A cuatro años de los hechos y con dos audiencias realizadas, el Tribunal de Paso de los Libres anuló el juicio y devolvió el expediente al mismo juez que instruyó irregularmente la causa. Indignación popular.
Jueves 16 de mayo de 2019 13:57
Fotos La Izquierda Diario | Familia Largueri
La semana pasada el Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres declaró la nulidad del juicio contra cuatro miembros de la Policía de la provincia de Corrientes por considerar que se “lesionó” el derecho de defensa de los imputados por el secuestro y las torturas a Sebastián “Nino” Largueri, hechos ocurridos en agosto de 2015 y que derivaron en el asesinato del joven.
La decisión del tribunal a muchos pudo sorprender, pero no deja de ser coincidente con las necesidades y los tiempos políticos del Gobierno de la provincia.
El jueves 9 de mayo, a poco de comenzada la tercera audiencia del debate oral y público (las dos primeras se hicieron el 11 y el 24 de abril), con los votos de los jueces Marcelo Pardo y Gustavo Ifran (Marcelo Fleitas quedó en minoría) el Tribunal resolvió que la causa vuelva al Juzgado de Instrucción de Monte Caseros, a cargo del juez Eduardo Alegre, para que “se investiguen a fondo los hechos”.
A la salida de la frustrada audiencia (donde iban a declarar seis testigos, incluida la hermana de la víctima) la Policía provocó a quienes con bronca se agolparon en las puertas de los tribunales, avanzando contra la familia de Nino y las organizaciones de derechos humanos solidarias con ella.
Años de impunidad
Los hechos que corren riesgo de quedar impunes sucedieron en la noche del 14 de agosto de 2015, cuando Sebastián “Nino” Largueri estaba en la casa de un amigo y desde allí fue secuestrado ilegalmente por cuatro policías.
A Nino lo subieron a un móvil policial y lo llevaron hacia un campo, donde fue torturado. Esa noche logró escapar de las garras de sus captores. Por la mañana deambuló por un campo e incluso conversó con varias personas que trabajan por la zona. Pero luego fue recapturado por la Policía.
El joven permaneció quince días desaparecido y el 30 de agosto de 2015 su cuerpo apareció tirado en un arroyo a 15 kilómetros de Monte Caseros.
Pese a que desde el Poder Judicial se procesó a los agentes Cristian Ibalo, Walter García, Roberto Aguirre y Ramón Goín, la fiscalía y el juzgado local nunca investigaron realmente la muerte de Nino.
Las “investigaciones” fueron un escándalo, a tal punto que en los meses finales de 2015 uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia se hizo presente para verificar y constatar, junto a la Comisión contra la Tortura, las actuaciones, la falta de celeridad en los trabajos y hasta visitaron la comisaría donde las organizaciones solidarias con la familia de Nino sospechaban que se habría mantenido al joven secuestrado.
Esas autoridades tomaron contacto con detenidos, observaron los lugares y produjeron un informe deplorable contra el estado de la comisaría.
La causa comenzaba a tomar notoriedad y, a partir de ser visibilizados esos hechos, las organizaciones nucleadas en la Coodinadora por los Derechos y la Justicia (CoDeJu) comenzaron a recibir cada vez más denuncias de otros hechos, incluso en relación a otros flagelos sociales.
En la etapa procesal del caso, el juez de instrucción de Monte Caseros Eduardo Alegre tumbó la rueda de reconocimiento con argumentos increíbles, afirmando que “las fotos habían salido en una cuenta de Facebook”.
Quienes en aquel momento nos manifestábamos para exigir justicia fuimos amenazados de diferentes modos por personal policial. Se nos han inventado causas y llevado a juicios por hechos que jamás han podido probar.
A su vez los medios de comunicación que informaban acerca de los acontecimientos fueron amenazados por el comisario Antonio Correa, lo que le valió el repudio público de esos mismos medios.
El caso Nino siguió trascendiendo y María del Carmen Verdu, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), ingresó a la causa presentando un amicus curiae, figura novedosa para la provincia de Corrientes y que se incluyó por primera vez después de mucha exigencia de parte de las organizaciones que acompañan a la familia de Nino.
A lo largo de estos años Anahí Andrade, hermana de Nino, recibió una extensa solidaridad y adhesiones de innumerables organismos sociales, gremiales y políticos. Desde la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel hasta la Comision de Mujeres de Madygraf.
Un juicio con muchas expectativas
En un marco de extensa repercusión provincial y nacional, finalmente el pasado 11 de abril (casi cuatro años después del crimen) comenzó el juicio contra los cuatro policías. Pero no estaban imputados por el homicidio de Nino, sino solo por su secuestro y por los vejámenes que le aplicaron. Hasta el momento se celebraron dos audiencias, con gran repercusión.
Antes de iniciar el juicio la hermana de Nino realizó una rueda de prensa en la capital correntina a la cual concurrieron los medios radiales, televisivos y digitales más importantes de la región.
Durante toda aquella mañana, en la misma Plaza de Mayo correntina y a escasos metros de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad, Anahí no solo detalló los pormenores del caso sino que hizo lo relacionó con la situación política, con el accionar del aparato represivo provincial y con la falta de medidas para calmar el hambre, la miseria y la desocupación en la provincia más pobre del país.
Las dos primeras audiencias tuvieron, además de la repercusión en medios nacionales, una clara visualización del aparato represor policial que tanto con las gestiones provinciales de Ricardo Colombi como del actual gobernador Gustavo Valdés se mantiene intacto.
Eso lo confirmó ni más ni menos que el propio imputado Cristian Ibalo en su declaración en el juicio (el único que declaró ya que los otros tres se llamaron a silencio. Cuando la querella le preguntó “¿cómo sabía tanto sobre torturas?”, el propio oficial dijo “lo aprendí en mis doce años en la fuerza policial”.
En la segunda audiencia uno de los testigos confirmó que lo había visto a Nino en la mañana del 15 de agosto y el joven le confirmó “que los policías le habían pegado” y lo vio “lastimado”.
La orientación del juicio iba rumbo a demostrar lo que ellos siempre negaron. Y en la tercera audiencia iba a declarar Anahí Andrade, quien aportará datos fundamentales en la causa. Pero, tal como lo afirman desde CoDeJu, nada de lo que estaba emergiendo y de lo que podía profundizarse en la tercer audiencia conviene a los intereses del Gobierno, menos aún a dos semanas de las elecciones provinciales.
Seguir la lucha
El Gobierno iba a hacer todo lo posible para impedir que el juicio sirva para demostrar el carácter represor de la Policía pero además para denunciar que el presupuesto policial es cinco veces mayor que el de Educación para sostener a 390 mil alumnos y 32 mil docentes. Es el mismo gobierno que tiene un plan ganadero (para alimentar a las vacas y permitir viajes a sus terratenientes) que es igual a la mitad del presupuesto educativo, a pesar que en esta provincia el 49 % de la población está por debajo del índice de pobreza.
Esas son las razones políticas que luego generan la intervención de una maniobra judicial para abrir un paréntesis en esta causa y tirar la pelota para adelante.
Quienes se organizan contra las violencias institucionales están más fortificados que nunca, con la moral probada en estas luchas y ahora, que será en Monte Caseros el lugar donde tendrá que dirimir el Poder Judicial la continuidad del caso, nos permitirá redoblar las exigencias por justicia en los momentos que se reabran las actuaciones.
