El conflicto continúa con amedrentamientos a las familias por parte de las fuerzas represivas y autoridades municipales. Mientras tanto, blanquean la estafa, pero no escuchan los reclamos ni dan respuestas.
Lunes 17 de agosto de 2020 10:48
En Pehuajó existe un conflicto entre un grupo de familias que compraron terrenos de buena fe y la Municipalidad que ahora quiere desalojarlas, poniendo sobre la mesa todas las herramientas represivas que tiene a mano o incluso, quitándole importancia a esta problemática que se agudiza en tiempos de Pandemia.
Las familias sufrieron un terrible ataque en el predio. El 3 de agosto a la madrugada, maquinarias municipales llegaron a los terrenos con orden explícita del intendente Pablo Zurro y levantaron todo el suelo, arrasando con alambrados. Ante esto, las familias tuvieron que salir desesperadas a exigir que paren.
Una de las personas que allí vive contó como debió frenar a una de las topadoras a un metro de su casa, si pasaban cinco minutos más, las máquinas tiraban la construcción abajo, donde estaban durmiendo la pareja y sus dos hijos.
En este mismo marco se puso en marcha otro ataque, esta vez por parte de las fuerzas represivas. Se dispuso un cordón policial, que rodeaba toda la cuadra, donde había tanto policías comunales como efectivos del Grupo Antidisturbios (GAD), armados de pies a cabeza.
Por un megáfono, la GAD hizo el anuncio de que de 15 a 20 días se los iba a desalojar. También aparecieron en escena autoridades responsables de la Secretaría de Desarrollo Humano y de Asistencia Social, que lo único que les dijeron fue “se tienen que ir” y les dieron un listado de alquileres. En ese listado figuran habitaciones minúsculas, con servicios precarios, a precios descomunales.
Otra situación muy penosa que relataron las familias fue la de una joven que se había instalado, junto con su hija pequeña, en el terreno que compró. Ante el despliegue policial tuvo un ataque de nervios, las autoridades le quitaron a su hija alegando que “un nene no puede vivir en esas condiciones”. Si, obviamente, ninguna persona debería vivir en esas condiciones, la cuestión es ¿qué respuestas hay ante esto? ¿El desalojo? ¿Las amenazas?
El Municipio sigue sin dar respuestas: las familias denuncian que han sido estafadas por el vendedor, y las autoridades municipales las culpan a ellas, diciendo que “cómo le van a comprar a ese que es un garca”, “que ya todos sabemos en lo que anda”, “que vende droga”. Culpan a gente que ha sido estafada, de ser estafada.
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Millones para el pago de la deuda y para mantener el aparato represivo, migajas para vivienda
Mientras el déficit habitacional crece en todo el país, mientras miles y miles de personas no tienen acceso a una vivienda propia y sufren los ataques de las fuerzas represivas estatales en violentos desalojos, se siguen destinando millones al pago de una deuda fraudulenta e ilegítima. Esta semana vimos como, tanto el oficialismo como la oposición reaccionaria, festejaron el acuerdo con los “bonistas”. En Argentina, se pagan $110 millones por hora en deuda y se invierten, apenas, $2 millones por hora en vivienda.
El dinero para atender a todas las exigencias urgentes de la población trabajadora está, pero se fuga por los grandes empresarios, por los bancos, se va en el pago de la deuda fraudulenta, se la llevan de empresas multinacionales, el oficialismo sigue respondiendo a los intereses del sector empresarial y del FMI.
También, sigue dando la espalda al Proyecto de Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas presentado por el FIT-Unidad y amagando con expropiar Vicentín o presentar un proyecto propio. Es el Gobierno de los “casi”: casi expropiamos a Vicentín, casi sacamos el Impuesto a las riquezas, casi invertimos en Salud.
Por otro lados, en Pehuajó no se construyen viviendas sociales, accesibles a toda la población, hace tiempo, pero esta semana se terminó de refaccionar el edificio de la GAD. El aparato represivo sigue gozando de inversiones, de impunidad y de aval por parte de dirigentes, como es el caso del Intendente pehuajense que nombró ciudadano ilustre al nefasto Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, responsable de las atrocidades cometidas por la Policía bonaerense en lo que va de la cuarentena ( y con un largo prontuario de represión bajo el gobierno de Cristina Fernández) entre ellas la desaparición de Facundo Astudillo Castro, joven de la localidad bonaerense de Pedro Luro.
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La exigencia de las familias de Pehuajó queda planteada: que las autoridades municipales los reciban y den una respuesta a su situación. Pero también hay un reclamo que va mucho más allá, que la crisis la paguen quienes la generaron, que la plata vaya para educación, salud y vivienda, que no haya familias en la calle nunca más.
