El martes pasado, costureras y costureros de la Lista Roja participaron de la charla-debate “Más allá de la Precariedad”, donde contaron su experiencia de lucha y organización. La actividad parte de una agenda destinada a abrir espacios de discusión sobre el mundo del trabajo en la universidad.
Pablo Ghigliani UNLP - Conicet
Jueves 17 de noviembre de 2016
En abril del 2015, el incendio de un taller del Bajo Flores provocó la muerte de dos niños que vivían con su familia en el subsuelo del lugar en el que trabajaban en la ilegalidad y en condiciones deplorables. Por un breve y fugaz momento, la vida cotidiana de decenas de miles de trabajadoras y trabajadores que alimentan las ganancias de una cadena de valor en cuya cúspide se encuentran las grandes marcas de ropa, ocupó los medios de comunicación. Un momento tan breve y fugaz como la vida de los dos niños incinerados que convocaron a la morbosa y desmemoriada cobertura periodística de la tragedia. Ya en el 2006, cinco niños y una mujer embarazada habían muerto en el incendio del taller de la calle Luis Viale en el que vivían 64 personas, cerca de la mitad menores. Nadie había sido condenado aún por aquel episodio cuando la vieja casona del Bajo Flores ardió en llamas. Recién en junio del corriente año, un fallo en primera instancia sentenció a los encargados del taller a 13 años de prisión y ordenó, diez años después, investigar la posible responsabilidad de los propietarios del establecimiento y de las marcas allí confeccionadas.
La realidad es que los talleres mal llamados clandestinos (todos los vecinos los conocen y denuncian) y la cuasi-servidumbre de los miles de inmigrantes que allí trabajan forman parte de una industria fragmentada en la que la precariedad y la súper-explotación son la moneda corriente. En un extremo de la cadena, las marcas que concentran el diseño, la planificación, la publicidad y muchas veces también el corte; en medio, las fábricas que explotan trabajo registrado barato; y más allá, el trabajo no registrado y siempre a destajo de los más diversos talleres pero también el trabajo a domicilio y el auto-empleo que el bajo costo de las máquinas de coser pone a disposición de mujeres que suman así al trabajo impago con el que mantienen en pie el hogar, un trabajo (mal) remunerado. La tercerización es el hilo rojo que articula al conjunto.
Como expuso Paula Salgado, investigadora de la Universidad de Tres de Febrero, en su excelente síntesis de las características de la industria, la trayectoria típica de los costureros y costureras suele incluir el auto-empleo, el trabajo no registrado y el registrado; ello claro está, para los menos, las afortunadas (casi el 60 % son mujeres en la rama) y los afortunados que logran entrar a alguna de las fábricas formales del sector. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 2014, mientras el 66 % de los asalariados estaban registrados, en la confección ese número descendía al 43 %, y entre los migrantes a un bochornoso 9 %. Esto es clave para planchar los costos laborales en una actividad mano de obra intensiva como la de la confección: en el mismo año, los ingresos en el sector se ubicaban un 17 % por debajo del promedio, y el de los migrantes, un 34 %. Y para evaluar correctamente estos guarismos debe tenerse en cuenta que las estadísticas son solo una vaga referencia ya que no recogen, no pueden hacerlo dado el mar de ilegalidad e informalidad en que se desenvuelve la industria y que las autoridades públicas toleran, las situaciones más críticas: la reducción a la servidumbre y la trata de personas.
No es extraño entonces, que desde hace algunos meses, ante la pasividad y el colaboracionismo pro-patronal del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), ante la falta de respuesta de la obra social, de una magnitud tal que derivó en la muerte de una trabajadora a la que no se le proveyó de la válvula que necesitaba por una afección cardíaca, las costureras y costureros comenzaron, desde abajo, a organizarse en la Lista Roja. Su fuerza proviene de las grandes fábricas y del apoyo de los y las costureras bolivianas, peruanas, paraguayas, abrumadora mayoría en el sector, pero privados de ser candidatos en las listas electorales por el artículo 16 del estatuto del SOIVA.
La conducción del sindicato recurrió a las maniobras clásicas para evitar que la Lista Roja pudiera presentarse a los comicios: no cumplió ninguno de los tiempos que estipula la ley de Asociaciones Profesionales para su convocatoria, infló y ocultó padrones, recolectó avales mediante el engaño. La respuesta de la agrupación, entonces, combinó la legalidad y la movilización: denunció la situación en el Ministerio de Trabajo, marchó hasta sus puertas junto a 400 costureros y costureras, presentó una medida cautelar en la Justicia, y llamó a la abstención, que en algunas grandes fábricas alcanzó el 80%.
Este último jueves, alrededor de 300 costureros y costureras volvieron a movilizarse, esta vez a las puertas mismas del sindicato para exigir su democratización, solicitar explicaciones por la muerte de la compañera y reclamar el cese de las persecuciones a los activistas opositores. Fueron recibidos con las puertas cerradas, una patota y la policía.
Hasta el momento, el SOIVA ha reaccionado acusando de violentos a los movilizados, y corren rumores de que intentarían expulsar por inconducta sindical a los referentes opositores. Pero el creciente apoyo con que cuentan en las grandes fábricas pone esta amenaza entre signos de pregunta. No fue esta, sin embargo, la única reacción dela conducción gremial: también suspendieron la fiesta por el Día del Vestido programada para el 19 de noviembre, temerosos de encontrarse en minoría frente al gran número de costureros y costureras que prometieron asistir para hacer sentir su descontento. En esto hace bien el SOIVA, no hay motivos para festejar en la industria de la confección.
