Con las elecciones de Coahuila y el Edomex en junio y rumbo a las presidenciales del 2024, todo repercute en la carrera electoral entre el oficialismo y la oposición, lo que profundiza la polarización que existe a nivel nacional.
Lunes 13 de febrero de 2023
En este marco de gran polarización, los partidos de la alianza opositora “Va por México” (PAN-PRI-PRD) esperan la aprobación del Plan B de la reforma electoral en el Senado y su promulgación para impugnarla, poniendo sus esperanzas en desgastar a la 4T desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual cuentan con su presidenta, Norma Piña, quien pintó su raya respecto al gobierno de López Obrador bajo un discurso de “independencia” del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. Es claro que la derecha opositora busca ganar posiciones que le sirvan como trinchera ante la fuerza del gobierno morenista.
Y aunque todavía no se ha abierto una gran brecha entre la Suprema Corte y la Presidencia de la República, es innegable la relación del Poder Judicial con los llamado poderes fácticos y su funcionalidad a los intereses políticos de Lorenzo Córdoba, Consejero Presidente del INE, ahora activista opositor. Además, la resolución de un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México para descongelar las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, señalado en el juicio de Genaro García Luna como su cómplice en los tratos con el Cártel de Sinaloa, pone en cuestión su independencia respecto a las tramas de corrupción de ex funcionarios públicos de los gobiernos anteriores de “la alternancia”.
Las repercusiones de estas disputas en los partidos opositores obligan al PRI a evitar que su crisis se profundice y no llegue tan debilitado a las elecciones de junio en sus dos últimos bastiones históricos. Por ello, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el senador Miguel Ángel Osorio Chong tuvieron que ponerle fin a sus conflictos –aunque sea provisionalmente- y trabajar en pos de la unidad institucional del tricolor. Buscan así atenuar su división, y usar el Senado como trinchera estratégica desde donde enfrentar al Gobierno y su partido Morena. Lo anterior, considerando que Delfina Gómez, la candidata del Morena para gobernar el Estado de México -con las grupos morenistas mexiquenses mostrándose unidos- aventaja en las encuestas a la abanderada priista, Alejandra del Moral. Es decir, más que por amor, los une el espanto de la debacle electoral.
Como parte de la polarización en las alturas (que deja fuera al movimiento obrero popular), en la Cámara de Diputados los partidos de “Va por México” no votaron en contra, sino que se abstuvieron en la votación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, aprobada por la mayoría del Morena y sus aliados, mediante la cual la Sedena quedará a cargo de vigilar el espacio aéreo mexicano.
Un nuevo avance en la militarización del país que, por más que la oposición se desgarre las vestiduras, es la profundización de lo iniciado en el sexenio de Calderón y continuado en el de Peña Nieto. Es decir, las diferencias entre los partidos patronales no los llevan a renegar del régimen de dominio político del que son alegremente parte, y por lo tanto del rol que desempeñan en éste las Fuerzas Armadas.
Sumándose al control de aduanas, a la construcción y administración de aeropuertos y a la operación de Mexicana de Aviación por parte del Ejército, la militarización del espacio aéreo, así como una mayor actividad de los militares y la Guardia Nacional para la captura de capos del narcotráfico (luego de la detención de Ovidio Guzmán) están al servicio de garantizar las inversiones capitalistas.
Lo anterior, tomando en cuenta que la primera etapa de desarrollo del Plan Sonora está reservada para la participación de Estados Unidos, y que el financiamiento de las plantas eólicas de la CFE que se proyectan para el Corredor Interoceánico-Istmo de Tehuantepec provendrá también del vecino del norte. Y es que las consecuencias internacionales de la pandemia en la interrupción de las cadenas de valor están llevando a que México sea un importante receptor de inversión extranjera directa, ya que el país representa ventajas para la relocalización de empresas por su mano de obra precarizada y su cercanía al mercado estadounidense.
Más allá de que hoy estén desmintiendo la existencia de planes de deportaciones masivas, la ayuda que el gobierno de la 4T presta a la Casa Blanca para su política anti migrante, la militarización y el TMEC son centrales en la continuidad de la subordinación a Estados Unidos, frente a lo cual los gestos de “independencia nacional” como la visita a México del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resultan inofensivos para el imperialismo, incluso la demanda a Washington del cese del bloqueo a la isla.
En este contexto, de polarización política y fortaleza del gobierno, la carrera electoral representa una disputa entre el oficialismo y la oposición de derecha por el poder para dirimir quién administra –a su modo- los negocios de los capitalistas y la relación de subordinación al imperialismo, mientras que las condiciones laborales y de vida de las grandes mayorías continúan degradándose, en un contexto de creciente represión contra los que luchan.
Por ello está planteada la necesidad de avanzar en construir una alternativa política independiente, una herramienta construida desde abajo que realmente represente los intereses del pueblo explotado y oprimido; un partido revolucionario de los trabajadores, las mujeres (junto a las diversidades) y la juventud combativa, que se proponga luchar por un gobierno obrero y popular, de ruptura con el imperialismo y de superación del capitalismo, en una perspectiva socialista.
