En los últimos meses, se han desarrollado en Guatemala y Honduras importantes movilizaciones ante escándalos de corrupción. La pregunta al aire que han hecho algunos medios de relevancia internacional es: ¿puede esta situación, contagiar a El Salvador?
Martes 7 de julio de 2015
La corrupción y desfalco público ha sido parte de las denuncias sociales que han marcado el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
La actual situación es sin duda foco de atención para figuras como Joe Biden, actual vicepresidente de Estados Unidos que, a inicios del año en curso señaló la importancia de atender los problemas sociales del triángulo norte centroamericano -Guatemala, Honduras y El Salvador- por ser objetivo de una importante inversión de capital desde finales de la Guerra Fría.
Tan sólo en 2014, la Corporación Reto Milenio (MCC) dio a conocer una inversión de 277 millones de dólares como una muestra del avance con el gobierno salvadoreño, cuya validación es sometida y se centra principalmente en índices relacionados con la medición de control de corrupción y eficacia gubernamental.
En las últimas semanas, un tema que sin duda ha causado revuelo en términos legislativos, más allá de que dicha iniciativa se encuentre ahora ’estancada’, fue la aprobación ’fast track’ de endeudamiento por900 millones de dólares, en donde paralelamente la Suprema Corte de Justicia se ventilaba el uso inconstitucional de diputados suplentes en la Asamblea Legislativa para decidir mediante voto, la aprobación de decretos de relevancia en dicho órgano del Estado, lo cual “pone en la cuerda floja a 84 políticos y funcionarios públicos”, según una nota publicada en el diario La Pagina.
Impunidad: el sello en los casos de corrupción
A la luz de las protestas centroamericanas que se han registrado, el actual gobierno salvadoreño también puede verse cuestionado por escándalos de corrupción. Tal fue el caso, cuando se exhortó al gobierno a detallar los gastos excesivos de viajes del ex presidente Funes y del millonario Francisco Flores, ex presidente de la Asamblea Legislativa.
En el caso de este último y aún ejerciendo funciones, se investigó en una comisión especial el destino de 10 millones de dólares donados por el gobierno de China, cuya cantidad estaba supuestamente destinada para proyectos de mitigación de áreas de alto riesgo y combate a la pobreza, sin un informe final claro. Teniendo este antecedente no resulta una coincidencia que el nombre de Francisco Flores aparezca nuevamente.
Y es que en los últimos días, su ya entorpecida gestión se ha visto de nueva cuenta empañada, cuando se ordenó la apertura a juicio a 9 altos ex funcionarios por corrupción entre los que destaca el nombre del ex ministro de economía Miguel Lacayo, bajo el delito de peculado (apropiación de fondos públicos) cuyo caso involucró a la empresa italiana Enel Green Power S.p.A. y a la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), conocido como ’el caso CEL-ENEL’ determinando el embargo por mil millones de dólares. La importancia del caso radica en el tipo de política que dicho ente ha utilizado durante largos años en la búsqueda y consolidación de convenios con socios empresariales para la producción geotérmica de dicho país.
El malabarismo legalista que caracterizó el caso CEL-ENEL llevó a la defensa de los procesados a solicitar una ’audiencia especial’ con la Fiscalía General de la República (FGR) que finalmente resolvió modificar la tipificación del delito por peculado culposo argumentando que la firma del contrato con la empresa Enel se había basado en la Ley General de Electricidad, cuyo arreglo para la compra de acciones y transacciones se consideran legales.
La libertad de los ex funcionarios procesados sigue preocupando y señalando la actuación de la FGR que en distintos casos por corrupción ha destacado por favorecer a importantes funcionarios, pidiendo disminución y/o suspensión de penas a imputados, así como reducción en las responsabilidades civiles.
Junio de cifras históricas
El rechazo de la opinión pública no sólo marcó el proceso de discusión entre las principales fuerzas legislativas representadas en la Asamblea Lesgislativa, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el actual gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), por los casos de corrupción.
A esta situación se suman las alarmantes cifras de asesinatos en todo el país, que según el informe rendido la semana pasada por el Instituto de Medicina Legal (IML) dejó tan solo en el pasado mes de junio 677 homicidios, duplicando la cifra de enero a junio en relación a años anteriores, donde el 17% lo ocupan jóvenes de entre 19 y 24 años de edad.
El director de dicho instituto, Miguel Fortín Magaña, ha señalado que dicho porcentaje relaciona los homicidios con miembros de estructuras criminales, aunque se reportan también casos de niños mayores de 5 años.
Más allá de la imagen que pretende dar el actual gobierno, sobre el “aparente estado de tranquilidad y confort” en ciertas zonas o municipios, la realidad es que el control territorial sigue estando en manos de las pandillas y grupos criminales, que a pesar de las treguas y pactos -no formales- con el gobierno han desatado una ola de asesinatos.
El plan de seguridad del actual gobierno salvadoreño, junto con el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (constituido por representantes de las iglesias, el gobierno y empresas privadas), empieza a perfilar algunas opciones entre las que destacan el aumento de batallones anti delincuencia de la Fuerza Armada, buscando fortalecer los operativos de los actuales cuerpos de seguridad.
A pesar de que el mensaje del actual régimen parece estar a la ofensiva de los procesos que se expresan en el conjunto del istmo centroamericano, el pueblo salvadoreño ha dado muestras de descontento social, que se acumulan a la serie de problemáticas sobre las condiciones estructurales. Los reclamos y denuncias sindicales, por sobrecarga laboral, procesos de sindicalización, desvíos de recursos y
problemáticas administrativas, parecen estar a la orden del día por lo que en distintos gremios, entre los que se encuentra principalmente el sector salud, son sin duda un elemento de importancia para rebasar el actual clima de inseguridad, que tanto a los grupos criminales como al gobierno benefician.
