Mayo, junio y principios de julio fueron meses críticos en materia de suministro del agua especialmente en el estado Falcón, al noroeste del país, lo que llevó a que el pasado martes 7 de julio, el presidente Nicolás Maduro decretara “Estado de Emergencia en toda la entidad para solventar el problema en un lapso de sesenta días prorrogables”. Sin embargo, nuevamente vemos que ante un problema estructural que se agrava, solo se toman medidas coyunturales.
Humberto Zavala Venezuela | @1987_zavala
Miércoles 15 de julio de 2015
La crisis del agua como problema nacional
En el marco de lo que fue el VII Foro Mundial del Agua de este año, calificara como “Crisis mundial del agua con mayor acento en algunos lugares”,se presentó el siguiente cuadro para América Latina: “De los 210 millones de habitantes de la sub-región, más de 14,4 millones aún no tienen acceso a agua potable. En el caso del saneamiento la situación es aún más compleja, ya que más de 32,4 millones no cuentan con un sistema adecuado de saneamiento y menos del 30% de las aguas servidas reciben tratamiento, lo que constituye uno de los mayores desafíos a enfrentar”. Este fenómeno principalmente ligado al cambio climático, tiene como correlato la propia explotación capitalista que engendra desigualdad social y depredación ambiental.
A pesar de que Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de agua potable y dulce aptas para el consumo humano en todo el planeta, también tiene la problemática del suministro de agua golpeando con más fuerza a la población más empobrecida. Basta el dato de que “40% de los venezolanos no recibe agua todos los días”, como señala el periodista Fernando Jáuregui.
Si bien el país no escapa a las consecuencias del cambio climático, tampoco deja de ser causante…Siendo un país que solo produce energías por combustibles fósiles desaprovecha la potencialidad de producir energías limpias. Luego están los dos casos más alarmantes: la explotación legal e ilegal del oro para el cual se deforesta la región sur del Estado Bolívar y genera cantidad severa de mercurio (¡la tasa de deforestación en el país es de 140 mil hectáreas por año!), y la pretendida explotación del carbón en la Sierra de Perijá, donde contaminan el agua ambas prácticas que intentan ser relegitimadas por el Programa de la Patria de Chávez en su disposición 3.1.15.
Durante el año 2010 se hizo sentir la última gran sequía, que impuso severos racionamientos nacionales de agua y electricidad, donde se incorporó la técnica de “bombardeo de nubes” con yoduro de plata para acelerar el proceso de condensación y producir precipitaciones. Posteriormente, los años 2013 y 2014 fueron calificados como “el séptimo período más seco en los últimos 60 años”.
Así lo ha dicho en recientes declaraciones, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), José Gregorio Sotollano, quien catalogó como “sequía extrema a severa” en nueve de los 23 estados del país, alegando “déficit” de precipitaciones durante el período lluvioso, que en el país va desde finales de abril y hasta mediados de noviembre.
La falta de agua afecta especialmente a los habitantes de la entidad falconiana
El Decreto Nº 1.861, emitido el pasado lunes 6 de junio por la gobernadora Stella Lugo, en el que se declara Estado de emergencia en el estado Falcón por problemas en suministro de agua, fue aprobado al día siguiente por el presidente Maduro en Gaceta Oficial número 40.696, allí se establecen una serie de medidas que incluyen además del lapso de sesenta días prorrogables, tres obras anunciadas el 26 de mayo para iniciarse el mes de junio, a la que destinaran un presupuesto de 1.500 millones de bolívares, pero que en realidad se inició este lunes 13 de julio, como parte de los 3.000 millones de bolívares que fueran solicitados el pasado 31 de marzo para “invertir en el mejoramiento del suministro de agua y rehabilitación de plantas potabilizadoras”.
Esta fue la respuesta (insuficiente, además de tardía) a un problema que se presenta desde todo el pasado año 2014, pero con mayor intensidad durante los últimos 6 meses, cuando afloraron nuevamente los problemas de suministro de agua en el estado Falcón, donde las principales fuentes de potabilización de agua, según datos de la estatal Hidrológica de Falcón (Hidrofalcón), están constituidas por los Embalses Hueque, Barrancas e Isiro, siendo esta última la que desde el año 1965 surte la mayor cantidad de agua a sus distintos municipios, y es una de las que más sufre la “sequía extrema”.
Las comunidades más afectadas, como siempre, fueron las más empobrecidas, donde las protestas no se hicieron esperar, levantando como común consigna: “no somos camellos, queremos agua YA”, Mientras tanto, comunidades enteras viven atenidas al suministro de camiones cisternas que pueden llegar a cobrar hasta 2.000 bolívares por llenar un tanque, casi un cuarto del salario mínimo.
Las vías para su superación están en manos de los trabajadores y las comunidades
Como todo problema estructural, el del suministro agua requiere algo más que las medidas que actualmente se toman para salir del paso de la problemática coyuntural, y que están ligados a otras problemáticas, también estructurales, que afrontamos los trabajadores en la actual crisis económica que vive el país.
Es que más allá del problema de la sequía, cuyo agravamiento pudo ya vislumbrarse en el año 2013, es la falta de previsiones tomadas por el gobierno y la incapacidad de administrar los recursos del estado para inversiones importantes en este vital servicio, el principal causante de la actual problemática de suministro. Un dato importante es que desde 1992 no se ha realizado un diagnóstico de necesidades hidrosanitarias en todo el país.
De acuerdo a la CAF (Banco de desarrollo de América Latina) “con 12 mil millones de dólares se puede suministrar agua a 140 millones de latinoamericanos”, por eso las vías para afrontarlo, lejos de ser un problema técnico, son de carácter político, y somos precisamente los trabajadores y las comunidades más empobrecidas quienes podemos dar una solución de fondo a estos problemas de carácter estructural. Esto, no solo enfrentando los principales contaminantes del agua y el medio ambiente, como la deforestación y la megaminería, luchando por la derogación del decreto presidencial 1.606 para explotar el carbón, sino que con el cese al pago de la deuda externa que ya se remonta en 10.792 millones de dólares para el 2016 y en 12.730 millones de dólares para el 2017, y su administración por comités obreros de las distintas ramas de la producción y de la mano con las comunidades más afectadas, podrían impulsarse megaproyectos destinados a obras sociales e inversiones que por tantos años han sido postergadas.
