Opinión. Crisis en Venezuela: Claves de la negociación propuesta por México, Brasil y Colombia

Los bienes naturales de Venezuela y en especial sus reservas de petróleo -303,200 millones de barriles en 2024, las mayores del mundo- desataron y desatan las ansias de trasnacionales, del imperialismo estadounidense y de potencias como China y Rusia. Las elecciones del pasado 28 de julio azuzaron el fuego.

Luego de un proceso electoral profundamente antidemocrático, que incluye la proscripción de los opositores de la derecha y de las voces de izquierda -con el acuerdo entre Maduro y otros siete candidatos presidenciales que firmaron un pacto preelectoral de reconocimiento de los resultados de la votación y de legitimación del Consejo Nacional Electoral (CNE) como la única autoridad electoral competente- el fraude se hizo presente con la falta de presentación de las actas electorales en el país caribeño.

Aunque el (CNE) publicó un boletín después la medianoche del día de las elecciones, en el cual dio como ganador a Nicolás Maduro, y éste se proclamó vencedor, Edmundo González -del partido Mesa de Unidad Democrática, quien funge como representante de María Corina Machado, líder de Vente Venezuela (ambos partidos de la derecha venezolana)- reclamó la victoria. A partir de ahí siguieron movilizaciones espontáneas y populares el lunes 29 de julio en barrios considerados bastiones del chavismo- Edmundo González y María Corina habían declarado en la noche del domingo que no estaban llamando movilizaciones-, y a partir del martes las protestas ya fueron dirigidas por los partidos de la derecha.

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En este contexto, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colombia) y Lula da Silva (Brasil) salieron al ruedo. Los representantes de estos gobiernos que se inscriben en los progresismos tardíos, el 31 de julio en una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) se abstuvieron de votar la resolución de exigir la publicación inmediata de las actas al CNE.

Posteriormente, a través de sus cancilleres, los gobiernos de López Obrador, Petro y Lula propusieron una negociación entre Maduro y Edmundo González, sin María Corina Machado, pues su inclusión no sería aceptada por el actual presidente venezolano, y además llaman a respetar la soberanía venezolana.

A su vez, estos gobiernos cuestionaron que Estados Unidos reconociera como triunfador a Edmundo González, ante lo cual, desde la Casa Blanca aclararon que no lo reconocen como presidente electo. “Todavía no estamos en ese punto (de reconocerlo como presidente). Estamos en estrecho contacto con nuestros socios en la región, especialmente Brasil, México y Colombia, para encontrar un camino a seguir”, declaró el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Estados Unidos ante su patio trasero

Las turbulencias de la situación internacional hacen muy complejo el panorama para que Estados Unidos busque intervenir directamente -el sueño guajiro de la líder golpista de la derecha-. Esto es especialmente cierto en este momento, cuando gran parte de la población estadounidense se opone al envío de ayuda a Israel y cuando la guerra en Ucrania -que ha dejado muy cuestionado al gobierno de Biden- sigue su curso. Apenas este martes 6 de agosto, el Washington Post dio a conocer una encuesta nacional del Chicago Council on Global Affairs que indica que 55 % de la población estadounidense se opone a enviar tropas a Israel si es atacado por países vecinos.

Mientras sigue la competencia entre el imperialismo estadounidense y China en el terreno tecnológico y comercial, el gigante del norte se prepara para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, la carrera entre el partido republicano y el demócrata se ha exhibido en toda su decadencia: Trump, el ultraderechista convicto, y Biden, el actual presidente con signos de deterioro físico y mental. El ataque contra Trump -con todas las especulaciones que concita- precipitó los acontecimientos: el Partido Demócrata cambió a Biden por su vicepresidenta Kamala Harris, pero la crisis no está cerrada.

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En el plano económico, PDVSA y Chevron, que poseen cuatro empresas mixtas en Venezuela, exentas de sanciones -lo cual les permite comercializar el petróleo internacionalmente-, y productoras de unos 200,000 barriles por día (bpd) de crudo, en junio pasado buscaban extender el contrato de Petropiar, una de esas empresas, en la Faja del Orinoco hasta 2047.

La crisis migratoria constituye otra arista de la grave situación que atraviesa Venezuela: hasta abril de este año 7.7 millones de personas abandonaron su país en busca de una vida mejor. Aunque no todos migraron hacia Estados Unidos inicialmente, muchos están tratando de viajar a ese país luego de estar un tiempo en otras naciones. Para 2021 según el Pew Research Center alrededor de 621 mil personas de origen venezolano residían al norte del Río Bravo. El flujo de extranjeros es uno de los tópicos de la campaña electoral y mientras el Partido Republicano agita las banderas de la xenofobia, el gobierno de Biden ha continuado las políticas antimigratorias de Trump.

En este contexto complejo, la Casa Blanca primero reconoció el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones venezolanas y la resolución de la OEA que mencionamos arriba, para luego aclarar que aún no lo reconoce como presidente electo, y manifestó su respaldo a la propuesta de negociación de México, Colombia y Brasil.

Lo cierto es que sin salida negociada en Venezuela, se puede profundizar la crisis política, económica y social, y eso al imperialismo y las trasnacionales les dificultaría la expoliación de bienes naturales del territorio venezolano.

El rol de Brasil, Colombia y México

La mediación de los tres gobiernos “progresistas” más importantes de América Latina se proponen un rol más protagónico en la arena internacional a partir de convencer a Maduro de ir hacia una transición “democrática” ordenada. Al decir de Francisco Rodríguez, columnista de The New York Times, los movimientos políticos de los mandatarios de Brasil, Colombia y México “fueron en parte inspirados por Chávez, son los que mejor pueden transmitir a los aliados de Maduro que pueden recuperar el legado de su movimiento ayudando a construir una salida al actual impasse político del país”.

