Educación pública. Crisis de la educación: No la resolverá esta farsa constitucional, sino la lucha de las profesoras/es y trabajadores de la educación organizados

El año pasado volvimos a las clases presenciales luego de dos años de pandemia, y la crisis educativa estuvo nuevamente a la vista de todos: infraestructura básica destruída, como mesas y sillas, ventanas y puertas, espacios que no resisten a los cientos y miles de estudiantes en los colegios y liceos, profesores y profesoras con sobrecarga laboral, muchos de ellos con enfermedades y problemas de salud mental que los hacen estar con licencia y en vez de ser reemplazados se les pasan sus horas a los ya sobrecargados profesores que quedan. Falta de profesionales que atiendan de manera multidisciplinaria a los estudiantes, la pandemia agravó la situación de salud mental, la violencia intrafamiliar y aquello también se vive en las escuelas, con violentas reacciones de parte de los estudiantes de todas las edades, peleas que muchas veces involucran también a las familias, armas y amenazas, pero con un promedio de un una psicóloga para 700 o 1000 estudiantes, o un inspector cada 400 o 500 cuando mucho, si no tienen que ser los mismos profesores/as que en sus recreos cuidan el patio.

Y a pesar de que ya ha pasado un año así, este 2023 no ha cambiado mucho, sigue prácticamente igual. El 2022 hubo paros y movilizaciones impulsadas por los propios profesores y trabajadores de la educación y en algunos casos también sostenidas por los estudiantes secundarios, en distintas ciudades y regiones a nivel nacional, que daban cuenta de esta situación. Y a pesar de ser una situación transversal en la educación pública y la subvencionada (que también recibe dinero del Estado), nunca hubo una coordinación nacional de aquella lucha por tener mejor educación y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras de la educación como sobre todo para nuestros niños, niñas y adolescentes de las familias que más lo necesitan.

¿Y el Colegio de Profesores?

Es aquí donde las dirigencias del Colegio de Profesores han tenido un rol desmovilizador y burocrático dentro del gremio, porque no es que las demandas dentro del sector de la educación hayan desaparecido, de hecho las condiciones laborales y educativas se han agravado después de la pandemia y así lo han mostrado las distintas movilizaciones, sin embargo, los dirigentes como Carlos Díaz se han contentado con ir a sacarse fotos con cada movilización para subirlas a facebook y twitter, pero no ha habido ninguna iniciativa de parte del CdP que promueva la unificación de estas luchas, llamar a una movilización nacional, llamar a asambleas de base en todo el territorio para definir las problemáticas que nos aquejan. Han dejado a su suerte las movilizaciones locales que se han dado, dejando en claro su rol pasivo ante las demandas del gremio.

El 2022 nos dijeron que teníamos que esperar, porque los dirigentes del CdP estaban ingresando una iniciativa popular de norma a la Convención Constitucional, que iba a crear un sistema nacional de educación y reconocería constitucionalmente a los trabajadores de la educación, aunque también se preocupaba de defender la “libertad” de enseñanza y de mantener el financiamiento a establecimientos no públicos. Esto sin nunca levantar una movilización, solamente con declaraciones y lobby en los pasillos de la convención, sin nunca involucrar a las bases docentes.

La nueva constitución fue rechazada y hoy nos dicen a través de los medios del Colegio de Profesores que “en el actual proceso, el gremio docente evaluará la situación siguiendo lo acordado por su Asamblea Nacional, que rechazó el Acuerdo por Chile y declaró que en materia de educación el gremio docente hará todo lo que esté a su alcance para que cualquier propuesta de Nueva Constitución contenga los pilares y fundamentos expresados por el Proyecto de Educación Pública Estatal-Comunitaria levantada por el movimiento social por la Educación”. Nuevamente quieren llevar nuestros problemas y su posible solución a un proceso constitucional que es una farsa total, cuando bien sabemos que no será esa comisión de “expertos” elegidos a dedo quienes respondan realmente a los problemas que se viven en las escuelas y liceos.

¡No nos hagamos parte de este fraude constitucional!

