Transición energética. Crisis energética, falsas soluciones y dependencia

Años de denuncias, asambleas, acampes y más acciones dieron sus frutos, vecines y activistas ambientales lograron que las dos termoeléctricas, conocidas como Matheu II y III, ubicadas en la Ruta Provincial 25 y la calle Alborada en Villa Rosa (Pilar) y Matheu (Escobar) fueran clausuradas.

Desde el mes de julio, la central Matheu II de Villa Rosa comenzó a ser desmantelada por incumplimiento de medidas ambientales.Les vecines, están preocupados porque no saben si la empresa propietaria, APR Energy, hará algo por el estado del sitio, como remediación ambiental.

Imagen agradecimiento Erica Gardiol.

Las centrales termoeléctricas estaban clausuradas desde el 16 de agosto de 2020 cuando la Justicia ordenó su cierre preventivo. Ambas usinas termoeléctricas son controladas por las empresas Araucaria Energy y APR Energy, que son propiedad del empresario José Luis Manzano y del holding multinacional Atlas Corp respectivamente. Manzano, amigo de Massa…
Las organizaciones ambientalistas Asociación Civil JUVEVIR, el grupo “1810 Vecinos Unidos por Pilar” más varios vecinos y vecinas a título personal, con el apoyo de la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, y los abogados Fabián Maggi y Gustavo Madeira llevaron a cabo las denuncias contra Araucaria Energy SA y contra APR Energy SRL.

Tras denuncias el juez federal de Campana, Adrián Charvay, había frenado la puesta en marcha de las generadoras Matheu II y III y la Cámara Federal de San Martín ratificó la decisión.

Finalmente ADA (Autoridad del agua de la Provincia), el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y el municipio de Pilar tuvo que clausurar las centrales termoeléctricas. Tanto el actual intendente de Pilar, Federico Achával, como el de Escobar, Ariel Sujarchuk, ambos del Frente de Todos, intentaron adjudicarse el mérito de la clausura lograda exclusivamente gracias a la lucha de les vecines y sus organizaciones. El ex-intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Juntos) había promovido una Ordenanza mediante la cual se establecía la rezonificación del área, de zona residencial a industrial de categoría 3, oportunamente para favorecer la instalación de las termoeléctricas.

Pero, a pesar de las críticas que había efectuado a esta Ordenanza mientras era oposición, cuando Achával asumió no derogó aquella modificación.

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La clausura se basó en «la existencia de ruidos molestos, (Entre las dos, tienen una potencia de 500 MW). falta de evidencia de pruebas actuales de equipos a presión, depósito inadecuado de residuos especiales e incumplimiento de las condiciones establecidas en un Certificado de Aptitud Ambiental».

A esto se suma el hecho de que las plantas utilizan cinco millones de litros diarios del acuífero Puelche lo que representa un riesgo a la disponibilidad de agua potable, teniendo en cuenta el alto porcentaje de la población de Pilar y Escobar que se abastece a través de perforaciones.

Instalaciones sin evaluaciones de impacto ambiental correspondiente, ni consulta o audiencia pública previa con les habitantes, son historia conocida en los distritos de Pilar y de Escobar, como ocurre con las obras de barrios cerrados, rectificación del Río Luján, etc.

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El uso de la energía

El 66% de la energía eléctrica que usamos en Argentina proviene de centrales termoeléctricas o térmicas que queman combustibles fósiles. Se utiliza la energía química de los hidrocarburos al quemarlos, para calentar agua a vapor y accionar turbinas que producen electricidad. Las centrales más viejas son a carbón como la de San Nicolás, pero otras utilizan combustibles de hidrocarburos líquidos o gas natural. Las termoeléctricas de Pilar y Escobar podían funcionar con estos dos últimos combustibles.
Además de los problemas locales ocasionados, otro problema relacionado al uso de combustibles fósiles, es la generación de CO2, metano y otros gases que en la atmósfera contribuyen al aumento de la temperatura global, provocando el efecto invernadero.
Pese a haber participado en la COP26 en el 2021, el gobierno sigue apostando por el uso de combustibles fósiles y subsidiando las empresas petroleras como en Vaca Muerta, o los proyectos de plataformas Off Shore.

Si consideramos no sólo la energía eléctrica, sino también combustibles, transporte, maquinarias, industrias y uso doméstico, el 92 % de la energía que utilizamos en Argentina proviene de hidrocarburos, de origen fósil. El más utilizado es el gas, 52 %, el segundo es el petróleo 32 %, y sólo el 11,3 % proviene de otras fuentes como nuclear, biocombustibles, hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica.

