Con el anuncio de la ASF sobre desvío de fondos por más de $74.2 millones en el Programa Nacional de inglés (PRONI), se reabre el debate sobre la corrupción estatal y con qué estrategia los trabajadores debemos enfrentar la precariedad laboral y las consecuencias de la “austeridad republicana”.
Miércoles 18 de noviembre de 2020
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó el pasado 30 de octubre la primera revisión de la Cuenta Pública 2019, que señala una serie de irregularidades en la operación del PRONI, las cuales están relacionadas con el manejo de estos recursos y la forma en la que se trasladaron del Gobierno Federal a más de 14 entidades, sobre los cuales la Subsecretaría de Educación Básica tendrá que rendir su informe.
De los 800 millones que recibió el programa para el pasado ejercicio fiscal, este desfalco representa el 9.2% del total. Esta condición presupuestaria muestra algo más: el monto de dinero utilizado para las funciones del programa es bastante precario considerando la cantidad de profesores inscritos como “Asesores Externos Especializados (AEE)”, figura usada para desconocerlos como docentes.
En redes sociales, las y los “AEE” denuncian constantemente las arbitrariedades del gobierno y sobre todo la falta de pagos. Hay testimonios que denuncian la falta de pagos por más de 5 meses, la carencia de prestaciones laborales, el fallecimiento de familiares y la imposibilidad de atenderlos -o de atenderse- en el Seguro Social.
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¿Qué hace falta para lograr nuestras demandas?
En la historia reciente de las luchas que ha dado la clase trabajadora se ha mostrado, por un lado, la negativa del gobierno a sentarse a dialogar con sectores y a atender sus reivindicaciones. Pero, por otro lado, sostiene “diálogos eternos” con otros sectores, utilizando maniobras de distinto tipo para contener el descontento que generan las medidas de austeridad y de precarización laboral que viene imponiendo, no sólo en el magisterio.
En el sector educativo podemos poner el ejemplo de las y los normalistas de Michoacán, quienes durante meses han estado solicitando diálogos y encuentros con los gobiernos estatal y federal, ante lo cual no han recibido más que represión como respuesta. Sin embargo, otros sectores de docentes como las y los compañeros de la CNTE o lxs colegas de PRONI, han mantenido “mesas de negociación” e inclusive diálogos con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma.
Las y los trabajadores tenemos el derecho a ser escuchados y a que se resuelvan nuestras demandas. Desde la Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase —con nuestras modestas fuerzas— acompañamos el justo reclamo de basificación para lxs teachers, pero también para lxs normalistas de Michoacán que están luchando; denunciamos la actuación represiva y negligente de los gobiernos locales y federal hacia los sectores que demandan el respeto a los derechos laborales que como clase hemos ganado en distintos momentos.
Al mismo tiempo, consideramos necesario reabrir el debate entre trabajadores y trabajadoras de la educación sobre cuál es la vía para lograr que se cumplan cabalmente estas reivindicaciones, partiendo del hecho de que estamos frente a un gobierno que busca mantener el ajuste para el próximo año y mantiene a quienes estamos disconformes en “mesas” donde buscan “jinetearnos” los derechos que deberíamos de tener y contener el descontento generado por estas políticas.
La lucha contra la precariedad y por plenos derechos laborales es sin duda una de las más legítimas y acuciantes necesidades de la clase trabajadora que padece las consecuencias del neoliberalismo. Esta pandemia aceleró esas condiciones y ha permitido que los gobiernos mantengan sus políticas y descarguen esta crisis sobre las y los trabajadores. Quienes ahora somos conscientes de la necesidad de luchar tenemos que discutir qué política impulsamos para poder vencer.
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Las y los docentes de la Agrupación Nuestra Clase hemos dado cuenta de esta justa lucha, partiendo de que es legítima la demanda de diálogo y resolución; pero también vemos cómo el gobierno intenta contener este descontento con la promesa de diálogos y “soluciones” que poco responden a las necesidades reales de los miles de docentes precarios. Por eso, vemos necesario que cada una de estas peleas vayan enfocadas a construir la más amplia unidad entre los trabajadores de la educación y con otros sectores obreros y populares, desconfiando y denunciando las maniobras del gobierno y de las instituciones, confiando solo en la fuerza de la movilización para imponer todas y cada una de nuestras demandas.
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