Casta política. Crece la participación de los partidos "de los 30 años" en el Gobierno de Boric

La vieja Concertación y la ex Nueva Mayoría siguen poblando los puestos económicos claves del Gobierno de Apruebo Dignidad, la coalición política del presidente Gabriel Boric.

A medida que se van zanjando los nombres que quedaban pendientes, crece el peso sobre todo de sectores cercanos al Partido Socialista y al ministro de Hacienda Mario Marcel. La designación de Marcel en Hacienda había sido la avanzada de este desembarco, ya que había sido una figura clave de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, en los que fue presidente del Banco Central.

Nuevas figuras de la vieja política

Uno de los puestos para los que venía sonando fuerte el PS y fue confirmado es el de la presidencia de Codelco, la Compañía nacional del cobre, que quedaría en manos del Partido Socialista, con Máximo Pacheco a su cargo. Esta designación ya venía siendo denunciada por los sindicatos de Codelco, y terminó siendo una realidad.

Los nombres que fue presentando el ministro Marcel para cubrir los puestos de dirección económica del Estado fueron aprobados por el Gobierno, la gran mayoría del Partido Socialista o "independientes" históricamente ligado a ellos.

Guillermo Muñoz, ex director de la red de transportes metropolitana Transantiago durante el segundo mandato de Bachelet, ahora será el nuevo presidente de Metro de Santiago. Jessica López, gerenta general de BancoEstado en ese mismo período ahora asumirá su presidencia. Y por si estos nombres pudieran colarse como "técnicos" del Estado, está el caso de la vicepresidencia de BancoEstado, que fue entregada a Daniel Hojman, quien fuera coordinador del programa de la campaña presidencial de Paula Narváez del PS.

Pero los heraldos de Mario Marcel no se acaban. Tamara Agnic, ex superintendenta de Pensiones, también durante el gobierno de la Nueva Mayoría, como los anteriores, llegará al directorio de BancoEstado. Un nombre criticado por el movimiento No+Afp, que en palabras de su vocero señaló: “No hay que perder de vista que ella, siendo superintendenta de Pensiones, generó un problema bastante grave a nuestro país cuando autorizó las fusiones que fueron denominadas truchas entre Argentum y Cumprum, Adquisition y Provida, que le significó una pérdida al erario nacional de más de 420 millones de dólares".

Una posición clave entre los grandes capitales y el Estado es la Comisión para el Mercado Financiero, que quedó en manos de otro nombre de Marcel, Solange Berstein, que el 2017 fue gerenta de la División Política Financiera del Banco Central cuando Marcel era presidente.

En el caso de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), donde no existe el rol de presidente, fue nombrado vicepresidente ejecutivo José Miguel Benavente, nombramiento celebrado por su homólogo durante el mandato de Piñera, Hernán Cheyre, y por importantes empresarios.

Otro cargo importante que quedó para el entorno de Marcel y el PS es la presidencia del consejo directivo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), para el que fue nombrada Paulina Soriano.

Para la dirección del Servicio de impuestos Internos (SII), fue nombrado Hernán Frigolett, ex Tesorero General de la República del segundo mandato de Bachelet.

Por último -pero no menos neoliberal- Jaime Pérez de Arce será ¡por cuarta vez! vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami). El nuevo-viejo funcionario de la entidad presidida por la ministra de Minería fue nombrado primera vez por Lagos y luego dos veces por Bachelet.

Una política que está desgastando al gobierno

El gobierno de Apruebo Dignidad continua apoyándose en los viejos partidos de "los 30 años" y amplia su rango de decisión en el gobierno, una ayuda para sostener su política de cambios sin tocar los intereses de los grandes empresarios. Esta política de reformas mantiene los pilares de la herencia de la dictadura, como el sistema privado de jubilaciones y pensiones (las AFP), la educación y salud privatizada, incluso los Carabineros.

El Gobierno de Boric se aleja cada vez más de las demandas populares, lo que explica el rápido agotamiento de la "luna de miel" con sus votantes y el crecimiento de desaprobación, que ya superó la aprobación.

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El refuerzo del Gobierno chileno con profesionales y técnicos formados por la vieja casta política que quiere que todo continúe igual, profundiza este alejamiento, a riesgo de que termine siendo capitalizado por la derecha y extrema derecha, que ya están intentando hacerlo las patronales camioneras, que vienen de impulsar un paro antimapuche y antiinmigrantes, o por el Partido Republicano de José Antonio Kast.

Un gobierno que le da señales a las grandes empresas

Con estos nombramientos, el Gobierno le vuelve a dar a seguridad a las grandes empresas, recalcando que no tocarán sus negocios, que esta crisis económica, los efectos de la pandemia y de la guerra, no la pagaran ellos.

Pero la crisis no se paga sola, la tiene que pagar alguien, y ya la están pagando las y los trabajadores, las mujeres, la juventud, el pueblo pobre, mientras una pequeña minoría sigue llenándose los bolsillos.

Hoy se hace más necesario que nunca un programa de emergencia que dé respuesta a las necesidades de las grandes mayorías obreras y populares.

Un programa que parta por la lucha por un salario mínimo y pensión mínima acorde a la canasta básica familiar, un IFE a los desocupados, que enfrente la inflación y la especulación empresarial con organismos de trabajadores y consumidores para el control de los precios, integrando un impuesto progresivo a las grandes fortunas y banqueros y un nuevo retiro de los fondos de pensiones (el quinto) sin letra chica.

La CUT, sindicatos y centrales sindicales, tienen planteado romper su subordinación al gobierno y luchar por este programa con un plan de lucha para conquistarlo. El PTR, grupo que impulsa La Izquierda Diario en Chile, promueve la construcción de corrientes de base para recuperar los sindicatos para la lucha y no para la conciliación con la vieja casta política.

Todas estas medidas de emergencia deben ir en el sentido de medidas de fondo para poner fin a las herencias de la dictadura, por el fin de las AFP y para recuperar las riquezas como el cobre, litio y los recursos naturales bajo gestión de sus trabajadores, para ponerlos al servicio del pueblo trabajador.