Política. Crisis migratoria: ¿qué políticas están puestas en juego de cara a las elecciones?

El hecho sucedido en Iquique -la marcha que culminó en una agresión a migrantes venezolanos- ha abierto una importante crisis. Para la analista Marta Lagos, el debate sobre la migración, se ha transformado en un centro de interés para todo el espectro político, que puede terminar definiendo el resultado de las elecciones presidenciales. Se trata de un tema que genera interés en millones de personas, que conviven con la realidad de la inmigración cotidianamente en distintos grados.

En este contexto, es frecuente escuchar de parte de ciertos representantes de derecha como Kast, que la migración “venezolana” es producto del “socialismo” que hay en ese país. Pero esto no es así.

¿Qué tipo de crisis hay en Venezuela?

La causa de este enorme flujo migratorio, es la importante crisis económica, social y política que existe en aquél país. Una crisis que es producto de la preservación de una estructura económica capitalista basada en la renta petrolera, con la cual el chavismo no rompió nunca, la que ha acumulado importantes contradicciones debido a la decisión del gobierno de mantenerse pagando la deuda externa y no combatir la fuga de capitales. El chavismo si bien tuvo tensiones con el imperialismo a partir de la disputa por la renta petrolera, intentó basar esta política favoreciendo a una burguesía “bolivariana” apoyándose esporádicamente en las masas pero reprimiendo cualquier oposición por izquierda y burocratizando las organizaciones sociales.
A continuación te dejamos un artículo donde puedes profundizar en un estudio de lo que es la estructura económica-social venezolana:

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Si bien en algún momento “Hugo Chávez” se declaró “socialista”, lo cierto es que en Venezuela no hay ni ha habido nunca socialismo. A seis años de iniciado su gobierno (2004) Chávez declaraba que en Venezuela se necesitaba “un sector privado verdaderamente emprendedor, nacionalista, consciente (…)” y sostenía “la tesis de la necesidad de potenciar el sector privado nacional, de impulsar un modelo de acumulación de capital nacional, de potenciar la fuerza productiva nacional”. Eso no es socialista, pues la posibilidad de iniciar una transición al socialismo depende del poder de la clase trabajadora y no de un sector privado nacional y en una economía planificada democráticamente por las y los productores. La conservación de la propiedad privada capitalista y el dirigismo estatal burocrático que son evidentes en Venezuela no tienen nada que ver con el socialismo. El socialismo es una sociedad basada en la propiedad socializada de los medios de producción y que pone como criterio el desarrollo de las capacidades humanas y no las ganancias de unos pocos.

En 2013, ya fallecido Chávez y recién iniciándose el ciclo de Maduro, el economista Víctor Álvarez, ex ministro del gobierno, señalaba que la economía venezolana era “más rentista, más capitalista y más explotadora” que antes. Su explicación contrastaba el crecimiento de las importaciones y la caída del PIB industrial y agrícola. En el país se había producido una especie de festín de importaciones sustentado en la renta pública proveniente del petróleo (que tuvo un ciclo de altos precios durante el periodo de Chávez) que a su vez explicaba casi el total de los ingresos del país y los planes sociales que se desarrollaron.

Este esquema es el que terminó de entrar en crisis durante el gobierno de Maduro, con una caída estrepitosa del producto interno bruto, con una inflación monstruosa y un deterioro sin precedentes de la economía. Esta crisis explica el enorme flujo migratorio desde Venezuela. La miseria social en un país donde el sueldo promedio es de alrededor de un dólar al mes, es una crisis de un tipo de capitalismo, no del socialismo.

