El plan económico, planteado desde el Colmed hasta el Gobierno, es hoy un debate en el centro. En este artículo queremos mostrar con algunos números cómo ese plan carece de argumentos para poder sostener la vida de los millones de trabajadores y pobres. Un plan para salir de una crisis económica no pasa por inyectar más liquidez a la economía, que solo terminará salvando a quienes dirigen esos medios, es decir, lo grandes monopolios nacionales y transnacionales.
Dada la gravedad del desempleo y el estancamiento económico queremos invitar a pensar un plan productivo para las mayorías trabajadoras, que justamente creemos pasa por recuperar esos recursos que hoy están en manos de los grandes capitales.

Los peores tres meses de la historia reciente:

Nos acercamos a los tres meses del inicio de la pandemia en Chile y la situación económica del país ha cambiado abruptamente. La economía está en retroceso, las estadísticas dicen que en abril hubo una caída del 15,1% en la actividad de todos los sectores, los más afectados fueron: servicios, construcción, comercio e industria manufacturera. La única actividad que se salvó fue la minería, pero no es un ciclo de largo plazo, es un crecimiento precario de 0,1%[1]. El desempleo aumentó considerablemente en los meses de abril y mayo: un 20% si consideramos el desempleo en las sombras[2]. La cesantía en el Gran Santiago, zona urbana que concentra el 40% de la población del país, es del 15,6%, principalmente en las áreas del comercio y la construcción. La cantidad de personas sin trabajo en la capital ya superó las 469.000. Los despedidos (900.000 según informaciones del propio Ministerio del Trabajo) no están siendo absorbidos por el mercado laboral privado y “emigraron” de la fuerza laboral activa. Es decir son puestos de trabajo destruidos. A eso habría que sumarles los más de 700 mil suspendidos que reciben un seguro propio de cesantía que se acaba al tercer mes. Por todo esto en los días de mayo asomaron protestas contra el hambre en poblaciones como en El Bosque.

Éstos índices de caída de la actividad, aumento explosivo del desempleo y protestas contra el hambre, no se veían desde la crisis de 1982. La crisis asiática de 1997 y la crisis subprime de 2008 impactaron en Chile de manera transitoria por la ayuda del crecimiento chino que logró recuperar la economía. Pero ahora no hay un escenario internacional favorable para una recuperación. Y la situación parece que sólo puede agravarse. Según la OCDE Chile podría sufrir una contracción durante el año 2020 con una caída de más de 7,6%, si llegara a aparecer otro pick de contagios (cómo el que ya ocurrió tras la salida escandalosa de Mañalich). La estrategia sanitaria del gobierno, agotada y al filo del colapso del sistema sanitario, no logra detener semana a semana el avance del contagio y las muertes, la trazabilidad del virus se perdió. La nula política de test masivos, las condiciones de hacinamiento en todos los sectores populares, el contagio en las líneas de producción y la nula expansión del sistema de salud harán que la pandemia no pueda ser controlada, al parecer por los siguientes tres meses. Esto pospondrá indefinidamente por consecuencia la re-apertura del mercado laboral.

Avanza el pacto de los partidos de oposición con el gobierno: Quieren contener la rabia de los empobrecidos para destruir el trabajo

Los empresarios en Chile, y el régimen que sostiene este modelo neoliberal capitalista desde hace 30 años, tomaron nota. El presidente Piñera sabe que la combinación de crisis de representatividad y la crisis económica pueden ser un cóctel explosivo en meses de pandemia. Socialmente, millones están en condiciones de hambre. Por eso ahora buscan llegar rápido a un acuerdo para contener revueltas, desembolsando recursos. El consenso principal que expresan las dos reuniones consecutivas de representantes de la ex Concertación, la Derecha y el Frente Amplio es que se deben utilizar fondos públicos para: 1) sostener a los desempleados, 2) reactivar la economía por medio de dar créditos a las empresas y 3) una política abierta de endeudamiento inédito a largo plazo.

