En los últimos días se vieron datos estremecedores como la muerte de 16.000 personas en el Estado español, de las cuales 8.000 han sido en residencias de ancianos. ¿Cómo es posible? ¿Quién es el culpable de esta nefasta situación? Un verdadero crimen social.
Martes 14 de abril de 2020 21:14
La crisis sanitaria originada por el COVID-19 está castigando sin piedad a las residencias de ancianos, donde hoy en día, según informa el diario “Público”, hay más de 8.000 muertos, que suman un 50 % del total de muertos en España.
Sin embargo, esto no es accidental. Hay quién pensará que es así debido a que nuestras ancianas son un grupo de alto de riesgo para el virus, pero lo que de verdad está causando estragos en las residencias es la total negligencia del gobierno a la hora de gestionar los problemas que estas arrastran (falta de personal, de material sanitario, etc.).
Las empleadas de estos centros (que en un 90 % son mujeres), afirman que se sienten abandonadas por el gobierno al no mostrarse ningún interés por la situación crítica que están atravesando. Según un análisis publicado en el sitio de noticias “CTXT”, un 75% de estas residencias está en manos de multinacionales, fondos buitres y la iglesia católica. Esta última, para colmo, dispone de un gran número de excenciones impositivas. Y todo ello por su supuesto carácter “benéfico”, carácter que parece que no tuvieron las monjas que se dieron a la fuga abandonando a su suerte a las ancianas del centro de mayores en el que trabajaban. Todo un espectáculo lamentable, al que por desgracia ya nos tiene acostumbradas la Iglesia católica.
En lo que respecta a las multinacionales y los fondos buitre, empresas de todo tipo, como “DomusVi”, “Orpea”, “Amavir”,”Vitalia”, “Ballesol”, “Sacyr” o “Santa Lucía”, entre otras, son las principales operadoras de residencias en el Estado Español. Tanto capital extranjero (las dos primeras son las más importantes), hasta empresas dedicadas a la construcción (como es el caso de Sacyr) y aseguradoras (Santa Lucía). Visto el panorama, cabe preguntarse cómo puede ser que empresas que no parecen no tener absolutamente nada que ver con el trato y cuidado de personas ancianas, son las principales poseedoras de centros para mayores en todo el Estado.
Esto es algo a todas luces es problemático, ya que, con tal de no afrontar pérdidas económicas, en vez de contratar a más personal de cuidados y comprar el material sanitario necesario para evitar posibles contagios, prefieren dejar morir a las ancianas internadas en los centros.
No es de extrañar que la tasa de mortalidad en centros de mayores sea más elevada en aquellas que están en manos privadas en comunidades como la de Madrid, dónde el 10% de personas fallecidas por el coronavirus eran ancianas ingresadas en tan solo 13 residencias privadas, según “CTXT”. El gobierno, que no se queda atrás en negligencia, ha permitido este manejo de las residencias de ancianas por parte de capital privado proveniente de todo tipo de empresas, sin atreverse a intervenir en ellas para mejorar el cuidado de las mayores, dejando abandonadas a aquellas y a las empleadas.
¿Se podría gestionar mejor la organización de las residencias? Desde luego que sí, ya que está siendo desastrosa. La pregunta principal es cómo podríamos gestionarla de una forma más humana y mucho más eficaz. En primer lugar, no debería permitirse a estas multinacionales y fondos buitre acceder a lo que ellos ven como un simple mercado del que sacar tajada. Por ello debería procederse a la nacionalización de todas las residencias en manos privadas, para ser puestas bajo el control y organización de las empleadas de los centros, ya que poseen una visión más cualificada sobre cómo organizarlas.
Al establecer una red pública de residencias autogestionadas podría darse una mayor complementariedad entre ellas y esclarecer cuáles son las condiciones de cada una, de forma que se podría decidir cuáles son las tienen mayor necesidad de material sanitario, personal, etc.
Sin embargo, el supuesto gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos no está ni ha estado nunca por la labor de ofrecer una alternativa de este tipo para mejorar la situación grave por la que están pasando los centros de mayores. En cambio, se arrodillan sin pensárselo dos veces ante las grandes multinacionales. Las residencias de mayores no deberían ser un negocio en el que invertir para aumentar sus ganancias, sino centros públicos gestionados por las empleadas, en los que se pueda acoger a las personas mayores y darles un trato y una vida digna. Este gobierno de marionetas de las grandes multinacionales encubierto bajo una máscara progresista no tiene por tanto nada que ofrecernos, más que sufrimiento y sumisión al capital privado.
