Exclusivo. Crimen social en Plaza Huincul: la refinería NAO era una bomba de tiempo

“ Esto no fue un accidente, ni siquiera negligencia, fue un crimen social ”, sentencia Emmanuel Jara, hermano de Fernando, uno de los tres petroleros fallecidos la madrugada del 22 de septiembre en la refinería New American Oil. Junto a los familiares de Víctor Herrera y Gonzalo Molina, exigen justicia. No piensan permitir que el hecho quede impune.

Para Emmanuel, los incidentes en la industria petrolera están naturalizados. Su hermano no era de hablar mucho del trabajo. Quizás las doce horas por día que metía para poder llegar a fin de mes, le quitaban las ganas. Pero sí hizo mención, recuerda, a los ritmos de producción cada vez más acelerados, y a los problemas respiratorios que lo llevaron a atenderse en el médico, producto de la inhalación de gases de la planta. Poco tiempo atrás, Fernando dijo a su familia: “ En cualquier momento va a pasar algo ”.

Las brutales condiciones de la explosión impidieron la identificación inmediata de los cuerpos de cada uno de los trabajadores. Pero antes que los familiares pudieran despedir a los fallecidos, los dueños de NAO, Jorge Arias y Eduardo Mónaco, recuperaron el control de la empresa. Eso generó aún más bronca.

La responsabilidad de las empresas y de las autoridades gubernamentales encargadas del control de la planta, es evidente. Cada nuevo hecho que sale a la luz, confirma la sentencia de Emmanuel: fue un verdadero crimen social.

NAO desde adentro: una trampa mortal

“Esto se pudo evitar”, fueron las palabras que utilizó un trabajador de la refinería al acercar a los familiares la información que publicamos a continuación. El detalle minucioso de las “irregularidades” tiene por objetivo “que se haga justicia, que no quede todo en la nada”.

Tal como afirmaron los trabajadores el día de la explosión, en el tanque en el que inició el incendio (TK 205) ya había ocurrido un “incidente” el año pasado. El hecho ocurrió el 28 de diciembre y fue ocultado por la empresa. La gravedad se puede apreciar en el siguiente video. Sin embargo, luego del incidente, la empresa no hizo nada por garantizar la seguridad. Por el contrario, continuó “trabajando al taco”.

La planta tenía una red contra incendio “motobomba”. Sin embargo, su accionamiento era manual, tanto en simulacro como en emergencia, sin ningún tipo de automatización, ni encendido a distancia. Habilitar el paso de agua, por el tipo de válvula "de gran tamaño", demandaba un tiempo considerable.

Dicho sistema era por demás deficiente debido a que no existían monitores de accionamiento completos: muchos de ellos no tenían mangueras, otras eran inadecuadas, y existían pérdidas de agua despresurizando la línea. A su vez, faltaban acoples y válvulas de apertura en cada uno de los monitores.

Ese tipo de red contra incendio, maneja una presión que requiere mínimo de dos operarios por cada manguera, reduciendo a una el número de manguera que podría ser utilizada en una emergencia durante el turno de noche.

El sector en el que ocurrió el siniestro, no contaba con lanzas o monitores fijos para agua, cuya manipulación requiere solo un operador.

Según surge de la información aportada a los familiares, solo 6 de los 27 tanques de crudo y combustible tenían anillos de red contra incendios.

Entre los riesgos enunciados, hay uno que destacan. El tanque en el que se produjo el siniestro (TK 205), no almacenaba crudo o fuel oil, como se afirmó en un primer momento. Tanto el TK 205, como el 206, 207 y 208, se utilizaban para preparar un producto conocido como “reconstituido”, que consiste en mezclar fuel oil a más de 100°C, con nafta virgen y/o solventes livianos, uno de ellos conocido como "ultraliviano", que es volátil a temperatura ambiente. Al entrar en contacto ambos, se emanan gases y vapores altamente explosivos. El incidente del 28 de diciembre de 2021 fue provocado por esa misma mezcla.

Esa mezcla se realizaba con proporciones variables, sin los supervisores a cargo por parte de la patronal, y sin un horario determinado. Es decir que el incendio podría haber ocurrido en cualquier momento.

Algunos de los tanques dedicados a esa tarea no contaban con válvulas de seguridad, y en el caso de los que sí las tenían, se desconocía su funcionamiento, por falta de relevamientos y controles. Esos tanques tampoco contaban con telemetría. ¿Qué significa eso? Que la única manera de que los operadores supieran el nivel de almacenamiento de los tanques era subirse y medirlos con cinta. Un riesgo absolutamente evitable.

Los recintos de los tanques violaban las normas vigentes para la contención de derrames, al no contar con cementación ni drenaje adecuado.

En el sector de corte de gas oil se realizaba destilación por vacío, que genera gases altamente corrosivos y dañinos para las cañerías y equipos. Las pérdidas de combustible y la atmósfera ácida lo hacían un sector altamente insalubre.