El ministro Briones (Hacienda) en la segunda reunión informó que la propuesta del gobierno es acogerse a un plan de gasto de 12 mil millones de dólares, para un plazo de 24 meses, cuatro meses más según el cálculo inicial del gobierno. Esto generaría un gasto público, sólo en 2020, de más de 68 mil millones de dólares. Se trata de una política inédita en Chile, cuyo modelo se escapa de utilizar el gasto público para emergencias económicas, y da cuenta de la carrera del régimen para que no exista un segundo estallido social.

Estos 12 mil millones de dólares iniciales se obtendrían utilizando dinero proveniente de nueva deuda pública y del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), como recomendaba el grupo de Economistas del Colegio Médico, permitiendo una renta de emergencia (IFE) y una inyección de liquidez para las empresas privadas. Con la oposición sólo hubo un tira y afloja con respecto al monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) cuyo monto final quedaría en 100 mil pesos chilenos por persona (en una familia de cuatro personas) llegando a un monto de 400 mil pesos chilenos (503 dólares aproximadamente). En cuanto al plan de reactivación, la propuesta indica ampliar el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), para todo tipo de empresa, dejando como “última instancia”, la inyección directa de recursos estatales a empresas con problemas de liquidez. La propuesta fue respaldada por los ex-ministros del primer gobierno de Piñera (Andrés Fontaine famoso economista de la derecha), del segundo gobierno de Bachelet (Rodrigo Valdés, PPD) y los ex-presidentes del Banco Central.

El ataque del capital contra el trabajo más grande de las últimas décadas

El plan constituye la continuación del ataque más grave en las últimas décadas del capital sobre el trabajo, quizá desde la Dictadura. Durante los meses de pandemia se ha destruido puestos de trabajo con el Plan de Protección al Empleo que facilitó el despido y la suspensión de casi 1 millón de trabajadores. Pues la tendencia de las empresas privadas ha sido repartir ganancias, no invertir en producción, pagar deudas y no abrir puestos de trabajo nuevos. La destrucción del empleo no será solamente en el sector privado. También ocurrirá en el sector público con el anuncio reciente de Piñera del llamado “Presupuesto Base Cero” que implicará un ajuste fiscal, recortes de presupuestos para educación, salud y vivienda, recortes salariales y nuevos despidos.

Cuando la oposición dice “Chile tiene margen para endeudarse” lo hacen pensando en que el Estado gaste millones de recursos en empresas estancadas y que aumente la deuda pública, pero las consecuencias las pagarán los trabajadores y el pueblo. Briones ya inyectó a finales de marzo un total de 5 mil millones de dólares sin ningún efecto en tanto reactivación. Hoy Briones dice que sólo destinará 2 mil millones para desempleados por un lapso de tres meses.

Con el pacto reciente, 3 mil millones más irán a las empresas enormemente endeudadas. La deuda externa chilena es eminentemente deuda privada (de hogares y empresas) que en abril batió récords según Banco Central. La deuda externa total se ubicó en 196.550 millones de dólares (que representa el 82,9% del PIB)[3]. En el último trimestre que va de diciembre a marzo, según un estudio de la Universidad San Sebastián, la cantidad de morosos (familias y pequeños negocios) aumentó a 80 mil, con los meses de pandemia esta cifra aumentó a 120 mil. El endeudamiento es mayor en los sectores más afectados por la caída, por lo que utilizarán esta inyección de recursos para pagar deudas, repartir ganancias a accionistas, para luego pedir nuevamente más recursos. Es decir, estos recursos del Estado no irán a reinversión productiva, lo único que podría reabsorber a los desempleados.