La derecha frente a la crisis migratoria: desde la hipocresía de Piñera hasta el recinto con aires de campo de concentración de Kast

Ante esta situación, que en Chile se ha reflejado con el incremento exponencial de la inmigración venezolana, el gobierno de Sebastián Piñera ha tenido una política de aprovechamiento político, que lo ha llevado a incoherencias evidentes. Una política motorizada al mismo tiempo por cálculos políticos mezquinos -hacer demagogia con los derechos humanos del pueblo venezolano para alinearse de esa forma con el imperialismo y la derecha en el terreno internacional y aprovechar de calumniar la idea de “socialismo”- y por una línea criminalizadora: Piñera incentiva políticas xenófobas favoreciendo expulsiones y un discurso estigmatizador de los migrantes ilegales. Los personajes del gobierno que más resumen esta política hipócrita son el ministro Rodrigo Delgado que después de incentivar las expulsiones forzosas y reivindicar el aumento de los puntos de control en la frontera ahora dice que el gobierno “va a colaborar y ayudar en todos los aspectos humanitarios a las personas que ya ingresaron al territorio nacional” especialmente a las familias con niños” o Juan Francisco Galli que se indigna con todo el que no quiera expulsar inmigrantes ilegales.

Estos vaivenes políticos de parte del gobierno han favorecido el discurso extremo de grupos como el Partido Republicano. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, considera que todo lo hecho por el gobierno, es insuficiente en materia de inmigración. Por eso en su programa, propone crear un lugar con un leve aire de campo de concentración. Como informó emol, el candidato de extrema derecha propone construir un recinto transitorio de inmigrantes ilegales, donde se alimente a las personas que inmigran ilegalmente “y que se encuentren de manera irregular en nuestro territorio, con el solo objeto de preparar su expulsión del país”. También propone un campamento militar en Colchane.

Dar alimento, pero para expulsar cuanto antes. Además, para el candidato, “este recinto deberá construirse en el altiplano con módulos, carpas y todos los implementos necesarios para acoger adecuadamente a las personas, asimismo, contar con apoyo de personal de salud, legal y de seguridad para evitar el incumplimiento de cuarentenas y se adopten medidas que aseguren los procedimientos de expulsión del país".

Esta propuesta profundamente reaccionaria va plenamente en el sentido de fomentar la xenofobia y el odio por los inmigrantes. Si usa la palabra “acoger” es de manera tramposa. En su propuesta la atención médica y las “carpas ubicadas en el altiplano”, tienen un único objetivo: expulsar. Con esta política, Kast busca empalmar con los sectores que se movilizan ya sea por confusión o por xenofobia consciente en contra de los migrantes.

Kast sostiene su discurso argumentando que en el país no existe la infraestructura ni los recursos para acoger a los inmigrantes, como si se tratara de un problema natural y no una consecuencia del saqueo al que someten al país las mineras, los grandes grupos económicos, las inmobiliarias, etc. Por su parte el candidato oficialista, Sebastián Sichel, que es la continuidad del actual gobierno, prefiere ser más pragmático reconociendo que las y los migrantes pueden aportar a la economía y habla de “propiciar condiciones que redunden en un mayor crecimiento económico del país a largo plazo, protegiendo al mismo tiempo los niveles de empleo y salarios de los trabajadores chilenos, en particular de los de menor calificación".
Aunque no sea explícito, el hecho de que hable de proteger los “salarios de los trabajadores chilenos” solamente, es porque reconoce de manera implícita que los trabajadores migrantes ganarían menos. Pero si los trabajadores migrantes ganan menos, todos sabemos que los empresarios utilizan eso para presionar a la baja los sueldos de toda la clase trabajadora. Esa es una de las maneras que usan los empresarios para dividir las filas de la clase trabajadora y explotarnos más. A esa política le conviene mantener barreras fronterizas, y trabas para la migración, porque eso facilita que después los trabajadores migrantes ganen menos y tengan menos derechos.

