Imputado el expresidente de la Comunidad de Madrid y citado como testigo el presidente Rajoy en el caso del financiamiento ilegal del PP. Todo el sistema está podrido.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Viernes 21 de abril de 2017
Nuevamente se ponen en el centro de la escena los casos de corrupción. Vienen saliendo a la luz en un constante contínuum en toda la geografía del Estado. El presidente de Murcia, los EREs en Andalucía, la corrupción en Valencia, y un sinfín de “mega causas”. Finalmente, por más que la fiscalía de Estado y el gobierno lo trataron de evitar una y otra vez, Rajoy fue convocado, como testigo, por el financiamiento ilegal del PP, la famosa caja B. No es una manzana, es todo el cajón.
En estos días han detenido a quien fuera presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, junto a once personas más, por la Operación Lezo. Hay más de 20 imputados en este caso, entre ellos el mediático director de La Razón, Francisco Marhuenda. González está acusado de la desviación de más de 23 millones de euros, procedentes de la empresa Canal de Isabel II en beneficio personal y concediendo contratos a grandes empresas. Será juzgado por delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros. Esto tan solo sería la punta del hilo de ésta trama. Se cree que las cantidades sustraídas a las arcas públicas son superiores a las del Caso Púnica. Lo cual da una idea de magnitudes estratosféricas.
Pero esto no es lo único. Una “magistrada amiga” avisó a Ignacio González que le estaban investigando y grabando las conversaciones. Lo cual demuestra el tipo de “imparcialidad” que tiene la justicia. Como si esto fuera poco, un alto cargo del Gobierno de Rajoy alertó a González que sería detenido hace dos meses. Esta es la “división” de poderes y el estado de derecho de la que se jacta el gobierno. Pero no acaba aquí. Ante la investigación a la cual estaba siendo sometido, un ministro prometió cambiar al fiscal de la investigación para que ésta quede en nada. Todas las instituciones se cubren entre sí.
Este caso es otro más de los que golpean a la lideresa del PP Esperanza Aguirre. Anteriormente, otro número dos de la dirigente, Francisco Granados, fue juzgado y se encuentra ahora en la cárcel. Aguirre se mostraba sorprendida porque le salió “rana” según sus palabras. Pero, parece que no es la única rana. Aguirre ha convertido Madrid en una enorme charca de ranas que se enriquecían de las arcas públicas.
También han detenido al empresario Javier López Madrid de OHL (yerno del presidente de esa compañía) por el pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González. Este pago habría sido para obtener la obra del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero. También está implicado en el Caso Púnica, condenado por las tarjetas Black y relacionado con pagos irregulares al PP madrileño. Se da el caso que López es el “Compi Yogui” de la Reina Letizia.
Sin embargo, no es la única empresa implicada en esta operación, ni el único empresario afectado. También Ildefonso de Miguel, quien fuera puesto al frente de Canal de Isabel II por González y luego formara empresas para beneficiarse de dinero público. También registraron la sede de Indra por pagos realizados para conseguir una adjudicación pública.
La charca abarca todo el Régimen del 78
Sin embargo, la corrupción sistemática no está circunscripta a los límites territoriales de la Comunidad madrileña. En Valencia hace meses se demostró el desfalco monumental con la finada Rita Barberá, Camps, Fabra, etc. En Andalucía se está investigando el saqueo de millones de euros con los falsos EREs en favor del PSOE. Catalunya es la tierra del 3% con el Clan Pujol y la familia del PDECat. El atlas de la corrupción es una enorme charca de ranas que abarca todo el Estado.
No hay institución que esté libre de éste entramado, no hay empresarios (sobre todo los que se benefician del BOE) que no hayan participado del mismo. Esta trama se llama “Régimen del 78”. No es una mafia que se enquistó, no son unas manzanas podridas que se aprovechan de los recovecos. Es todo el tinglado que montaron con la transición democrática. Durante aquel período había una discusión entre Ruptura y Pacto. Lo que prevaleció fue el acuerdo, el pacto entre el búnker franquista y los dirigentes del PSOE y el PCE. Ese pacto garantizó que el Jefe de Estado (el Rey), las fuerzas represivas, el poder judicial y, sobre todo, las familias que dominan el país (y el BOE), pasen intactas al nuevo sistema “democrático”. Ese menjunje de búnker e izquierda formó un nuevo ente completamente deforme que se llamó “democracia”. Abrió la mano para que participen las burguesías vasca y catalana. Y es así que la charca del franquismo se transformó en la charca del 78. Cambió el nombre, pero no los apellidos de estirpe.
Asamblea Constituyente y movilización obrera
La corrupción es inherente a este sistema. Las instituciones están preparadas para ello. Los “dirigentes políticos” obran como conseguidores de obras públicas. Y, por supuesto cobran por ello. Los dirigentes del PP y el PSOE durante cuatro décadas se han encargado de ello. Al igual que Convergència y el PNV. Han conquistado puestos en el aparato del estado en base a demagogia y los han vendido en base a la connivencia con los grandes empresarios.
Los conseguidores cenan, comen, vacacionan con las 100 familias que mandan en España. Viven como ellos, aunque no son de la misma alcurnia. Son quienes se encargaron de diseñar las instituciones, quienes mantuvieron al Rey, la judicatura, las fuerzas represivas. Son quienes impusieron la Constitución del 78, la negación de las naciones y quienes votan las leyes como la Ley Mordaza.
Para hacer volar los candados del 78, hay que acabar con la casta de los conseguidores, la Constitución, la Monarquía y todas las reaccionarias instituciones que durante la Transición impusieron.
Hay que imponer unas Asambleas Constituyentes en las cuales se permita la autodeterminación de los pueblos, se reordene la representación con una sola cámara que sea legislativa y ejecutiva, mediante el voto en jurisdicción única, se acabe con los jueces franquistas y puedan ser elegidos por el voto directo, que los cargos electos cobren como un obrero cualificado, y que comience a resolver los graves problemas sociales comenzando con el reparto de horas de trabajo entre todos y con un salario digno, el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y empresas estratégicas bajo control de los trabajadores, entre otras.
Unas Asambleas de este tipo, de ninguna manera serán convocadas por el PP y el PSOE (o Ciudadanos), ni por este mismo régimen del 78. Solo mediante la organización y lucha de los trabajadores y el pueblo podremos conseguirlas para acabar con el Régimen del 78 y decidir realmente cómo resolver todos los problemas sociales, en la lucha por un gobierno de los trabajadores.