Mientras la crisis económica golpea cada vez más a las y los trabajadores, con el aumento del costo de la vida y la precariedad laboral debido a la inflación, el gobierno de Boric apuesta por un nuevo proceso constituyente en conciliación con los partidos tradicionales y de derecha que se han encargado de mantener el legado y la constitución de la dictadura. Al mismo tiempo, el PC siendo partícipe de este fraude constitucional, no impulsa ningún tipo de movilización por la conquista de demandas que hoy son de carácter urgente dadas las condiciones económicas, apostando por un proceso constitucional que no asegura una mejora en la calidad de vida de las personas que deben enfrentar la crisis.

Desde los trabajadores de la educación de Nuestra Clase, no nos hacemos parte de este fraude constitucional y vamos a anular en las elecciones del 7 de mayo. Sabemos que solo la lucha de profesores y profesoras, trabajadores/as de la educación junto a las comunidades educativas y sus estudiantes, será la que puede ganar realmente todas nuestras demandas y sacarnos de esta pasividad en la que nos quieren los dirigentes del Colegio de Profesores y de partidos del Frente Amplio y del PC, que no quieren que incomodemos a su gobierno.

El gremio docente y quienes lo componemos y trabajamos todos los días en escuelas y liceos, entregamos todo para brindar mayor acompañamiento y mejor educación a los estudiantes y familias de trabajadores y trabajadoras, quienes se ven cada día más afectados por la crisis económica. Pero además, tenemos tradición de lucha y organización. Protagonizamos grandes huelgas y movilizaciones en 2014, 2015 y 2016 en defensa de la educación pública, levantando grandes asambleas nacionales donde las bases exigíamos ser escuchadas. También en 2019, mientras los secundarios fueron la antesala de la rebelión popular saltando los torniquetes, también lo fuimos los profesores y profesoras que hicimos paro y movilización por semanas, para colocar sobre la mesa las problemáticas que hoy solamente se han profundizado y empeorado.

Esa es la tradición de lucha y organización que debemos retomar las y los profesores y trabajadores de la educación, como hoy ponen el ejemplo los profesores y las educadoras de párvulo de San Bernardo que vienen levantando una lucha importante para enfrentar seriamente la crisis de la educación pública y no seguir callando y quienes unificadas con los trabajadores de la salud de la corporación, doblaron la mano al alcalde PS con 200 despidos que había realizado y los que se vió obligado a echar pie atrás.

Por qué luchamos

Las y los profesores de Nuestra Clase queremos invitarles a organizarnos en común para luchar por todas las demandas que en estos años no han sido escuchadas y para hacernos oír una vez más con nuestra movilización, porque sabemos que no hay otra forma de que estas reivindicaciones se cumplan si no es a través de la autoorganización.

Educación No Sexista y ESI:

Hoy en día, la educación no solo refleja y transmite valores relacionados con el neoliberalismo, sino que también se asocia con la perpetuación de actitudes patriarcales y machistas. Esta dinámica educativa promueve la opresión de las mujeres y disidencias, y muchas veces no presta atención a la discriminación que se produce en las aulas y en la sociedad en general.

Es fundamental activar un plan de acción de emergencia para fomentar una educación no sexista y que el Estado asuma su responsabilidad en la implementación plena de una Educación Sexual Integral (ESI), asegurando su financiamiento completo y proporcionando la formación y las herramientas necesarias a trabajadores de la educación para impartirla de manera efectiva.

Asimismo, una educación no sexista e implementación de la ESI debe ligarse a una autoorganización de las comunidades educativas, quienes decidan cómo hacer frente a la violencia de género y el machismo de acuerdo a su contexto y mediante comités de mujeres de profesoras/es, estudiantes y disidencias.

Fin a la actual Jornada Escolar Completa, Currículum Único Nacional y la demanda por el 50/50:

Actualmente, la calidad y el impacto de las Jornadas Escolares Completas está siendo ampliamente cuestionada. Mayoritariamente esta se utiliza para trabajar contenidos curriculares, existiendo un cansancio generalizado tanto en estudiantes como docentes, quienes deben permanecer hasta por 9 horas en el establecimiento. Además, se hace necesario poner en marcha talleres y programas que aborden la educación socioemocional y recreativa, y asignar una mayor cantidad de recursos para contratar nuevos profesionales en los programas de Convivencia Escolar e Integración Educativa, como psicólogos, psicopedagogas, etc.

Es necesaria la aplicación de un currículum único nacional que se encargue de establecer contenidos mínimos obligatorios, pero también se preocupe de fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes, lo que podría generar un ambiente escolar más seguro y tranquilo, disminuyendo los índices de acoso y violencia.

