El vigilador de 64 años falleció de COVID-19 cubriendo un puesto castigo del Gobierno de la Ciudad en la Villa 31 por pedir una licencia. Estaba a 3 meses de jubilarse y fue extorsionado para concurrir haciendo peligrar sus aportes.
Martes 11 de agosto de 2020
El próximo 14 de agosto, el directorio de la empresa Murata S.A deberá presentarse ante el Ministerio de Trabajo para brindar explicaciones por el fallecimiento de Miguel Olmedo. Fue enviado a realizar tareas de seguridad en un puesto de la Villa 31, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin los elementos de protección correspondientes. Por su edad nunca tendría que haber estado allí, pero la empresa lo convocó después de haberle otorgado dos semanas de licencia bajo amenaza de despido.
Su anterior puesto de trabajo estaba en el Cementerio de Recoleta, pero la empresa lo castigó por solicitar licencia enviándolo a un foco de contagio. Esta es la práctica predilecta del gerente Yamil González para disciplinar a sus empleados y quebrar reclamos, como sucedió a inicios de la pandemia en la Línea San Martín con 7 empleados que reclamaban barbijos y alcohol en gel junto al resto de sus compañeros de brigada. También se asemeja al caso de Martín Pino, fallecido hace dos años por haber sido enviado a un área de trabajo compleja sin reconocimiento previo ni elementos de seguridad.
La familia denuncia además que en la Clínica Boedo se demoraron en dar los resultados del hisopado y que OSPECON, la Obra Social del afectado, no hizo la gestión correspondiente para trasladarlo a una clínica de alta complejidad frente al agravamiento del caso y la mala atención allí brindada.
Su caso, junto al de Juan Campos en la Estación Retiro de la Línea San Martín, exponen un modelo empresarial basado en exprimir la salud de sus trabajadores bajo la tutela del Estado, en un caso cubiertos por la gestión de Larreta y en otro del Ministerio de Transporte, de Mario Meoni.
Frente a la brutalidad de esta asociación, no va a ser el propio gobierno quien resuelva la situación de los empleados de Murata en particular, ni los del sector de vigilancia en general, hiperprecarizado como tantos otros. Sólo la organización de los trabajadores, junto a los familiares de los afectados y apelando a la solidaridad de los empleados de planta en el Estado puede garantizar que no hayan más muertes por desidia de las tercerizadas.
