Un estudio de Subpesca revela impactantes datos sobre el estado de las pesqueras chilenas a casi 6 años de la implementación de la cuestionada Ley de Pesca.
Jueves 31 de mayo de 2018
La Ley de pesca aprobada en diciembre del año 2012, ley impulsada por el Ministro de Economía, Pablo Longueira, en el Primer Gobierno de Sebastián Piñera y votada ampliamente por la entonces Concertación, venía -supuestamente- a poner énfasis en la conservación y sustentabilidad en los procesos de extracción, sin embargo hoy pasados 6 años desde su implementación, el informe de este año (2018) de Subpesca (Subsecretaría de Pesca) entrega datos que demuestran que esta política no vino más que a fortalecer la industria pesquera y sus empresarios y con ello el extractivismo capitalista devastando el medio ambiente.
Según dicho informe, llamado “Estado de situación de las principales pesquerías chilenas 2017”, donde se analiza el estado de explotación de 26 unidades pesqueras, solo una se encuentra subexplotada, ocho han alcanzado su completa explotación, siete son calificadas como sobreexplota
das y nueve se encuentran en estado de agotamiento además de una última unidad que no tiene un estado claro, es decir su estado de explotación es indeterminado.
Estos datos nos demuestran que más del 60% de las pesquerías chilenas se encuentran en estado de sobreexplotación lo que implica un problema importante si consideramos que las costas chilenas y sudafricanas son las que, porcentualmente, contribuyen en mayor medida a recursos asociados a la alimentación de la población mundial, ya que la industria pesquera no solo aporta productos marinos de consumo inmediato sino que es base de la industria cárnica y agrícola (harina de pescado y abono).
Para superar el problema de las sobreexplotación de los recursos naturales -como es el caso la pesquería- debe comprenderse, el mismo, como producto del extractivismo capitalista.
En este sentido la solución real para acabar con la sobreexplotación de la biodiversidad que habita las costas de chile, debe considerar la implementación de comités científicos que contemplen indicadores del estado de stock sí, pero sobre todo considerar las reales necesidades alimentarias sociales por sobre los intereses empresariales, ya que año a año se pierden miles de millones de toneladas de jurel y atún porque se extrae en exceso, llenando las arcas capitalistas y devastando la biodiversidad marina. Sin considerar de toda la materia biótica desechada producto de la pesca de arrastre, mecanismo de extracción de las grandes pesqueras que además están en manos internacionales.
Los pescadores artesanales, quienes abrieron importantes cuestionamientos sobre sustentabilidad y manejo de los recursos en el marco de las discusiones de la aprobación de la “Ley Longueira”, son quienes deben tomar el control de la industria pesquera y la extracción marina en base a necesidades sociales en contraposición a los intereses de los empresarios.
Tamara Carrera
Estudiante de Química y Farmacia, U. Chile
