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Red Internacional
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Covid 19: cuando un gobierno criminal se conjuga con la desidia patronal

Continua la crisis abierta en el sistema de salud público luego de que sea el gobierno con Mañalich a la cabeza quienes han reportado graves déficit de insumos para enfrentar la crisis sanitaria.

Domingo 12 de abril de 2020

Desde pérdidas de casi 1400 ventiladores mecánicos, la falta de test masivos y un control real de la situación, el gobierno solo se ha permitido este escenario para decretar un nuevo toque de queda en menos de 6 meses, leyes que protegen al empresariado y la normalización de la política del “sálvese quien pueda”, eso si con cuantiosos beneficios para los empleadores.

Consumiendo casi un 14,7% del PIB del país, Piñera ha otorgado grandes salvatajes a empresas, bajo el manto de “ayuda” a independientes y cuentapropistas. Sin embargo no se condice con la inversión del 0,09% del Producto Interno Bruto que el gobierno invirtió en salud. Algo totalmente irracional.

¿Test masivos para definir la separación de contagiados y sanos y evitar la propagación del virus? Ni hablar; ¿Hacer entrega de ayudas fiscales a los más necesitados asegurando un sueldo ante una crisis de envergadura mundial?, preferible salvar una economía que se viene con recesión, sin prohibir despidos y haciendo que los costos los paguen los trabajadores, claro, sin tocar ningún pesos de las cuantiosas ganancias de Luksic -por ejemplo- que hoy sostiene la mayor fortuna en chile: US$15.000 ($ 12.778.500.000.000 pesos chilenos)
Esto combinado con la desidia patronal, que ha sostenido la producción no esencial para sostener cuantiosas ganancias a costa de la salud de millones.
Por ejemplo en minería, se mantiene la producción, donde trabajadores de todas partes del país podrían repartir la enfermedad a sus familias al volver de sus hogares.

Escondida, mantiene la producción también y sostiene que perderá una dotación de por lo menos el 30% de los trabajadores, sosteniendo incluso un hospital improvisado en faena para que los mineros no se vayan a sus hogares. Definitivamente para los grandes empresarios las vidas de los trabajadores valen menos que sus ganancias.

Todo permitido e incentivado por el gobierno y su perpetuación de su política neoliberal que por 30 años -junto a la exNueva Mayoría- desmanteló la salud pública en favor de la privatización de un derecho fundamental.

Hoy la exNueva Mayoría, es un cómplice pasivo y junto a sectores del Frente Amplio han votado leyes propuestas por el gobierno, como la mal llamada “Ley de Protección al Empleo”, convirtiéndose así en la pata de apoyo para un Presidente que tuvo un 3% de aprobación. Otra irracionalidad.

Hoy la situación a nivel internacional no ha mejorado, y países como Perú y LatAm ya son víctimas de un grave déficit de insumos para afrontar la crisis, que entre otras cosas incluso se han dado casos de aduanas internacionales que ante la falta de ventiladores han decidido dejarla en el país de paso, estafando derechamente a quienes buscan adquirir la maquinaría para salvar vidas.

Pero esto es responsabilidad propia de los gobiernos que se han encargado de devaluar la salud convirtiéndola en un cuantioso negocio; negocio mismo que permite la especulación y monopolización de aquellos que hoy fabrican estos insumos.

A la fecha sólo han llegado 64 ventiladores de la compra realizada durante el mes de enero, cuestión que afirmó el Ministro de salud, Jaime Mañalich, el pasado 6 de abril con la denominada "guerra de ventiladores" a raíz de las incautaciones. Conflicto que solo pagarán las y los trabajadores y sus familias, con más muerte y pobreza.

Es urgente invertir las prioridades ante la necesidad mundial y nacional. Deben ser los empresarios quienes costeen esta crisis. Es necesario imponer un impuesto extraordinario del 20% a las 10 grandes fortunas para inyectar fondos para fortalecer el sistema sanitario, avanzando a combatir la falta de insumos y equipos médicos; necesitamos que la atención en los centros de salud sea completamente gratuita para al conjunto de la población y no pagar los test que son $25.000 en un marco donde buscan “suspendernos” sin goce de sueldo, siendo que es una prioridad de la salud pública.

También debemos buscar la reconversión de las industrias que puedan ser útiles para producir insumos médicos, esto bajo control de los trabajadores, de esa forma se puede usar toda la capacidad instalada y el trabajo de millones para sofocar la pandemia produciendo respiradores, camas, insumos, y todo lo que se pueda y sea necesario producir para combatir el virus. Todo esto bajo la garantía que los que fabrican son los mismos que lo necesitan para ellos y sus familias.

Necesitamos unificar el sistema de salud, privado y público, que centralice a ambos para poner toda la infraestructura en función de combatir la crisis, bajo gestión de sus trabajadores, los únicos que hoy han demostrado ser una verdadera alternativa ante la crisis desatada por el desmantelamiento total de la salud pública en el país.