Con la privatización de Teléfonos de México en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la gran beneficiada fue la familia Slim. Ahora, el gobierno quiere implementar la “separación funcional” de la empresa, y de nuevo los intereses de las mayorías son dejados de lado.
Viernes 31 de marzo de 2017
Desde hace 26 años Telmex ha servido como empresa estrella del conglomerado de telecomunicaciones de la familia Slim, quienes recibieron de manos del gobierno y a un precio de remate la infraestructura de telefonía más grande del país.
De los millonarios ingresos que esta compañía fue otorgándoles nació Telcel, América Móvil, Dish, Claro y Tracfone Wireless, entre otras compañías en más de 18 países. A pesar de que en la actualidad empresas como Telcel superan a Telmex en ingresos, ésta continúa siendo una fuente grande de ganancias y base importante de su negocio internacional.
Lejos de los slogans que intentan mostrar a un Slim preocupado en ayudar al país mediante el desarrollo de las telecomunicaciones, en llevar el servicio a los lugares más lejanos y necesitados del país y en ofrecer servicios con las mejores tecnologías del mundo, en la práctica demuestra lo contrario.
No sólo por el crecimiento exponencial de su fortuna personal en un periodo tan corto de tiempo, o por su baja inversión en Telmex en comparación con los altísimos ingresos que le ha dejado a lo largo de 27 años, sino por la discriminación que hace de sus clientes de acuerdo con perfiles socioeconómicos, dejando sus mejores tecnologías para los clientes que le pagan más y lo más obsoleto para las zonas urbanas y rurales de bajos ingresos.
Los y las telefonistas tenemos que oponernos en primer lugar a la “separación funcional” y al proyecto del IFT que pretende facilitar los negocios de transnacionales como AT&T, afectándonos como trabajadores, pero debemos impulsar un proyecto de telecomunicaciones superior al de los gobiernos neoliberales y al de Carlos Slim, que como hemos visto solo encubren el objetivo del lucro privado con discursos progresistas y altruistas.
Un proyecto que realmente repercuta en el incremento de la riqueza del país -en lugar de la fortuna de tal o cual multimillonario-, que garantice la extensión de los mejores servicios hacia los lugares más marginados, el sostenimiento de una gran cantidad de empleos estables y bien remunerados y de mantener tarifas accesibles para la mayoría de la población más pobre, solo puede venir de la renacionalización sin pago de Telmex.
Así se podría lograr que su propiedad regresara al conjunto del pueblo y a sus trabajadores, que sus gigantescas ganancias repercutan verdaderamente en la extensión y el mejoramiento del servicio –quitando las grandes fugas de capital que el patrón privado decide destinar hacia otros de sus negocios– y en ayudar a otros sectores públicos como Salud y Educación.
Pero la administración de una empresa con estas características y objetivos no puede estar a cargo de funcionarios del Estado ni de burócratas sindicales corruptos, responsables del saqueo de muchas empresas paraestatales desde los 80’s hasta la actualidad.
Sólo la base telefonista que día a día hace funcionar a Telmex conoce mejor que nadie la forma de operar esta empresa en todas sus áreas, organizada democráticamente en asambleas por departamentos y especialidades hasta órganos de decisión más colectivos, donde se discutan todos los problemas, se permitan todas las ideas y se voten todas las decisiones, podría garantizar una administración mil veces más transparente y racional en beneficio del pueblo pobre y trabajador, los grandes aliados de los trabajadores y las trabajadoras telefonistas. Por eso, la empresa renacionalizada debe estar bajo control de los trabajadores.
¡Renacionalización sin pago de Telmex bajo control de sus trabajadores!
