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Red Internacional
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Derechos Humanos. Corte Suprema condena a ex agentes de la dictadura por secuestro calificado

La Corte Sumprema condenó a 33 ex agentes por su responsabilidad en el secuestro de los últimos 5 detenidos desaparecidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Miércoles 22 de marzo de 2017

Durante este miércoles, el ministro de Justicia, Mario Carroza, reveló que 20 de los 33 ex agentes condenados por secuestro calificado durante la dictadura, serán trasladados a módulos especiales en Colina 1.

Los detenidos pertenecían a la Central Nacional de Inteligencia (CNI) y al Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que fueron condenados por la Sala Penal del máximo tribunal del país por los últimos casos de violación de Derechos Humanos registrados durante el régimen militar.

Las máximas penas fueron para el exjefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, y al exdirector del organismo, Hugo Salas Wenzel, quienes deberán cumplir 15 años de presidio.

En tanto, la sentencia se registra a otros 21 exagentes con penas de 10 años de cárcel para cada uno por secuestro calificado, 9 a cinco años y un día de presidio y un exuniformado a tres años y un día como cómplice.

Los casos corresponden a los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, ocurridos a partir del 1 de septiembre de 1987.

Los cinco detenidos desaparecieron tras un operativo conjunto entre la CNI, el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército, y su restos arrojados al mar en las costa de Quintay.

Sin embargo, aún la gran mayoría de asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros y vejaciones, están en la total impunidad. Los pocos casos condenados en cárceles de lujo, y los procesados, la mayoría en libertad. Cientos aún trabajan en instituciones armadas.

Hay que seguir movilizados por juicio y castigo a todos los genocidas, cárcel común y perpetua por sus crímenes contra el pueblo trabajador, y la apertura de todos los documentos de la dictadura a las organizaciones de derechos humanos para ser investigados por comisiones independientes.