Un currículum nacional de estas características, además debería entregar la potestad de adecuación y resolución a las propias comunidades escolares, profesores junto a trabajadores de la educación, estudiantes y familias. Posibilitando así la implementación de nuevas formas de enseñar a través del desenvolvimiento autónomo de los docentes a la hora de hacer sus clases y garantizando la no discriminación a través una educación no sexista y de la adecuación curricular pensando en comunidades educativas compuestas por comunidades indígenas o comunidades de inmigrantes, para quienes también se les debería otorgar de inmediato un RUT permanente y asegurar así educación y salud para todos esos niños, niñas y adolescentes.

Parte de todo lo anterior debe ir acompañado de un 50/50 de horas lectivas/no lectivas para las y los profesores, a quienes nos hace falta tiempo, y para compensar la enorme exigencia laboral que se nos cargó con la implementación de la JEC que en el gobierno de Eduardo Frei, no fue acompañada de un aumento proporcional de las horas no lectivas.

Fin al agobio laboral y a la doble evaluación:

Mientras hay muchísimos profesores que sufrimos de sobrecarga laboral, otros tantos se encuentran sin trabajo. El aumento de las horas no lectivas debería ir de la mano con mayor contratación de profesores/as y trabajadores de la educación. No hay otra forma de entregar educación de calidad, proteger la salud mental y física de las y los estudiantes. Que además todos los profesores que están trabajando con contratos precarios y honorarios pasen a titularidad con el total de sus horas, así como el paso a contrato indefinido desde el primer año de antigüedad, sin trabas ni interpretaciones antojadizas de la ley que solo perjudica la continuidad pedagógica para las y los estudiantes.

Fin a la evaluación docente y que seamos los propios profesores y profesoras quienes discutamos desde nuestras comunidades cómo perfeccionar nuestra labor docente, con una finalidad pedagógica y no punitiva como funciona hoy disminuyendo nuestros sueldos. Además de asegurar un sueldo mínimo desde los $650.000 para todos los funcionarios/as y trabajadores/as de la educación.

SLEP y la falsa desmunicipalización, por un sistema único nacional de educación pública:

Desde sus inicios, los Servicios Locales de Educación han enfrentado graves dificultades en su funcionamiento y administración, incluyendo problemas como el retraso en los pagos de salarios, la deficiente infraestructura, insalubridad de las escuelas y la carencia de recursos pedagógicos mínimos en algunos liceos. Estos incumplimientos no son solo el resultado de limitaciones en la implementación de la ley o la falta de personal capacitado para mejorar su aplicación. El problema fundamental es que esta ley, en esencia, mantiene los mismos fundamentos de la municipalización, lo que significa que no aborda los aspectos que hemos cuestionado durante décadas en el sistema educativo actual.

Para mejorar la educación pública, es necesario luchar por la transferencia de la gestión de establecimientos educacionales al estado y la implementación de un sistema único nacional de educación que busque eliminar la influencia del mercado y sus principios en el sector educativo y que sea financiado mediante impuestos a los más ricos y la nacionalización sin pago de los recursos. Esto implica darle fin al subsidio de instituciones privadas, a la competencia por los recursos y a la elección de cargos mediante concursos arreglados. Por tanto, debe basarse en la autoorganización de las comunidades educativas a través de Consejos Escolares Resolutivos, en los cuales puedan elegir cargos unipersonales mediante voto universal, administrar el financiamiento estatal de acuerdo a sus necesidades, así como también los contenidos del currículum, de manera que se garantice el aprendizaje de conocimientos necesarios para el desarrollo de la vida y sus derechos, asegurando así una educación integral, multidisciplinaria y pertinente, que esté al servicio de las necesidades de la comunidad y no del mercado.

Un Sindicato Único de Trabajadores de la Educación:

Actualmente las negociaciones colectivas de las escuelas y liceos se realizan a través de cada sindicato de corporación, pero no hay ninguna instancia que unifique a las y los profesores a nivel nacional para conquistar nuestras demandas. El Colegio de Profesores debería también cumplir ese rol, de promover la unificación de las demandas de docentes y funcionarios de la educación, con una orgánica que vaya desde los delegados de base de cada escuela y liceo, hasta la organización y deliberación a nivel nacional a la hora de presentar nuestras demandas y organizarnos para cómo conquistarlas.