En las paradas de planta no se realizaba mantenimiento, sino sólo determinadas reparaciones. No se respetaban los tiempos necesarios.

Por último, la distancia entre el lugar del incendio y la cabina en la que permanecían los 3 operadores era ínfima, estaba prácticamente dentro de la planta.

Una laguna con hidrocarburos pegada a la antorcha

El mismo día de la explosión, el diario Río Negro informó que la empresa había sido intimada por la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén por distintas infracciones a la normativa ambiental. Un pedido de informes realizado por el diputado Andrés Blanco (PTS - Frente de Izquierda), confirma no una, sino al menos tres infracciones.

Si bien la información conseguida por Blanco habla sólo de las inspecciones relacionadas con temas ambientales, llama la atención por la gravedad de las situaciones observadas. Como es costumbre en la industria, las empresas hacen lo que quieren, el estado lo registra, pero permite que sigan actuando.

La primera infracción surge de una inspección realizada en la planta el 31 de enero de 2017. El crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales (extraídos con la técnica del fracking), llevó a la empresa a adaptar su infraestructura para tratar el crudo de Vaca Muerta. La empresa solicitó autorización para las instalaciones en septiembre de 2016. Sin embargo, la empresa instaló el sistema de venteo y los tanques para el procesamiento sin contar con ninguna autorización.

En la inspección de 2017, las autoridades provinciales también detectan “residuos de la industria dispersos dentro del predio con una gestión inadecuada, derrames dentro y fuera de la refinería, presencia de pasivos ambientales, pileta API a cielo abierto, recintos de tanques sin impermeabilización en su base que no cumplen con la legislación vigente, entre otros”. La descripción coincide con lo denunciado por los trabajadores. En especial, lo referido a la falta de impermeabilización adecuada de los tanques.

A pesar de la gravedad del hecho, la respuesta de la Subsecretaría de Ambiente fue tan sólo una infracción que se concretó casi cuatro años después, el 28/10/2020.

En enero de 2018, intiman a la empresa a presentar un plan de trabajo, en función de las irregularidades constatadas un año atrás: tampoco lo cumplen. En julio de ese año vuelven a constatar nuevas “situaciones ambientales”. En abril de 2019, intiman a la empresa por no contar con un seguro ambiental, que los apoderados afirman tener “en trámite”. La póliza sólo existirá tiempo después.

Fue el 14 de julio de este año, poco tiempo antes de la explosión fatal, que la Subsecretaría de Ambiente dio cuenta en una inspección de la presencia de una “acumulación de líquido estancado tipo laguna, con presencia de manchas de hidrocarburos tanto en el cuerpo del agua como en el suelo y la vegetación nativa”, con una superficie de “50 metros de largo por 30 metros de ancho”, cercano al “flare/mechero de la planta”.

En el acta de inspección, mencionan también “la formación de una cárcava posiblemente producto de la erosión hídrica, con presencia de posibles vestigios de hidrocarburos en el suelo, afectando una superficie aproximada de 840m2”. La cárcava alimentaba la laguna de hidrocarburos. Al ocurrir el incendio, la empresa no había remediado el derrame.

Impunidad

La refinería NAO es una pequeña muestra de lo que ocurre en la industria petrolera. No fue un accidente aislado, sino parte de una sucesión de hechos que atentan contra la salud y la vida de los trabajadores petroleros. Detrás de cada récord de Vaca Muerta, anunciado con bombos y platillos, los ritmos de producción no paran de acelerarse. La otra cara de las ganancias inéditas de las petroleras, son las muertes laborales.

Desde la adenda al convenio colectivo de trabajo en 2017, impulsada por las patronales, los gobiernos y burocracia sindical de Pereyra - Rucci, los trabajadores fallecidos en la cuenca neuquina suman 15. En 2020 hubo un nuevo avance en la flexibilización laboral. Por cada trabajador fallecido, muchos otros sufren lesiones, mutilaciones, discapacidades. Desde 2017, también, el ritmo de los derrames de crudo, agua contaminada, fugas de gases y otros desastres, se duplicó.

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Para las patronales, las vidas obreras son un número en una planilla. Un costo, que puede ser más o menos que una válvula, o que las medidas de seguridad que nunca se toman. Empresarios como Arias y Mónaco (tan amigos del poder que hasta salieron absueltos tras robar petróleo en 2007), sólo piensan en sus ganancias.

El Estado también es responsable, es cómplice de las empresas, porque actúa como garante de sus negocios. Tanto es así que las autoridades provinciales registran lo que sucede, pero permiten que siga igual. El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía, también es autoridad competente (Ley 13.660 y sus modificatorias), pero a más de un mes sigue sin dar ninguna respuesta.

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Para Emmanuel Jara “ parece como si al entrar al petróleo ya tuvieras escrito un destino fatal ”. La lucha contra la impunidad y por justicia para Fernando, Víctor y Gonzálo, es también una lucha contra ese destino.