Bolivia. ¿Crisis en el Banco Fassil? Los banqueros siguen lucrando mientras miles de ahorristas exigen acceso a su dinero

Desde la segunda quincena de marzo se registran largas filas de ahorristas afuera de las agencias del Banco Fassil intentando retirar sus depósitos. En La Paz el retiro de ahorros fue limitado entre 3.000 y 10.000 Bs (es decir, entre 430 a 1.430 dólares aproximadamente) según la agencia (Página Siete 14/03/2023). El 17 de abril el Banco suspendió “temporalmente” el servicio de tarjetas de débito y crédito en transacciones nacionales e internacionales, “debido a la desestabilización que ha surgido en este último mes” según indica su nota de prensa.

La crisis del Banco Fassil estalló en medio de una falta de divisas en el país que avizora ataques al salario y las condiciones de vida. La especulación mediática nacional e internacional en torno al motivo de la evidente falta de liquidez del Banco Fassil y el impacto que podría tener en la economía se refleja en titulares sensacionalistas, como el de La República del Perú que habla del supuesto ‘cierre’ del banco que habría causado caos en el país, mientras los ahorristas del Banco Fassil han empezado a movilizarse exigiendo el acceso a sus depósitos.

Los indicadores financieros de este banco, publicados por la ASFI (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) el 31 de marzo de 2023 demuestran un coeficiente de adecuación patrimonial (CAP [1]) del 11,82% que está por encima del 10% requerido y está dentro del rango normal de los bancos, esto significa que el banco tiene el patrimonio suficiente para poder respaldar sus transacciones. Por otro lado, el índice de liquidez (IL [2]) que por compromiso del propio banco debiera estar por encima de los 40% en este momento se encuentra en 18,67%. Esto significa objetivamente, que, si bien el banco tiene un patrimonio suficiente para respaldar su solvencia, no tiene liquidez para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Cabe notar que en los informes presentados ante la ASFI desde abril de 2022 el índice de liquidez del banco ya se encontraba por debajo del compromiso asumido por éste, pero en menor medida.

Mientras el índice de liquidez del banco se encuentra muy por debajo de los compromisos asumidos, el grupo financiero SCFG (Santa Cruz Financial Group) del que forma parte el Banco Fassil no sólo se consolida, sino que se amplía y se diversifica, con empresas financieras, como una agencia de bolsa, administradora de fondos de inversión, aseguradora, administradora de activos, así como empresas de servicios, de bienes raíces, de tecnología, de educación y de marketing [3]. El Banco Fassil no tiene dinero para cumplir con los ahorristas, pero tiene dinero para invertir en la creación de nuevas empresas para su grupo financiero.

Este grupo financiero agrupa entre sus accionistas y directivos, en distintas medidas a sectores claves de la burguesía cruceña, entre ellos el expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Barbery Paz, a Industrias Oleaginosas S.A. de la familia Pedrotti-Marinkovic, al Grupo Nacional Vida ligada a la familia del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. Llama la atención que el 19 de abril el grupo financiero decidiera emitir 153.000 nuevas acciones con un valor de 1.000 Bs. cada uno, las cuales se ponen a disposición de accionistas actuales en un primer momento y podría incidir en cambios importantes en la correlación de fuerzas dentro de la dirección del grupo, en un contexto de disputa interna, reconfiguración y reagrupación de los espacios de poder de la burguesía cruceña.

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Ante el anuncio del Banco Fassil de inhabilitar el pago por tarjetas de débito y crédito, el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yucra, ha indicado que “esos ahorros no van a hacer perjudicados, no va a ver ni un solo boliviano que esté corriendo peligro en sus ahorros, aquí vamos a asegurar que las entidades tengan condiciones para poder asumir las obligaciones correspondientes” (18/04/2023). La ASFI además recordó que el Banco Fassil al igual que todas las entidades de intermediación financiera se encuentran sujetas a la supervisión y el control de la entidad estatal, y que se podrían aplicar sanciones en su contra.

Luego de la reunión del gabinete ampliado, del 22 de abril, el vocero presidencial Jorge Richter volvió a plantear que ante la iliquidez del banco este debería monetizar sus propiedades, y recalcó que la Ley de Servicios Financieros (N° 393) garantiza a los ahorristas sus depósitos ante cualquier eventualidad. Sin embargo, estas garantías a las que hace mención el gobierno, se basan en el encaje legal, es decir un porcentaje de la cartera que cada banco debe depositar en el Banco Central (BCB) como respaldo.

En 2016 el encaje legal de moneda extranjera era del 66,5% y de moneda nacional era el 12%, tanto los gobiernos del MAS como el régimen golpista, a solicitud de la Asociación de Bancos Privados (ASOBAN) han rebajado consistentemente el encaje legal, y en este momento se encuentra en 5,5% para moneda nacional y en 10% para moneda extranjera. A partir de febrero de 2023 el BCB suspendió temporalmente la necesidad de encaje legal para dólares para mitigar la falta de divisas en el sistema financiero. Esta política posibilita menor control estatal y mayor especulación de los banqueros, cada vez es menos la garantía real que brindan sobre su cartera de depósitos.

El papel de la ASFI ante la crisis del Banco Fassil deja en evidencia la esencia de la política del MAS-IPSP de dar rienda suelta al crecimiento del sector financiero, que entre 2006 y 2021 creció en un 456%. El marco legal de la Ley N° 393 además deja intactas las reformas neoliberales de 1993, que asigna atribuciones que eran del Banco Central al sector privado, como el manejo de la Cámara de Compensaciones y Liquidaciones y la administración de tarjetas de crédito. Las entidades financieras privadas se regulan a sí mismas, y tienen el poder discrecional de ‘bajarle la palanca’ a sus competidores e impedirles acceso a determinados servicios, facilitando la consolidación monopólica. Un ejemplo claro de centralización de capital es el Banco Mercantil Santa Cruz (BMSC) que ha absorbido otras entidades financieras como la Mutual La Paz y el Banco Los Andes, como mecanismo de resolución de problemas establecido en la misma ley.

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Los banqueros durante la pandemia sanitaria no quisieron respetar la ampliación de pagos de los créditos de decenas de miles de familias trabajadoras, y junto a la ASFI tuvieron que ser obligados por el Tribunal Constitucional a respetar esta medida. Han gozado de condiciones preferenciales durante los gobiernos del MAS para crecer de forma inédita con un mínimo de control estatal. El gobierno del MAS en lugar de tomar medidas concretas para garantizar los derechos de las y los miles de ahorristas, aún aguarda una solución de mercado, demostrando una vez más su política pro-empresarial.