Frente al proyecto del gobierno rumano de despenalizar los actos de corrupción “leves” (menos de 44.000 euros), el clamor en la calle ha arrancado con fuerza con movilizaciones masivas en todo el país.
Martes 7 de febrero de 2017
Foto: EFE/EPA/ROBERT GHEMENT
Pero es desde la semana pasada, cuando el gobierno de coalición dirigido por la socialdemocracia decidió imponerse, que hemos asistido a las manifestaciones más importantes desde la caída de Nicolae Ceaucescu. Este domingo el gobierno, bajo la presión de la calle, derogó finalmente el decreto. Una primera victoria de la calle sin duda.
Sin embargo, a pesar de la derogación, las manifestaciones más masivas desde el inicio de las protestas tuvieron lugar en la noche del domingo. En todo el país se estima que marcharon entre 500.000 y 600.000 personas, siendo 300.000 en la capital, Bucarest, ocupando las calles aledañas al Parlamento.
Para muchos manifestantes se trata de seguir movilizándose mientras el gobierno siga dejando claros sus planes, para que no trate de hacer efectiva esta escandalosa medida por otras vías. De hecho, el Partido Socialdemócrata y sus aliados en el gobierno poseen una cómoda mayoría en el Parlamento y podrían aprobar las “leyes de impunidad” por vías “convencionales”.
Así, como afirmábamos en un artículo de 2015 sobre el retorno de las movilizaciones sociales en Europa Central y del Este: “Lo que habitualmente denominamos ‘Estado de Derecho’ es completamente fallido en estos países. No sólo los trabajadores, sino las masas en general, no pueden confiar en las instituciones (Justicia, Parlamento) que están completamente supeditadas a los gobiernos y oligarquías. La complicidad que existe entre la Justicia y las grandes fortunas locales y empresas multinacionales se presenta de forma totalmente abierta, sin ningún escrúpulo.
Esta situación representa un problema incluso para los capitalistas, teniendo en cuenta que la corrupción y la ausencia de toda independencia, aunque sea en las formas, entre las instituciones estatales, los gobiernos y las clases dominantes locales, ha creado las bases para posibles crisis de legitimidad del Estado.
Esto podría desarrollarse no sólo mediante la protesta obrera, sino también con la participación de las clases medias, incluyendo a elementos de las capas más privilegiadas. No es casual que las ONG, las fundaciones y los dirigentes imperialistas insistan en la importancia de reforzar ‘el Estado de Derecho’ y la lucha contra la corrupción en este país.”
El retroceso del gobierno rumano frente a la movilización de masas es una señal para que las clases populares y los trabajadores en Rumanía se envalentonen, incluso si aún falta camino para poner fin al parasitismo de los políticos burgueses. Sin embargo, este ejemplo podría tener consecuencias mayores, teniendo en cuenta que la corrupción es un fenómeno extendido e inherente al capitalismo a través de los lazos existentes entre el poder político y las clases dominantes.
