Sábado 12 de agosto de 2023
Este jueves 10 de agosto, los concejales de Apruebo Dignidad convocaron a un concejo extraordinario, invitando a la Delegación Presidencial Regional y Seremis, para discutir los avances de las medidas acordadas entre las autoridades locales y su cumplimiento luego de meses de ser discutidas. Es interesante mencionar que, en palabras de Waldo Valderrama del PC, no invitaron al gobernador Ricardo Díaz por su buena gestión. Al parecer no había nada que rendir a la comunidad públicamente.
La sesión partió con una rendición de dos puntos principales por la alcaldía y su equipo: el cierre con panderetas del terreno de 71 hectáreas que estrictamente corresponde al municipio y la contratación vía licitación de guardias para ese perímetro.
Por su parte, la SEREMI de Gobierno en representación de Karen Behrens del PS, abogó por los operativos de aseo y desalojo de tomas como sus ejes principales de trabajo.
Pero se habló muy poco del fondo del problema sobre el vertedero y las montañas de basura, es decir, la necesidad de un Plan de Emergencia, Remediación y Recuperación que avance a construir un relleno sanitario y nuevos planes de obras públicas en el sector, dirigido por los trabajadores y las comunidades. A pesar de que la Secretaría Comunal de Planificación ha solicitado en 3 oportunidades al concejo recursos que suman alrededor de $400 millones para financiar el estudio de prefactibilidad, esto es, para investigación, que se ha puesto antes de la acción, que aunque es necesaria, ha pasado a un segundo plano.
Es una vergüenza que a 8 meses de los mega incendios del basural que llevaron a decretar alerta sanitaria para la comuna de Antofagasta (la que más recursos recibe a nivel nacional) se siga en un mezquino peloteo entre el gobierno llamado “ecologista” del Frente Amplio y el municipio, donde solo se fragmenta el problema medioambiental, sanitario y educativo, y que en ningún caso se mencionó el gran negociado que es la basura en la comuna.
En informe de Contraloría N°85 de octubre de 2022, se da a conocer que una empresa llamada Servisab SpA sostuvo un trato directo por $1655 millones con la Municipalidad para realizar operativos de aseo en el perímetro municipal del Vertedero desde fines de 2019 hasta junio de 2021. Y a pesar de diversas faltas del trato, no contar con inspector técnico de servicio, que la empresa no presentara boletas de garantía ni seguro de responsabilidad civil o incluso pagos mayores a lo contratado, la municipalidad no aplicó sanciones establecidas en los contratos, multas ascendentes a un total de $294.964.732.
Con esto se evidencia el desinterés del municipio en mejorar las condiciones del sector del exvertedero más allá de pagar miles de millones para tratar de mantenerlo a raya. Cosa similar vemos con DEMARCO, que al no haber firmado contrato cometió faltas que no pueden ser sancionadas, sin contar con las multas de $5.000 millones que están judicializadas.
En cambio, quienes pagan los costos del abandono del Estado y sus instituciones es la comunidad del sector norte, lo que es indignante en una región donde se privilegian los grandes negocios de las mineras y las trasnacionales y no les importa la vida de la gente. Es la marca de una zona de sacrificio.
Además, en la reunión estuvo presente la rectora del colegio Netland, denunciando la constante emergencia sanitaria que se expresa en reiterados casos de intoxicación (consultas en enfermería por dolor de cabeza y náuseas) y haciendo un llamado a la movilización del sector norte de la ciudad para este sábado 19 de agosto.
Me parece que el llamado a la movilización es importante, pero tiene que ser coordinada para exigir los pasos a seguir en un plan organizado, junto a los recicladores que el alcalde nunca ha escuchado, junto a los estudiantes, a universidades y especialistas que a nivel nacional cuenten con las herramientas técnicas para dar respuesta a esta emergencia sanitaria, junto a las y los vecinos que ya viven en el lugar así como a los comités de vivienda de vecinos que vivirán allí según la planificación de Serviu, que insiste en seguir construyendo alrededor de las quemas.
Se necesita una gran asamblea de coordinación junto al Colegio de Profesores el sindicato de recicladores y el de recolectores, los trabajadores de la Salud y la Construcción, junto a las distintas agrupaciones de vecinos y agrupaciones medioambientales. Porque la pelea no se termina con lo urgente de que es ponerle fin a las quemas, sino con la recuperación y remediación del espacio y la discusión democrática de como poner esas 71 hectáreas al servicio de la población, pensar cómo solucionamos el problema de la vivienda, y detener los nuevos focos de cáncer que se instalan a kilómetros de la comunidad, como es la minera Comahue, que amenaza la Reserva Nacional de La Chimba y a la población del sector norte.
Las comunidades educativas ya han dado muestra de cómo exigir respuestas al Estado que mantiene en abandono las necesidades de las amplias mayorías, coordinando estudiantes apoderados y trabajadores en torno a sus demandas. Esto debe hacerse extensivo para que no sigan decidiendo las autoridades de turno en pequeñas rencillas de quien ha hecho más o menos.
Necesitamos un plan de remediación y recuperación 100% financiado por el Estado, organizado y dirigido por una mesa interprofesional donde participen especialistas, las universidades, representantes de los vecinos, agrupaciones de pobladores, el sindicato de recicladores, los trabajadores de la educación y la salud para llevarlo adelante y abrir la discusión a la comunidad de cómo recuperamos esas 71 hectáreas para ponerlas al servicio de necesidades de las grandes mayorías obreras y populares de Antofagasta. Basta de saqueo, contaminación y extractivismo.
