Durante esta semana los desalojos de los campamentos de Cerro Navia, Peñalolén y Puente Alto protagonizaron la profunda crisis habitacional en un contexto de bajas temperaturas en la Metropolitana. Se aproxima el invierno y el problema de la vivienda vuelve a ser un punto incómodo a discutir.
Sábado 18 de mayo de 2024
Foto: Alma.letal. Desalojo toma 17 de mayo en Cerro Navia.
El miércoles 15, un grupo de habitantes del campamento “Nueva Cordillera” bloquearon las entradas y salidas del terminal de buses RED de Puente Alto para manifestarse en contra de un presunto desalojo que se llevaría a cabo el 3 de junio. Ese mismo día, vecinos de Cerro Navia fueron al Consejo Municipal exigiendo al alcalde Mauro Tamayo una respuesta contra el desalojo de la "Toma 17 de mayo", la cual fue brutalmente reprimida durante la jornada del jueves 16, mismo día en que vecinos y vecinas de Lo Hermida instalaron una toma indefinida en la ladera del río Mapocho.
Este jueves distintos medios visibilizaron el desalojo violento de más de 180 familias de la toma 17 de mayo en Cerro Navia, donde las fuerzas policiales llegaron con un "megaoperativo" de carro lanza aguas y lanza gases, gaseando indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres para despojarlos de sus viviendas provisorias. Se trata de un terreno privado, perteneciente a la familia de Jaime Guzmán, ideólogo de la dictadura.
Mientras que, desde la rivera del Mapocho a la altura de Providencia, las y los pobladores de Lo Hermida protestaron contra un aviso de desalojo: “Alrededor de 400 familias decidimos salir a manifestarnos en contra de la crisis habitacional y de vivienda que está afectando al país y específicamente a la clase trabajadora”, explicó Yenny Brandt, vocera y dirigente de la Agrupación por la Vivienda Luchadores de Lo Hermida, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
Plan de obras públicas financiado por el impuesto a los grandes empresarios
La solución que ofrece el gobierno es represión en un contexto de campaña social de "código azul" ante las bajas temperaturas. Mientras que, la solución de los gobiernos locales de las alcaldías son albergues transitorios para algunas familias se transforma en un calmante para un problema estructural como es el problema de la vivienda. Se trata de la gran desigualdad expresada en la crisis habitacional en zonas periféricas y rurales. Es por ello, la necesidad de un plan de obras públicas para la vivienda financiado por el impuesto a las grandes fortunas organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.
