Este caso evidencia la profunda mezquindad de las AFP. Un sulento negocio a costa del dinero recaudado con la vida y esfuerzo de miles de abuelas y abuelos.
Viernes 19 de junio de 2020
Uno de los pilares del régimen chileno que más se encuentra cuestionado por el conjunto de la población es el negocio mantenido por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Es dentro de este profundo rechazo y cuestionamiento, que en la ciudad de Antofagasta, la Corte de Apelaciones falló a favor de María Ojeda, profesora jubilada, quien se encuentra buscando retirar sus fondos, a lo que la AFP Cuprum se ha negado rotundamente.
Sobre esto, la docente afirmó que: “Es importante lo que está pasando. Es una buena noticia. De alguna manera esperábamos que esto fuera positivo cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta nos pidió más información respecto a mi deuda y a la pérdida de los fondos previsionales. Porque en este periodo de 2020, la gente ha perdido aproximadamente entre 2 y 10 millones de pesos”.
El caso ha hecho eco a nivel nacional, pues se trata de una inquietud que presenta la amplia mayoría –por no decir todas- las familias que se encuentran viviendo en Chile, sobre todo en un año en donde los fondos de pensiones han presentado pérdidas que van desde los 2 millones hasta los 10 millones de pesos, tal y como refleja la profesora.
El negocio de las AFP vs las pensiones de hambre del pueblo
Y no podría ser de otra forma, pues se trata de un sistema amparado por la ley, que permite a las empresas que se confisque obligatoriamente gran parte de los sueldos de las y los trabajadores, para posteriormente invertir en sus empresas, en acciones y negocios internacionales con dineros del pueblo trabajador, mientras que las pensiones recibidas por las y los adultos mayores hay que buscarlas con microscopios para poder verlas.
Es en base a esto que para el 2019 las ganancias de las AFP subieron un 60%, es decir, a una cifra estratosférica de US$649 millones, lo que en pesos chilenos sería aproximadamente 530. 233 millones de pesos. ¿Y cuánto fue el promedio de pensiones para el 2019? El promedio de la pensión total fue de $290.070 en hombres y de $176.856 en mujeres. Sin embargo, se debe considerar que entre el 2018 y el 2019, el promedio de pensiones es de $245.952 para hombres y $79.403 para mujeres, indicando una brecha enorme del 67,7% entre hombres y mujeres.
Se trata de un robo y de un saqueo a los bolsillos de las familias y el pueblo trabajador –amparado por la Constitución de 1980-, con sumas que alcanzan casi el 80% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el 80% de todo lo producido en un año por el país.
Son montos que sólo van a parar a los bolsillos de empresarios que buscan hacerse aún más ricos, aún en medio de una pandemia que tiene a más de un millón de desempleados, y más de 600 familias suspendidas de sus contratos y sus sueldos, cuando estos fondos podrían utilizarse para otorgar pensiones dignas de $500 mil a cada jubilada y jubilado, nacionalizando estos fondos. Y no pueden decir que plata no hay, cuando tienen 530.233 millones de pesos sólo en utilidades para el 2019. Esta debe ser una garantía mínima para asegurar una vejez digna para todas las abuelas y abuelos del país, que han dejado sus vidas en el trabajo.
Sin embargo, esta situación no termina aquí, pues muchos de ellos se encuentran completamente amarrados a las deudas con los bancos –uno de los principales profesionales del robo en el país-, pagando con sus mínimas pensiones deudas enormes promovidas por la estafa de los créditos hipotecarios, pagando por décadas una casa que sigue estando bajo la propiedad de los bancos. Por ellas y ellos todas estas deudas debiesen dejar de ser pagadas y ser completamente condonadas. No se puede permitir más saqueo a los bolsillos de los abuelos del país.
Hay que echar abajo todo el negocio de las AFP
Las y los jubilados tienen todo su derecho a retirar sus fondos si así lo desean. Han dado su vida completa para esos fondos, y no puede ser que las AFP y los bancos se los nieguen para sus chequeras y cuentas bancarias. Es por esta razón que se debe atacar directamente al negocio de las AFP, mediante un plan de movilización por cada rincón del país, acompañado de un paro nacional convocado por las centrales sindicales –como la CUT- y organismos de trabajadores –como la coordinadora NO+AFP, las asambleas territoriales y los diversos Comités que se han levantado a nivel nacional, como el Comité de Emergencia y Resguardo en Antofagasta, el Comité de Salud y Seguridad en el Hospital Barros Luco de Santiago, entre otros-, así como los principales organismos del movimiento estudiantil –como la Confech, la ACES, y la CONES-. No pueden seguir existiendo las Administradoras de Fondos de Pobreza. ¡La vejez no puede ser un negocio!
Las AFP son un pilar del régimen neoliberal chileno, heredado de la dictadura cívico-militar, y que la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha han mantenido a su conveniencia. Se requiere de un gran plan de movilización y paro nacional para echarlas abajo, y conquistar un sistema de pensiones estatal, tripartido, solidario y gestionado por trabajadores/as, jubilados/as y profesionales a disposición del pueblo. Más aún en tiempos de pandemia y crisis económica, en donde el pueblo se enfrenta al hambre, el desempleo y el riesgo de contagio de COVID-19.