En el caso de la deuda pública chilena, en 2019 ésta ascendía a los 84 mil millones de dólares. Según el economista Alejandro Alarcón ésta podría llegar en 2024 a más de 120 mil millones de dólares (es decir un 40% del PIB). La historia dice que las deudas públicas siempre las termina pagando el pueblo. El escenario mundial no es favorable y Chile no es una economía comparable con Europa, esta nueva ronda de endeudamiento de emergencia redundará en una nueva dependencia del mercado mundial. El BC ya pidió un crédito al FMI que será para la reactivación económica y para intervenir en el movimiento especular de las monedas, al ser Chile un país atado al dólar. Esta cifra de endeudamiento es muy superior a todo lo invertido por el gobierno, por ejemplo, para enfrentar la pandemia en hospitales y centros de salud. Se estima que el Estado, luego de asumir ésta deuda, debería pagar un interés mensual de 2.400 millones de dólares. Un verdadero saqueo entregado en bandeja.

El secreto de este consenso entre Piñera y la oposición es preservar las ganancias de los empresarios y mantener el nexo de dependencia de la banca extranjera y la inversión extranjera. No hay fondos para las pequeñas empresas ni tampoco para los emprendedores, ni tampoco nada para las clases medias. Dejarán a cientos de miles de “emprendedores” (pequeños comerciantes o locatarios, negocios familiares) en la ruina, pues el capital buscará sacrificar negocios pequeños para reestructurar y concentrar empresas. Lo que economistas liberales llaman“destrucción creativa”. Y salvarán a las grandes empresas como discuten con Latam, mientras miles de trabajadores con sus familias quedan en la calle.

Los fondos saldrán del Estado y las grandes fortunas no pagarán nada, a pesar de continuar su acumulación durante los meses de pandemia. El empresario multimillonario Andrónico Luksic, cuyo grupo económico representa una fortuna acumulada de 15 mil millones de dólares, días después saludó la propuesta económica y el acuerdo con la oposición. Juan Sutil, también empresario, dueño de Empresas Sutil, que controla 6 empresas agrícolas cuyas ganancias superan los 271 millones de dólares anuales, también mostró su acuerdo con el pacto económico.

La tesis de que el desempleo se reducirá por medio de la acción del mercado laboral tiene muy poco sustento real. En marzo el gobierno ya destinó un plan de créditos blandos para grandes y medianas empresas pero lo que hicieron estas empresas fue pagar sus propias deudas en vez de reactivar la economía. Tal como muestra IMACEC las empresas se encuentran estancadas e incapaces de generar una reactivación a pesar de que éstas sean financiadas nuevamente por el Estado. El ministro Briones en una conferencia con el gremio empresarial SOFOFA a mediados de mayo les aseguró que la política fiscal se mantendría por la misma senda de otorgar mayor liquidez a las empresas, aportes que superan con creces los fondos que se están destinando a las familias. Y esos escasos fondos también podrían ser consumidos con más rapidez que lo esperado si aumenta la inflación y especulación por problemas de abastecimiento, fenómenos ocurrentes dentro de una crisis económica. La política de ayuda para los desempleados es una política para evitar que salgan a protestas, y dividirlos de los trabajadores activos que seguirán siendo golpeados, ahora por 24 meses.

Un plan productivo eficaz pasa por la reorganización económica y la clase trabajadora

El endeudamiento sólo generará mayor subordinación a las potencias extranjeras e hipotecarán la vida de múltiples generaciones de trabajadores en Chile por las siguientes década a costa del sufrimiento, la impotencia y el hambre. Cualquier medida responsable debe partir de rechazar el mecanismo de la deuda. Es falsa la idea de que “no hay recursos disponibles”. Los 10 grupos económicos monopólicos chilenos, la burguesía recreada por la Dictadura de Pinochet por medio de las privatizaciones, en total poseen una fortuna superior a los 36 mil millones de dólares. ¿Porqué a ellos no se les cobra nada? Todos ellos invierten en el extranjero, han despedido y pagan bajos salarios. Luksic en minería del cobre (dueño de Antofagasta Minerals y del Ferrocarril minero Antofagasta-Bolivia FCAB), Ponce Lerou en el Litio, Paulmann en el retail, Saieh en los servicios, Piñera con sus negocios en Latam, Angelini en la distribución de combustible, Salata en inversiones de capital, Yarur en los bancos y Matte en los recursos forestales y sus manufacturas derivadas. Una fortuna así de grotesca fue conseguida gracias a las privatizaciones y la explotación de sus trabajadores por más de 40 años. Un impuesto del 20% a esta fortuna podría sostener a todos los desempleados garantizando un salario de emergencia por trabajador de 500 mil pesos, cubriendo los gastos mínimos de una canasta básica familiar. A su vez es imprescindible una ley de prohibición de los despidos, para que los recursos inyectados vayan destinados a salarios y no a las arcas de los millonarios.

