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Red Internacional
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Milicogate. Corte Marcial deja en libertad a tres ex uniformados procesados: suman $6.500 millones en investigación por malversación

Tres ex altos mandos del Ejercito, procesados por el caso Milicogate, fueron puestos en libertad bajo fianza por la Corte Marcial, revocando la libertad preventiva que la investigación que los tienes procesados les había dado en primer momento. Los tres ex militares son investigados por malversación por un total 6.500 millones de pesos, que es apenas una arista de todo el caso milicogate.

Jueves 31 de marzo de 2022

Tres ex altos oficiales encargados de las finanzas del Ejercito, que hoy se encuentran en retiro e investigados por la arista del Milicogate llamada "Gastos Reservados", fueron dejados en libertad bajo fianza por decisión de la Corte Marcial, luego de que esta ultima les hubiera puesto una prisión preventiva mientras durase la investigación.

Los tres ex miembros del Ejercito, que están acusados por malversación de fondos en distintos montos entre los años 2006 y 2010, son el general (r) Cristián Le Dantec Gallardo que se le investiga por malversar 4 mil millones de pesos, a Francisco Pizarro Barrios, exjefe de finanzas del Ejercito, por 700 millones de pesos, y finalmente al exdirector de finanzas del Ejército, Sergio Gómez Bannura por 1.800 millones de pesos.

Esta arista de "Gastos Reservados" es solo una parte y un "pequeño" monto del total del dinero que se investiga en todo el milicogate, donde se investigan más de 40 aristas. Según el periodista Mauricio Weibel, el que destapo todo este robo, junto con el pacogate, el monto malversado alcanza fácilmente lo 50 mil millones de pesos. [1]

La libertad bajo fianza de esto ex militares suceden también en un momento de desconfianza donde se cuestiona el rol de las prisiones preventivas, que hoy tienen a varios presos políticos de la revuelta en condiciones infrahumanas, dañados físicamente, mientras a militares y ex alcaldes como Karen Rojo que se acaba de fugar a Europa, condenada por corrupción, se les deja en libertad, o con prisiones preventivas en cárceles de lujo, o cautelares como arresto domiciliario en sus casas del barrio alto.

Una prueba de como funciona la justicia para quienes protestan o para los pobres, mientras para los funcionarios armados del Estado el mejor cuidado y trato, al nivel que les dan las facilidades para ni siquiera pagar sus condenadas.