Culminó la presidencia de Hilda Kogan, quien fue elogiada por la gobernadora Vidal. Previo a la rotación, los miembros del Poder Judicial reclamaron nuevamente la autarquía presupuestaria.
Domingo 22 de abril de 2018 00:00
El miércoles pasado abandonó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires Hilda Kogan. Debido al sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución provincial y los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien ocupará este año el cargo de presidente es el ex secretario de seguridad del gobierno de Duhalde, Eduardo Julio Pettigiani.
Ese mismo día se realizó un paro de los trabajadores judiciales con una concentración en el Palacio de Justicia, exigiendo la apertura de paritarias y expresando un fuerte repudio a la pasada presidencia.
En ese marco, la Corte provincial presentó una resolución que insiste en que se otorgue la autarquía presupuestaria del Poder Judicial, como sucede a nivel nacional. Amparándose en la división de poderes, dicho planteo se centra fundamentalmente en dos cuestiones. Por un lado, el aumento de la partida presupuestaria con la que actualmente cuenta, llegando al 7% respecto del presupuesto general. Y por otro, la autonomía para decidir sobre los destinos de esa partida, ya que al día de hoy, la misma no solo es del 4,7% sino que ademas es el Poder Ejecutivo quien decide en qué se va a utilizar ese dinero.
Se trata de un reclamo histórico de los magistrados provinciales, y por el cual ya se presentaron varios proyectos de ley anteriormente que perdieron estado parlamentario.
Es de destacarse que, en dicha resolución, no se ataca el proyecto de reforma judicial que impulsa actualmente el oficialismo. Lejos de eso, lo menciona en el marco de una integralidad que debe complementarse con la autarquía reclamada, como parte de un paquete que en su conjunto colaboraría en el verdadero "acceso a la Justicia". Pero, ¿qué hay detrás de dicha reforma y de la pretendida autarquía?
Reforma con más privilegios
El mensaje de la Corte al Gobierno no es más que una maniobra para afianzar su juego propio. Sabemos que se trata de una casta que goza de grandes privilegios, pero que además busca aumentarlos con la mencionada autonomía presupuestaria. Es un poder que muchas veces actúa en las disputas existentes entre distintos actores políticos mediante causas, carpetazos y fallos persecutorios . A su vez, mantiene la desigualdad social creciente y propia del sistema capitalista que sin corrupción no funcionaría.
Los ministros de la Corte provincial , además de llevarse mas de 200 mil pesos por mes, en comparación con el magro salario de un ingresante que no alcanza a superar lo necesario para no ser pobre, están exentos de pagar impuesto a las ganancias, entre otros beneficios. Muchos de ellos tienen patrimonios millonarios y una vida alejada de los padecimientos de la sociedad.
Son pilares de una justicia de clase. De la clase capitalista, que subyuga a la mayoría de trabajadores empobrecidos, mediante la aplicación de leyes que defienden la propiedad privada. Es una institución clave para el dominio capitalista, sirviendo a los distintos gobiernos en sus políticas de ajuste. Un ejemplo reciente fue la aprobación de los tarifazos que castigan a la mayoría de la población, o el otorgamiento de cárcel domiciliaria o el llamado "2x1" a los genocidas de la última dictadura cívico militar, que fueran condenados a prisión perpetua.
Por eso, nada podemos esperar de la reclamada independencia presupuestaria o de reformas parciales como la que impulsa el Gobierno, que no afectan esa estructura de conjunto.
Un cuestionamiento profundo al Poder Judicial debe partir de planteos concretos que ataquen privilegios establecidos, como la elección directa de los jueces y la exigencia de que estos cobren como un obrero calificado, con cargos revocables por decisión popular.
La movilización del conjunto de los trabajadores, tanto judiciales como del resto de los sectores afectados, es crucial para terminar con esta "justicia" de clase. Movilización cuya perspectiva debería ser la de un gobierno de trabajadores, única manera de terminar con este tipo de privilegios.
Julián Rodriguez
Trabajador judicial en La Marrón Clasista @JuYu666julianyu