Pero esto sólo serviría para palear la emergencia ya desatada. Aunque necesaria no es una política que resuelva el problema económico de conjunto. Se requiere de un plan productivo mayor. La única manera de reactivar la economía al servicio de las mayorías pasa por ocupar estos recursos , hoy obtener empleo de emergencia por medio de un plan de obras públicas en donde se repartan las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, asegurando un sueldo mínimo de 500 mil pesos chilenos. Este plan requiere la nacionalización de los recursos naturales como el cobre o el litio que permitirían invertir recursos en reactivación productiva, la construcción de nuevas empresas estatales que reconviertan la producción hacia las necesidades de alimentación y salud.

Entre 2007 y 2017 el Estado de Chile regaló a la minería privada de cobre un total de 120 mil millones millones de dólares en ganancias netas según un estudio de economistas[4]. Y ese estudio sólo consideró a las primeras diez grandes empresas multinacionales: Anglo American Sur (cuya filial es Londres), Mantos Copper (otra firma británica), Los Pelambres (Antofagasta Minerals posee un 60% de esta empresa, y un 40% pertenece a capitales japoneses), Candelaria (Canadiense), Quebrada Blanca (20% japonesa), Escondida (60% de BHP Billiton australiano-britanica), Collahuasi Anglo (44% de Anglo Américan, 44% de Glencore con filial en Suiza, 12% Japonesa), Cerro Colorado (de propiedad de BHP Billiton), Zaldívar (50% Antofagasta Minerals y 50% Barrick Gold la empresa minera multinacional más grande del planeta) y El Abra (51% de la norteamericana Phelps Dodge).

El mismo estudio dice que si esos 120 mil millones de dólares no se hubieran repartido entre los accionistas extranjeros y se hubiesen ahorrado por el país e invertido como fondos soberanos, hubieran rentado un flujo anual equivalente a casi todo el gasto público en salud. Pudiendo haber multiplicado por dos toda la red asistencial para enfrentar la crisis económica que se inicia desde 2008 y que siempre los gobiernos trataron de palear con bonos a los trabajadores e inyección a empresas privadas, pero conservando el mismo esquema de saqueo de las multinacionales.

A su vez toda gran empresa que sea declarada en quiebra como Latam debe ser estatizada y puesta a producir por sus propios trabajadores, igualmente para empresas que mantengan la táctica de despedir en vez de emplear a trabajadores. Un plan de obras públicas permitiría resolver el problema de la construcción de viviendas y hospitales.

Según la Cámara Chilena de la Construcción, el déficit habitacional en 2017 alcanzaba las 739.603 viviendas para 2.2 millones de personas. El MINVU ubica las cifras en casi 400.000 unidades nuevas y 1.3 millones de viviendas que requieren mejoramiento. Es urgente la creación de una Empresa Pública de Construcción controlada por sus trabajadores como parte de un plan nacional de obras públicas. La constructoras son grandes especuladores que explotan y despiden a destajo. Se debe exigir que los comités de vivienda y sindicatos de la construcción accedan a la apertura de sus libros contables para demostrar que su interés no es el derecho a la vivienda. El movimiento de pobladores Ukamau plantea algo similar, sin embargo no resuelve la pregunta de dónde saldrán realmente los recursos, además que le dejan el control al Ministerio de Vivienda actual y dejan abierto que dicha empresa nacional podría ser mixta o privada[5]. Cuando la realidad es que los empresarios de las constructoras son los que más han desempleado y también se reparten las ganancias ante la incertidumbre de sus negocios. No hay otra forma que afectando las ganancias empresariales, nacionalizar y expropiar un sector estratégico de la economía. Esta empresa también tendría que elaborar un plan construcción de más hospitales y aumentar el presupuesto para los hospitales colapsados. Para aumentar la capacidad hospitalaria frente a la pandemia y mejorar el sistema educacional para que esté también pueda otorgar un plan de alimentación universal para todo los estudiantes escolares del país sin distinción. Este plan en general debe estar controlado por los sindicatos, asociaciones y organizaciones de trabajadores públicos y privados, comités de vivienda y juntas de vecinos para que realmente esté destinado a resolver las necesidades sociales de las mayorías y no engordar nuevamente la billetera de constructoras privadas o burocracias estatales.

