El Ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, ha generado polémica por sus declaraciones en la antesala del envío del proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, generando un debate sobre la propiedad del agua.

El ministro de Obras Públicos afirmó, primero, que uno de los cambios contemplados por el Ejecutivo es que los derechos sean a perpetuidad (el proyecto habla de un límite de 30 años para los nuevos derechos [1] ). Lo que cambiaría es que, en vez de entregarse de forma gratuita, los nuevos derechos serían rematados al mejor postor.

Es decir, se trata de volver atrás al proyecto que buscaba hacer un ajuste al límite de las concesiones de agua por 30 años, pero que, según estimaciones oficiales, este proyecto era completamente insuficiente, ya que el 90% de los derechos de agua en el país ya es privado. Solo resta un 10% en manos del Estado y la nueva ley solo entraría a regular ese exiguo margen [2]. Pero aun así el actual gobierno de Piñera mantuvo el cerrojo de la sagrada propiedad privada.

Cambio climático y la crisis del agua

El problema del agua es también un problema global, 1.100 millones de personas carecen de agua potable y 2.400 millones no tienen acceso a un saneamiento apropiado. El 2018 fue el año que registró una mayor temperatura del océano, mientras en EEUU y Gran Bretaña sufren los inviernos más fríos con decenas de muertos, en países como Australia reciben una ola de calor de enormes proporciones.

Chile está dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico hacia el 2025, según informó el Instituto de Recursos Mundiales (2015). A lo largo del país hay 101 cuencas hidrográficas, de las cuales 75, entre el 2008 y 2015 se decretaron con deficit de agua y se estima que el 76% de la superficie chilena será afectada por sequía, desertificación y suelo degradado. Este último año se han decretado con escasez 5 de 8 provincias de la región de Valparaíso, presentándose en el listado nacional de escasez hídrica. Si bien cuatro de provincias se referencian por un periodo de 6 meses, la localidad de Petorca cumplirá 8 años dentro de la lista, algo muy preocupante para sus habitantes. 

El desabastecimiento, escasez y el cambio climático muestran que el agua potable es un derecho mínimo, derecho que hoy no está siendo garantizado. La demanda por el derecho al agua ha aumentado junto con el consumo humano, cuestionando las ganancias de las empresas en desmedro de la salud del conjunto de la población y de la biodiversidad. Este problema está lejos de ser un desastre natural o responsabilidad de “todos”, es la responsabilidad mundial de los grandes empresarios y las potencias económicas, quienes por sus ganancias están poniendo en jaque el agua, como el conjunto de los aspectos que hacen el sostén de la vida
humana y de múltiples especies.

El Negocio del agua y la defensa de la propiedad privada

Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. El Código de Aguas de 1981, impuesto bajo dictadura militar, separó los derechos de agua con los derechos de tierra considerando el agua como una mercancía más. El Código de Aguas establece un propietario con derechos de uso, donde éste puede arrendar, comprar y vender los derechos como cualquier otra propiedad. Esto significó la pérdida de ecosistemas y graves problemas de desertificación, los principales consumidores son: el sector agrícola, con un total de 73% extracciones y la minería y la industria, con un 21% de las exrracciones [3] . Esto explica casi el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas, que son aquellos derechos de agua que facultan su consumo, a empresas mineras y agroexportadoras.

Mientras que casi el 100% de los derechos de agua no consuntivos, los derechos que permiten emplear el agua sin consumirla y obliga a restituir (principalmente para las hidroeléctricas), se encuentran en manos de transnacionales, como Endesa.

Los derechos para consumo humano, son alrededor de 4,4%, con lo que las sanitarias que tienen sus ganancias aseguradas, la ley asegura un 7% de ganancias mínimas sobre activos para las empresas sanitarias, que aseguramos todos los meses los usuarios con el pago de las cuentas. Así quedó establecido en 1988 con el Decreto con Fuerza de Ley N° 70, firmado por Pinochet, fórmula para incentivar el ingreso de privados al sector y proceso que se materializó años después bajo los gobiernos de la Concertación. Esto último gracias a la privatización iniciadas en el gobierno del ex concertacionista Eduardo Frei Ruiz Tagle, con respaldo transversal del congreso, de ese entonces [4] .

Sin embargo, la privatización y mercantilización del recurso hídrico no solo fue decretado bajo el Código de Aguas de 1981, ya en 1974 con el Código de Minería consignó bajo un artículo que permite a las mineras apropiarse de las aguas que se encuentran dentro de una propiedad o concesión minera sin siquiera inscribirlas [5].

Es así que la separación del agua y de la tierra solo corre para algunos: los grandes empresarios y las familias “dueñas de Chile” en desmedro de las comunidades indígenas y rurales.
Por ejemplo, en lugares como Antofagasta, el 70% de los derechos del agua pertenecen a la gran minería (entre ellas las mineras Antucoya, Centinela y Zaldívar, del grupo Luksic), lo que explica que las cuencas hídricas de Chile no tengan control del uso ni menos los derechos de agua.

¿Qué hacer con el agua en Chile?

Durante la administración de los gobiernos de la ex Concertación y ex Nueva Mayoría, las iniciativas para cambiar el Código de Aguas resultaron cosméticas al legado de la Dictadura. Así lo confirmó Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, ante la crisis hídrica en Petorca: “En la práctica, siempre estuvo consensuado con el Consejo Minero y con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), cuyas presiones lograron bajarle la urgencia a la tramitación.” [6]

Mientras que para la “oposición parlamentaria”, heredera de la ex Nueva Mayoría y encabezada por el senador PPD, Guido Girardi, la campaña “Agua de todos”, busca que el agua “vuelva a ser considerada como un bien nacional de uso público”, en palabras del ex concertacionista. Pero resulta un cambio formal sin cambiar la estructura de propiedad, ya que las reformas de la Nueva Mayoría es sólo la regulación del 10% mercado del agua.

Por otra parte, el Frente Amplio no ha entrado a este debate, pese a su importante peso parlamentario y la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, a través de Catalina Pérez (RD). Aunque en el programa [7] del Frente Amplio plantea el problema del agua como un derecho que no debiese estar en manos de privados, no plantea nada respecto a en manos de quien debiera estar su administración.

El problema del agua en Chile requiere un cambio de fondo, donde es necesario terminar con la privatización del agua y acabar con el negocio millonario de los derechos de agua, que los servicios sanitarios vuelan al Estado, pero bajo control de sus trabajadores y en coordinación con los usuarios, es necesario que vuelva a existir una unidad entre el ecosistema y las fuentes de agua que permita el desarrollo de la biodiversidad.

Todo esto no se logrará de las manos del mercado, ni siquiera con la regulación del mercado por parte del Estado, la influencia de las mineras y del negocio agroforestal es estructural. Son los trabajadores y el pueblo quienes, siendo los menores consumidores de agua, se ven más afectados por la crisis hídrica, son ellos quienes pueden dar una salida nacionalizando el agua en base a la administración por parte de sus trabajadores y las comunidades democráticamente, priorizando por las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.