Imagen agradecimiento Observatorio del Petróleo.

En cuanto al consumo, el principal energívoro es el transporte, no tanto el de personas, sino el de mercancías, esto es debido a que los camiones utilizados son menos eficientes en utilización de la energía que el sistema ferroviario. Sin embargo, poco es transportado por ese medio ya que ha venido siendo desmantelado, principalmente durante la época del neoliberalismo Menemista (documental “La próxima Estación” Pino Solanas - Gustavo Damián González) provocando un mayor consumo de energía y uso de autopistas. Le siguen en consumo, el uso residencial e industrial.

El uso de energía no es para nada equitativo, tenemos enormes diferencias de consumo y gran cantidad de gente con instalaciones precarias, que producen accidentes y muertes de personas por no tener acceso a fuentes seguras.

Además, en el gobierno de Menem, se produjo una mayor liberalización del sistema energético, la energía fue entendida como un commodity, como una mercancía. Se liberó el recurso para las empresas privadas, se privatizó YPF, y empresas extranjeras comenzaron a explotar el recurso.

En 1996 el 41% del crudo nacional era exportado, lo que genera una falta de disponibilidad en las décadas siguientes. A fines de los 90, hubo un decrecimiento de la extracción de petróleo y a principios de los 2000 decrece también la extracción del gas.

A partir de este siglo, ya no hubo recursos disponibles en el país para alimentar la demanda nacional, comienza la importación de gas, de Bolivia y en buques de GNL desde distintas regiones. Los buques llegan a los puertos regasificadores de Bahía Blanca (inaugurado en 2008) y Escobar (2011), este último violando normas internacionales de seguridad.

En 2021, el 20 % del gas que se consumió fue importado (Observatorio del Petróleo Sur https://opsur.org.ar/). Desde que comenzó la explotación de Vaca Muerta, la extracción de hidrocarburo (esta vez de origen no convencional, mediante fracking) creció mucho, pero no alcanza para el consumo del país, sobre todo por problemas de transporte y la necesidad de un gasoducto.

Las desigualdades que produce la dependencia de los hidrocarburos es alarmante. El sistema es deficiente desde el punto de vista energético y económico. La energía debe ser considerada un derecho humano, no una fuente de lucro capitalista.

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Necesidad de transición energética

La dependencia del gas y del petróleo de Argentina no la cambió ningún gobierno, sin embargo el uso de la energía es más un tema político que técnico, ya que en nuestro territorio tenemos un enorme potencial de utilizar diferentes y diversas fuentes de energía.

Las decisiones energéticas en Argentina las hacen los gobiernos con la gente afuera y los representantes de las empresas petroleras dentro.
Se deja afuera también las consideraciones de impacto ambiental o se toman sólo de manera “educativa”. El debate energético no es nada democrático y está totalmente cooptado por las empresas privadas.

Si bien podemos ver la aparición de proyectos de energías renovables en algunos lados, se llevan a cabo con la lógica privatista, neoliberal y corrupta como en el anterior gobierno de Mauricio Macri.

Esto también genera problemáticas socioambientales, desde la lógica del capital, en donde se prioriza la obtención de divisas, o las ganancias capitalistas, siempre habrá grandes lugares de extracción o zonas de sacrificio, en donde no importa qué o quiénes estén en esas zonas.

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El entendimiento del modelo energético por más que sea de energías renovables, desde el punto de vista del capital, no resuelve los grandes problemas ambientales.
No basta con preguntarnos qué tipo de energía queremos, sino también qué tipo de sociedades queremos, cómo y para qué queremos la energía.

En nuestra respuesta debemos considerar una distribución equitativa, un consumo razonable, democratizado, intentamos ahorrar energía en nuestras casas pero una sola mina de cobre consume más energía que toda una provincia.

Se debería llegar transicionalmente al autoabastecimiento de zonas más pequeñas, eso reduciría el enorme consumo en transporte, cableado o ductos. Se debe plantear la matriz energética desde la relación producción consumo, medir cuánto se necesita y cuánto se produce.

Se necesita llevar a cabo la transición energética de manera democrática, bajo gestión y control de les trabajadores del sector, con la participación de la población de los territorios y técniques y científiques de las universidades.