¿Este plan de obras públicas como podría conquistarse? La brújula política de todos los partidos tradicionales, incluyendo el FA y el PC es el endeudamiento, para dejar intactos a los capitalistas y asumir los costos de una deuda ilegítima. Nuestra brújula debe ir en el sentido contrario. Pero advertimos que este camino sólo podría conquistarse con la lucha y la movilización de los trabajadores activos y desempleados, de la unidad con la juventud, los estudiantes, las mujeres y el pueblo mapuche, en unidad contra este gobierno y las fuerzas que lo sostiene, los grandes empresarios nacionales y extranjeros. Es imprescindible que los sindicatos, asambleas territoriales, comités de vivienda, juntas vecinales y centros de estudiantes discutan con urgencia el peligro del plan del gobierno y la urgente necesidad de un plan al servicio del pueblo.

Los capitalistas se resistirán y boicotearán esta perspectiva. No pueden tolerar, hasta el momento, un plan de obras que implique un uso gigantesco de inversión estatal para rescatar al pueblo y no a las empresas. Defender la vida, derrotar al hambre y disponer de una economía al servicio de las mayorías, cuestiones mínimas en este escenario global, a fin de cuentas sólo podrán conseguirse en Chile si los capitalistas son expropiados. Esto nos obliga a pensar ineludiblemente en el problema del poder: ¿son necesarios los capitalistas en la sociedad chilena? Un plan de obras públicas dirigido por los trabajadores: productores de la riqueza y los afectados por el capital, permitiría demostrar que los capitalistas no pueden garantizar ni lo más mínimo en tiempos de crisis y pandemia: el derecho al trabajo, a la vivienda, y a la salud. Es una pelea que abre la perspectiva hacia la necesidad histórica de una transición a otro modelo de sociedad.

Pie de pagina

1) IMACEC abril 2020. Disponible en: https://www.bcentral.cl/areas/estadisticas/imacec

2) JP Morgan. Disponible en: https://www.df.cl/noticias/economia-y-politica/laboral-personas/jpmorgan-cree-que-el-desempleo-en-chile-ya-bordea-el-20-producto-del/2020-06-02/153232.html
El INE manipula las cifras para esconder que hay una suma de desempleos progresiva. El 9% declarado por el gobierno no considera el efecto del confinamiento y las restricciones públicas para obtener un empleo.

3) Banco Central, primer trimestre 2020. Disponible en: https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/20/endeudamiento-de-familias-chilenas-alcanza-el-745-de-los-ingresos/

4) US$120 mil millones en 10 años: el regalo de Chile a la gran minería privada del cobre: https://ciperchile.cl/2017/01/10/us120-mil-millones-en-10-anos-el-regalo-de-chile-a-la-gran-mineria-privada-del-cobre/

5) Programa de Emergencia: Trabajo y Vivienda. Ukamau propone Empresa Nacional de Construcción, frente a la crisis económica
https://ukamau.cl/2020/06/03/programa-de-emergencia-trabajo-y-vivienda-ukamau-propone-empresa-nacional-de-construccion-frente-a-la-crisis-economica/