La crisis financiera que atraviesan las universidades privadas y públicas anuncia que cobra una nueva víctima, la U del Pacífico se suma al ex-Pedagógico, a la UPLA, a la Íberoamericana, entre otras, con una situación financiera insostenible.
Jueves 3 de enero de 2019
El día 5 de diciembre del 2018 el sitio web de la U. del Pacífico emitió un comunicado público reconociendo la crisis financiera que atravesaba la institución, cuestión que la tenía sin acreditación. En dicha declaración, firmada por Pablo Ortúzar, presidente del directorio de la universidad, se reconoce que la entidad ha adoptado medidas financieras como el factoring para financiarse, y además, declara que las reformas a la educación superior estigmatizan a las universidades privadas quitándoles financiamiento de la banca privada.
El factoring, en primer lugar, es una lógica empresarial a la que acuden los pequeños y medianos empresarios para que la banca privada entregue un porcentaje de dinero a la institución por cada factura a plazo que esta tenga, es decir, la U. del pacífico le entrega una factura por $10 millones a la banca privada que tiene plazo a 60 días y esta le entrega el 90% de su valor de inmediato a cambio de cobrar la factura en su tiempo debido y apropiarse del 10% restante.
El financiamiento a través de créditos bancarios es una de las lógicas de funcionamiento del sistema educativo chileno para universidades privadas y también públicas -el ex-Pedagógico, sin ir más lejos, tiene una deuda de apróx. $8000 millones a raíz del mismo método de autofinanciamiento con la banca privada y de la mala gestión administrativa, expresión misma de la educación de mercado-, además, cabe mencionar que la universidad es codeudora de la Fundación Julio Ortúzar Rojas por los créditos bancarios otorgados por los terrenos en los que están las inmediaciones de la institución y, al mismo tiempo, paga arriendo a la fundación por estos.
Esta situación de educación chilena, que no es aislada, demuestra cómo favorece el negocio educativo el sistema beneficiando a los empresarios, a los bancos y cobrando la factura finalmente a todos y todas las estudiantes que deben endeudarse -no olvidar que Piñera prometió un nuevo CAE- y pagar altas sumas de dinero por títulos que quizá nunca recibirán. Luego, también la pagan las y los trabajadores de estas instituciones, sean funcionarios académicos o no académicos, quienes deben cargar con las lagunas en sus cotizaciones previsionales y de salud y además, con los despidos que vendrán a causa de esta insostenible situación.
Esta crisis que tiene a más de 5 planteles educativo al borde de la quiebra y con muestras claras de inviabilidad financiera, como expresan informes incluso -la empresa Deloitte elaboró un informe financiero del ex-Pedagógico acusando la paupérrima situación financiera de la institución- es el resultado de las políticas educativas de la Nueva Mayoría que jamás se propuso atacar las bases del mercado educativo, por el contrario, perfeccionó el mismo sistema.
El problema profundo de la crisis que atraviesan universidades como el ex-Pedagógico, la UPLA, la U. del Pacífico, la Iberoamericana, entre otras, solo se soluciona cambiando la forma de financiamiento de la educación, atacando las bases del mercado educativo, eliminando las barreras del acceso a la educación y obligando al Estado a financiar integralmente a las universidades públicas para pagar las deudas que acarrean sin que sean las instituciones quienes deban hacerse cargo autónomamente de esta -con mayor inestabilidad y precariedad a estudiantes y trabajadores- y además, financiando sueldos, proyectos de infraestructura, de mejoramiento, de investigación, para que todas y todos quienes deseen estudiar tengan acceso gratuito e irrestricto a educación de calidad que les asegure estabilidad y continuidad de sus estudios sin excepción.
Y para las universidades privadas, como es el caso de la U. del Pacífico, que quiebren o que se pruebe que lucren y donde la comunidad organizada triestamentalmente así lo decida, la única solución es la estatización con cogobierno triestamental para garantizar que no se vuelva a administrar el mercado en las instituciones educativas para que profesores y funcionarios no pierdan sus puestos de trabajo, para que se paguen sus cotizaciones previsionales y de salud y para que los 2.600 estudiantes de la universidad estudien gratuitamente.
No es gratuito que la declaración emitida el 5 de diciembre ponga un énfasis en que las y los estudiantes están por sobre las demandas laborales de profesores y funcionarios. Conviene a las autoridades que los estamentos no debatan ni busquen organizarse triestamentalmente para enfrentar la crisis financiera educativa, porque aislados no pueden enfrentarla. Pero la unidad de los estamentos de las mismas instituciones, a la vez que la unidad de sectores de trabajadores, mujeres, estudiantes secundarios y universitarios, organizados y frenando en las calles esta insostenible situación puede permitir la transformación radical del sistema educativo.
Tamara Medina Linco
Estudiante de Castellano en el ex Pedagógico y militante de Vencer
