Seis prefectos fueron pasados a disponibilidad por su accionar en la fiesta Time Warp. Nuevo ejemplo de cómo el narcotráfico es amparado y hasta organizado por las “fuerzas de seguridad”.
Cecilia Rodríguez @cecilia.laura.r
Jueves 21 de abril de 2016
Fotografía: DyN
No se puede tapar el sol con la mano. A pesar de la catarata de declaraciones por parte de funcionarios del gobierno macrista responsabilizando a los jóvenes o a sus padres del fatal desenlace de la fiesta en Costa Salguero, la causa judicial ya tiene en la mira a los empresarios, funcionarios públicos y prefectos. Seis miembros de la Prefectura Naval fueron pasados a disponibilidad por haber ocultado durante más de 48 h una bolsa con estupefacientes. La misma fue entregada a Prefectura por la seguridad privada de la fiesta.
"Había un tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que hicieron la vista gorda para que la fiesta continuara”, aseguró el fiscal Federico Delgado
Te puede interesar: Time Warp: la causa judicial apunta a Prefectura, empresarios y funcionarios públicos
Son las fuerzas represivas, estúpido
El asunto no es novedad. En la última década, Argentina sufrió una transformación profunda: pasó de ser un país de tránsito de la cocaína y otros estupefacientes, a ser un país donde se produce para su exportación a Europa. De hecho, el boom narco en Rosario se explica fundamentalmente por el fácil acceso a varios de los puertos agroexportadores que más volúmenes manejan a nivel mundial. Todos ellos en manos privadas, sin ningún tipo de control serio por parte del Estado.
Pero el boom no es solo rosarino. El negocio floreció además en Jujuy y Salta, ya que desde Bolivia ingresa la pasta base que luego se elabora en cientos de cocinas clandestinas. También en Córdoba, lugar de tránsito obligado para llegar a los puertos exportadores. Desde hace mucho más tiempo el negocio existe en provincia de Buenos Aires.
A la par que se desarrolló este crecimiento surgieron, como hongos después de la lluvia, los escándalos “narco-policiales”. Los más resonantes acontecieron en las provincias de Córdoba y Santa Fe.
En Córdoba toda la cúpula del área Drogas Peligrosas de la Policía provincial fue removida. El escándalo llegó a provocar la renuncia del ministro de Seguridad y el jefe policial, y hasta arrancó declaraciones al gobernador De la Sota. En ese marco, el oficial principal Juan Alós, investigado por vínculos narcos, apareció muerto de un tiro en su auto. Mientras la familia sostiene que fue asesinado, desde la misma fuerza y la justicia se habla de suicidio.
En Santa Fe fue condenado por complicidad con el narcotráfico el Jefe Policial Hugo Tognoli. Desde su caída en desgracia, hace 5 años, ya se removió 5 veces a las cúpulas de la policía provincial sin que nada cambie.
Pero lo cierto es que, con solo googlear las noticias de policías detenidos por narcotráfico, se puede observar que se trata de un asunto con alcance nacional, no privativo de los distritos nombrados.
En todo país del mundo donde el narcotráfico es un gran negocio -en particular los países productores- las fuerzas de seguridad están implicadas, lo organizan y amparan. Basta ver los casos trágicos de México y Colombia.
En Argentina, esto tiene una particularidad: aquí, no existen los grandes carteles sino bandas de mediano tamaño que suelen durar pocos años y caer en desgracia sin que el negocio del narcotráfico se vea afectado. Esto sucedió, por ejemplo, en Rosario, donde los integrantes de la banda Los Monos están en su mayoría presos y su infraestructura fue desarticulada. Pero, hace solo unos meses, se encontró allí un gigantesco cargamento de cocaína impregnado en arroz para exportación.
No existe en el país ningún gran barón como Pablo Escobar o el “Chapo” Guzmán sino, más bien, decenas y decenas de comisarios y oficiales de las diferentes fuerzas provinciales y nacionales que tienen la capacidad logística para cobrarle a todos los actores del tráfico, manejar los precios y la distribución del producto, controlar las fronteras, reintegrar al mercado negro droga incautada, armar a las bandas del narcomenudeo, someter a los jóvenes en los barrios para trabajar en los bunkers y eliminar materialmente a testigos problemáticos, con solo plantar un arma y decir que hubo un enfrentamiento. Pareciera que el único gran cartel de drogas en nuestro país son las propias fuerzas represivas.
El otro eslabón, infaltable, de la cadena, es el lavado de dinero, garantizado por los grandes negocios capitalistas y sus empresas “offshore”.
