Estas últimas semanas en Santiago, han ocurrido una serie de hechos que profundizan la crisis económica educación. Dos universidades privadas aplicaron profundas re-estructuraciones dentro de su estructura de funcionamiento, afectando a sus comunidades educativas sin consulta alguna.
Sábado 26 de enero de 2019
El modelo educativo en Chile se encuentra en una profunda crisis luego de los cierres de la Universidad ARCIS, Universidad del Mar, Universidad Iberoamericana; ahora se suman modificaciones arbitrarias en la Universidad Los Leones y en la Universidad Central. Respecto a la primera, este año 2019 se anunció que no habría posibilidad de abrir nuevos cupos para estudiantes que quieran comenzar carreras de pregrado, ya que según sus autoridades se está llevando a cabo una “re-formulación general de su proyecto académico”. Por su parte la Universidad Central, hizo un cambio logístico de envergadura, el cual consiste en reducir sus facultades de nueve a cinco respectivamente. Esto con el objetivo de mantener el proyecto educativo “en el largo plazo” y optimizar “la calidad de la docencia, gestión, investigación y uso de recursos”. Todo esto en el marco de la nueva ley de Educación Superior, la cual fue impulsada por la Nueva Mayoría en los marcos del neoliberalismo.
Estos cambios son realizados por un lado, en la entrada en vigencia de la nueva ley de “educación pública” donde desde el 2020, se comenzarán a fortalecer las exigencias para la acreditación, que según la reforma sería “incorporar exigentes estándares académicos para las universidades", y dentro de otras exigencias están los años de acreditación acorde a la obtención de la gratuidad, estas medidas serán obligatorias para las universidades, a su vez se implementará la Superintendencia de Educación Superior, pero esto en mayo del 2019. El objetivo de esta institución seria fiscalizar a los planteles educativos en todas las áreas, incluyendo finanzas, de ahí que las universidades anteriormente nombradas hicieran la “revisión”, proceso recién iniciado por el Ministerio de Educación, que traerían serias complicaciones para las instituciones de educación superior que no cumplan con los “estándares de calidad” como ha ocurrido en los masivos cierres, donde los más afectados son trabajadores y estudiantes.
Ante estos hechos, el jefe de Educación Superior (Divesup) Juan Eduardo Vargas, comenta que “no podemos aventurar cual será el escenario, sin embargo, dadas las mayores exigencias y costos involucrados, no se puede descartar nuevas reestructuraciones o cierres de admisiones de otras”.
Según el director del Centro de Justicia Educacional (CJE) este fenómeno se verá con especial énfasis hacia el 2021 y por los próximos 8 años, afectando no solo a universidades, sino también a Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT). A su vez añade que estos años serán de bastante incertidumbre, donde lo directivos tendrán que tener un dialogo fluido, ya que se modificará la estructura de los planteles educativos, donde frente a la falta de información, se profundizara el disgusto y el malestar entre trabajadores y estudiantes, que ven cómo el modelo educativo los afecta directamente. Por su parte, Alfonso Muga, presidente de la comisión nacional de acreditación (CNA) plantea que le preocupa "especialmente la situación de las instituciones no acreditadas, que se verán enfrentadas en forma inminente a un proceso de carácter obligatorio bajo nuevos criterios y estándares”. Por lo cual menciona que las universidades "inicien pronto un entendimiento mayor sobre los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la forma en que estos se expresan".
El problema de fondo, es la educación de mercado
Tanto el gobierno de la derecha neoliberal de Sebastián Piñera, como el anterior de la ex Nueva Mayoría coinciden en que la educación continúa siendo un bien de consumo, y a su vez que el rol del Estado, debe ser garantizar mayor subsidios a los privados para que estos puedan mantener sus “proyectos educativos” a costa del endeudamiento, las altas sumas arancelarias, la precarización laboral de miles de trabajadores que estos planteles de estudio tampoco les dan ninguna garantía. Esta forma de comprender la educación, choca directamente con la lucha de miles de estudiantes que protagonizaron en las calles desde el 2011 la lucha por una educación gratuita.
La reforma educativa aplicada por la ex Nueva Mayoría comienza a mostrar sus límites, donde ahora los empresarios de la educación para mantener sus negocios activos llegan a medidas tan violentas como reestructurar arbitrariamente las sedes, como ocurrió en la Universidad Central, acto autoritario que demuestra que los rectores y las juntas directivas ocupan las universidades para su beneficio personal y poder acrecentar sus ganancias.
Este 2019 es necesario que el movimiento estudiantil retome la lucha por una educación gratuita, 100 % financiada por el Estado sin subsidio a los privados, donde las decisiones tanto en materia académica, financiera y administrativa pasen por la comunidad, a través de un Co-gobierno estudiantil y se construya la triestamentalidad efectiva, donde sean éstas mismas quienes decidan el futuro de las instituciones. Además, es necesario cuestionar los “estándares de calidad”, ya que estos responden al modelo educativo impuesto a sangre fría por la dictadura y que ni siquiera el Frente Amplio con su amplia bancada ha cuestionado, de hecho lo han profundizado manteniendo intacta la reforma neo-liberal en curso.