La salida negociada que proponen los gobiernos de México, Colombia y Brasil busca concretarse por arriba, a espaldas de la clase trabajadora y los sectores populares. Sus gestiones diplomáticas tienen como objetivo conciliar los intereses de un régimen político profundamente autoritario, represor y hambreador -con Maduro el salario mínimo en Venezuela se redujo a menos de 4 dólares mensuales y se mantiene congelado, con un inflación anual de 62 % hasta julio -, con una derecha que busca capitalizar el descontento social para imponer una agenda profundamente reaccionaria, uno de cuyos pilares es la privatización de la industria petrolera, la reforma del Estado, y facilitar un nuevo salto en la expoliación de los bienes comunes naturales para garantizar los intereses del imperialismo estadounidense en la región, todo lo opuesto a los intereses de las mayorías populares.

El caso de López Obrador en México es paradigmático. Busca mostrar al país como “soberano”, pero su gobierno sigue subordinado a la política de Estados Unidos, como se ve con el despliegue de la Guardia Nacional como patrulla fronteriza, su sumisión ante el T-MEC (la modernización del TLCAN) y sus últimas negociaciones, los Polos de Desarrollo para reorganizar el sur del país, con megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. López Obrador apuesta a la vía negociada en el marco de que por mucho tiempo fue aliado del gobierno venezolano -algo que criticaba la derecha mexicana acusándolo de “socialista”- porque defiende el proyecto del chavismo.

Los puntos de contacto entre la Cuarta Transformación y el chavismo se pueden ver en el Estado como rector del sector energético, lo cual se ve tanto en el apoyo a Pemex como en su reforma eléctrica, para que quede en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la mayoría de la producción de energía, y con el impulso de la democracia participativa a través de consultas populares y mecanismos con puntos de contacto con los “Consejos Comunales” (CC) convierte a las y los dirigentes y líderes barriales en gestores de proyectos ante el Estado y “funcionarios” del mismo ante las masas, con programas para administrar pequeños presupuestos como la Escuela es Nuestra o los Comités de Salud.

Y también se ve en la militarización, entendida ésta como un proceso de securitización al convertir cuestiones de índole social, económica o política en asuntos de seguridad nacional, con la creación de la Guardia Nacional, y la encomienda al Ejército y la Marina de tareas de seguridad pública, de realización de megraproyectos como el Tren Maya, la administración de puertos, aeropuertos y aduanas, la construcción de los Bancos del Bienestar y la distribución de vacunas durante la pandemia de covid-19, entre otras medidas que le dieron un gran poder a las fuerzas armadas en México.

Aunque la relación que se construyó entre el chavismo y las fuerzas armadas tiene otra génesis – éste emerge históricamente, en 1992, como un movimiento encabezado por un ala nacionalista del ejército, que se enfrenta a un ala distinta- y el gobierno de López Obrador no tiene el carácter represivo y autoritario que alcanzó Maduro, ni no llegó a poner militares en altos cargos públicos, como sí hicieron Chávez y Maduro -hoy 14 de 33 ministerios en Venezuela están encabezados por militares activos o retirados-, el mandatario mexicano basado en su gran prestigio ante las masas, no solamente le dio poder al ejército en los asuntos públicos, sino que tuvo una política sistemática para recomponer la legitimidad de las instituciones castrenses responsables de masacres, ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas a través de repetitivos discursos de que el ejército es pueblo uniformado.

Señala Milton D’León en uno de sus artículos sobre la situación en Venezuela “En cierta manera, se operó, utilizando una categoría de Gramsci, una forma de ‘Estado integral’ o ampliado, pero con la particularidad propia de un país semicolonial, más “coyuntural”. Esto, dado por la dependencia de las coyunturas económicas, que cuando son favorables permiten desarrollar políticas sociales y económicas para ampliar su base de apoyo, y cuando le son adversas opera la restricción, debilitándose esas ramificaciones estatales en la sociedad”. Una definición que también se puede aplicar al gobierno de López Obrador.

Final abierto

Aún no está claro el devenir de la crisis venezolana. Es un panorama desolador para el pueblo de ese país, pues las alternativas que tienen ante sí son la continuidad de un gobierno “cuasi dictatorial”, que despliega la represión para evitar que se exprese el descontento social por la pobreza y la precariedad en la que viven la clase trabajadora y los sectores populares o que asuma el gobierno la derecha golpista encabezada por María Corina Machado, admiradora del presidente argentino ultraderechista Javier Milei, y fiel servidora del imperialismo estadounidense, que anhela con vehemencia ser la campeona de las privatizaciones de todas las riquezas de Venezuela.

Antes de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, Michael Roberts, economista marxista, publicó “Los economistas procapitalistas de derecha nos dicen que Venezuela demuestra que el ‘socialismo’ no funciona. Pero la lección de la historia de Venezuela en el siglo XXI no es el fracaso del ‘socialismo’, sino el fracaso en poner fin al control del capital en un país capitalista débil (y cada vez más aislado) con aparentemente un solo activo, el petróleo”.

Efectivamente, en Venezuela no hay fracaso del socialismo, porque el chavismo y su continuación, el gobierno encabezado por Maduro, siempre mantuvo las relaciones capitalistas de producción. Lo que fracasó en Venezuela es el proyecto de un Estado semicolonial como agente negociador con trasnacionales, con el imperialismo estadounidense y con potencias capitalistas como Rusia y China, sin romper la subordinación al gran capital, mostrando cómo no se defiende la soberanía del país.