La política del gobierno: echar más leña al fuego
La política del macrismo consiste en hacer demagogia contra el narcotráfico, utilizando los “valientes” operativos en las villas miseria contra el narcomenudeo como una pantalla de humo, mientras se fortalece a los organizadores del negocio: las fuerzas de “seguridad”. En esto, aunque tiene matices por supuesto, comparte lo fundamental de muchas de las políticas del anterior gobierno. No es casualidad que, en la campaña electoral pasada, en este tema no hubiera diferencias sustanciales entre Scioli y Macri.
Ahora, ya en el gobierno, el macrismo avanza en el mismo camino. Con la Ley de Derribo y la declaración por decreto de la Emergencia de Seguridad Pública, incrementa el poder de fuego de las mismas fuerzas represivas. Le otorga potestad a las Fuerzas Armadas para derribar aviones e intermediar en cuestiones de “seguridad interior”, es decir, poder actuar contra los trabajadores y la población en general.
Te puede interesar: Ley de derribo: el narcotráfico como excusa para ampliar el aparato represivo
Además de habilitar aumentos presupuestarios para las diferentes fuerzas nacionales –mientras se ajusta y despide a los trabajadores estatales acusándolos de “ñoquis”, el macrismo promueve una ridícula propaganda “securitaria”, como lo muestra este posteo del Ministerio de Seguridad sobre el “Grupo Alacrán”, un cuerpo de elite de la Gendarmería, supuestamente dedicado al combate del narcotráfico.
Dos políticas opuestas
El conjunto del arco político que responde a los intereses de los capitalistas mantuvo políticas similares sobre la cuestión del tráfico de drogas. La última campaña electoral lo mostró, cuando quedó en evidencia la similitud en los programas y propuestas de Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli.
De fondo la única “solución” que proponen apunta a fortalecer la influencia y el poder de las fuerzas represivas. Como se ha señalado más arriba, eso, lejos de combatir el narcotráfico, lo sostiene y perpetúa, por el rol de las fuerzas policiales.
Cualquier política seria para limitar el poder de los grandes narcotraficantes pasa, en primer lugar, por una agenda que contemple la legalización de todas las drogas, como se plantea desde la izquierda. Así se atacaría el poder de quienes comercian a gran escala, al amparo del mismo poder estatal que demoniza el consumo mientras lo ampara en las sombras.
Esto, a su vez, debe ser parte de una política estatal que permita información fidedigna y accesible a toda la población sobre el uso de diversas sustancias, sus consecuencias y las mejores formas de realizar dicho consumo.
El debate sobre el uso de sustancias, el consumo problemático y el narcotráfico atraviesa a grandes franjas de la sociedad. Se trata de una discusión más que necesaria.
Ver también: Time Warp: las drogas en debate
Los casos de complicidad narco-policial más resonantes de 2015
28/04: Un cabo de policía es detenido en Salta con 74 paquetes de cocaína
06/05: Con 182 kilos de marihuana, son detenidos un policía y un militar en Santa Rosa de La Pampa
11/06: Un efectivo de la comisaría de José León Suárez es acusado de vender protección a narcos que operaban en jurisdicción de esa seccional.
25/09: Cinco policías bonaerenses fueron detenidos por la justicia federal de San Martín. Estaban vinculados a una banda de narcotraficantes que operaba en la villa La Cárcova, en José León Suárez. Entre los detenidos figura un comisario mayor
9/09: Tres gendarmes son detenidos en Río Cuarto con tres kilos de cocaína.
30/09: Dos policías son detenidos en Gualeguaychú por protección a bandas dedicadas al narcomenudeo.
15/10: El comisario santafesino Carlos Smith es detenido. Está acusado de formar parte de la banda liderada por Walter Jure, responsable del famoso caso del “narcoarroz”.
22/10: Detienen a 6 policías por vender droga y asaltar un banco en el Gran Rosario. Además, en un allanamiento a una subcomisaria por el mismo caso narco encontraron detenida de forma ilegal a una chica de 13 años.
9/11: Un policía de Salta es detenido luego de que fueran incautados 310 kilos de cocaína en la ruta 9, a la altura de la localidad cordobesa de Sinsacate
13/12: Un policía de Santa Fe es detenido con 32 kilos de cocaína
22/12: Un cabo de la policía rionegrina es detenido con cocaína en su vivienda.
Cecilia Rodríguez
Militante del PTS-Frente de Izquierda. Escritora y parte del staff de La Izquierda Diario desde su fundación. Es autora de la novela "El triángulo" (El salmón, 2018) y de Los cuentos de la abuela loba (Hexágono, 2020)
