Actualmente el déficit de lluvia en la Región metropolitana supera el 70 % y obliga al Gobierno a declarar emergencia agrícola en varias ciudades.
Sábado 31 de agosto de 2019
Una Collipulli sitiada por carabineros ante las protestas contra la privatización del Río Renaico que salió a remate por tercera vez para construir una represa, vuelve a encender alarmas de las catastróficas consecuencias de la crisis hídrica en el país. Comunidades mapuches denuncian que la privatización del agua es la principal responsable de la crisis hídrica en Chile y que afecta principalmente a la población pobre y trabajadora.
El falso argumento del cambio climático
El gobierno justifica la escasez a partir de la sequía por falta de lluvias, que actualmente llega a un déficit del 72% sólo en la Región Metropolitana, situación -que acusan- se debe principalmente a factores climáticos producto del calentamiento global. De ahí que busquen responsabilizar a los ciudadanos por el problema, invitándolos en una campaña a hacerse cargo y “bañarse en 3 minutos”. Sin embargo, lo que callan es que los principales culpables de la escasez hídrica en Chile son los empresarios, que amparados por la ley de privatización del agua heredada de la dictadura, hacen un uso descomunal de los recursos hídricos. Esta situación, asociada además a la despiadada extracción forestal, el monocultivo de especies exógenas, y las mineras, han acabado con el agua del país.
La respuesta del gobierno ha sido reprimir a todas las comunidades y organizaciones que luchan por el derecho de este bien fundamental, con la ayuda de la prensa nacional que hace vista gorda a una situación que ya se ha vuelto ineludible.
Las medidas del gobierno han buscado invertir en insumos y asistencia, redistribución de agua en camiones, sin atacar el problema de raíz, el código de aguas que perpetúa la comercialización y privatización del agua a favor de los empresarios.
Las peores consecuencias de la privatización del agua se están comenzando a hacer insostenibles, y muestran la urgencia de eliminar el código de aguas de la dictadura, dando paso a la necesaria nacionalización de los recursos naturales, que, administrados por las comunidades y poblaciones, pueda dar respuesta a la situación que día a día priva a la mayoría de la población de un derecho fundamental como el agua.
