, son saltadas continuamente por los cargos públicos. Ellos generan su legalidad, y por lo tanto, sus atajos y escapatorias, siendo los primeros en romperla. Solo hace falta mirar los altos cargos de Telefónica, Endesa...

Exigir que cada funcionario y cargo público (parlamentarios, alcaldes, jueces, notarios, fiscales, comisarios de policía...) cobren como un profesor o un trabajador medio es un demanda que golpea radicalmente al carácter de casta privilegiada del aparato del Estado y desde una perspectiva de clase.

Levantar esa demanda es señalar que existe un grupo de cargos públicos y de funcionarios que viven rodeados de lujos y privilegios, siempre a costa de gobernar para los capitalistas, mientras exigen a la clase trabajadora y los sectores populares "apretarse el cinturón" y descargan sobre nuestras espaldas la crisis. Por no hablar a los millones que con sus reformas laborales o con sus racistas leyes, condenan a la pobreza.

Erradicar los privilegios de los cargos públicos y de todos los sectores del Estado mediante estas acciones, sumadas a la revocación de los cargos, al control democrático de los delegados por parte de las asambleas, etcétera, son acciones que buscan, no reformar, sino erradicar, el corrupto sistema político burgués. La única solución real.