Hace unos días el presidente de Unesa, la patrona de empresas de energía, nos sorprendió con una “clase magistral” sobre lo que es la pobreza. Eduardo Montes decía "En España no hay un problema de pobreza energética sino de pobreza y punto".
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Sábado 1ro de noviembre de 2014
De esta forma, trataba de evadir la gran preocupación social de cada año, cuando comienza el invierno: ¿cómo harán las familias más empobrecidas para pagar las facturas de energía? Algo que a Montes no debe preocuparle con todos sus millones, ya que en su casa no faltará nada.
Nuevamente sube el precio de la electricidad a las puertas del invierno, ahora un 11%. España es uno de los países de la UE que tienen el coste más caro de la luz. Como si fuera poco, unas 200.000 familias ya no pueden gozar de los pequeños beneficios de disponer del bono social. En 2012 1,2 millones de hogares afrontaron cortes de luz por impago de sus facturas.Y, según un informe de la Asociación de Ciencias Ambientales, el porcentaje de familias que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que supone unos siete millones de personas. Pasearse tapados con mantas es algo común en las casas de los trabajadores. Esta realidad no es nueva, es el pan nuestro de cada día, o, mejor dicho, de cada invierno.
Los millones de las empresas
El beneficio bruto de las tres grandes empresas de la energías (Endesa, Gas Natural e Iberdrola) ha sido un 4,3% superior durante el primer semestre de éste año respecto del mismo período del año pasado. Estamos hablando de nada más y nada menos que de 9.077 millones de euros. Y, para 2015 esperan un beneficio superior al 6%.
Durante estos años de crisis las eléctricas se han embolsado 21.600 millones por las subidas de la luz. Y al mismo tiempo, desde 2008 hasta ahora la factura de la luz subió de 50 hasta 80€ de media mensual.
Esto explica las extraordinarias ganancias empresariales que salen de los bolsillos de las familias obreras y populares. Aún así, el presidente de la patronal decía que el sector no se puede hacer cargo del bono social. Si Montes tuviera un súbito ataque de sinceridad diría que no quieren ceder ni un ápice de sus ganancias.
La Generalitat catalana había firmado un decreto que impedía cortes de suministro en hogares de pocos recursos. Este decreto fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y fue suspendido cautelarmente hasta que el TC dictamine.
Presentado con un barniz social, el decreto en realidad persigue preservar las ganancias de las grandes compañías. Puesto que el coste de los impagos serán cubiertos esencialmente por fondos públicos. El decreto se anticipa ante una realidad social en la cual muchísimas familias no podrán pagar los suministros. Y, garantizará los pagos con el presupuesto público. Es decir, garantizará que las grandes compañías sigan cobrando y generando sus ganancias mil millonarias.
Esta realidad social muestra la necesidad de declarar el estado de emergencia energético para millones de hogares de familias populares. Un estado de emergencia que plantee una serie de objetivos inmediatos, como suspender todos los cortes de suministro por impago, la reestitución inmediata del servicio cortado en los hogares, volver a los precios anteriores a la crisis y que los sindicatos y usuarios constituyan comités de control para que la crisis no afecte a los hogares empobrecidos.
Este plan de urgencia debería ser parte de un plan que incluya la nacionalización de las grandes empresas para ponerlas a funcionar bajo el control de los trabajadores y los usuarios quienes, al fin y al cabo, son los más preocupados para que estas empresas funcionen con criterios sociales.