La oposición frente a la migración

Por su parte, Yasna Provoste, propone crear “un sistema integral que evite la fragmentación en los procesos internos, aliente respuestas oportunas y ajustadas a estándares internacionales” y sumar a Chile al pacto migratorio de la ONU, y Gabriel Boric habla de “un programa nacional para la "primera acogida" de las personas migrantes, refugiadas y retornadas que entregue acceso a información en la primera etapa de su asentamiento”. En sus palabras "se crearán en el marco de este programa protocolos orientados a garantizar el acceso universal a los derechos y servicios sociales, independiente de la situación administrativa”. Para Boric, además habría que reformar la Ley de Migraciones y “acortar el tiempo necesario para obtener la residencia definitiva a un año”. El espíritu común de estas propuestas es optimizar los procesos de regulación, pero manteniendo ciertos filtros: por eso para Boric el proceso de residencia definitiva se podría acortar a lo más a un año. Se trata de una solución gradualista que además no da cuenta de la enorme magnitud de la crisis hoy y que tampoco se dispone enfrentar a la extremaderecha que quiere organizar marchas.

¿Y qué dice el candidato de UPA, Eduardo Artés? Para él, lo que explica el flujo migratorio es “una tragedia horrible de un sistema económico internacional, la superexplotación de los pueblos”. Artés señala que “tenemos una oligarquía y un sistema económico que no quiere modernizar la industria y que está preocupado de que exista mano de obra barata” y denuncia el papel que cumplió un militante UDI en la marcha. Pero más allá de esas denuncias que pueden ser acertadas o no, para él, el régimen de Nicolás Maduro no tiene ninguna responsabilidad en esta crisis, lo cual evidentemente no es cierto. Artés se alinea con la izquierda chavista. En sus palabras, hay muchos venezolanos que están volviendo a Venezuela. Además, defiende el carácter democrático del gobierno argumentando que incluso el partido de Guaidó se podrá presentar en las próximas elecciones pero ocultando que existe todo tipo de persecusión contra luchadores sociales que se opongan al gobierno. En los sindicatos se combate cualquier oposición al gobierno, hay despidos antisindicales, grupos parapoliciales llamados “colectivos”. Al no mantener una política de independencia de clase frente al régimen de Maduro, tampoco es una política que responda a esta enorme crisis social.

La clase obrera es una y sin fronteras

Ninguna de estas políticas puede resolver la crisis. Es la clase trabajadora la que puede dar una solución, movilizándose por un “Plan de Acogida Internacional”.

Como escribíamos en marzo de este año, estamos por el “derecho a residencia automática para los inmigrantes apenas pisen territorio de los otros países”. También “rechazamos la precarización laboral”, y luchamos “por trabajos con los mismos derechos laborales y de seguridad social que los trabajadores nativos”. Para enfrentar la división de nuestras filas como trabajadores, “luchamos por la repartición de las horas de trabajo entre todos los ocupados y desocupados de cualquier nacionalidad, con salarios dignos y sin tercerización”. “Se debe garantizar a los inmigrantes el derecho a traer a sus familias. Peleamos por iguales derechos políticos, económicos y sociales”.

Recientemente escribía Lester Calderónen este medio, explicando este programa:

Se trata de un plan “que mejore las condiciones tanto de migrantes locales como de las ciudades que acogen inmigrantes sin importar cuál sea su origen. Todo financiado por impuestos extraordinarios a las grandes mineras y grupos económicos; un plan que contenga medidas como terminar con las deportaciones forzadas, asegurar el derecho al libre tránsito sin discriminación, que facilite el transporte para que quienes han decidido migrar puedan reencontrarse con sus familias, planes de habitabilidad, convalidación de títulos técnicos y profesionales, el derecho a residencia, a la vacunación, entrega de implementos de protección frente a la pandemia y test de antígenos. Todo esto, más la plena facultad de derechos políticos y sociales”.

Calderón señalaba que para realizar estas medidas, “es fundamental la unidad del pueblo trabajador, independientemente de la nacionalidad. Por ello, es central el apoyo de sindicatos, organizaciones sociales y populares, para enfrentar juntos esta crisis de manera efectiva”.

Para enfrentar las políticas xenófobas del gobierno y la extremaderecha de Kast, ni el gradualismo institucional de Provoste y Boric ni el programa alineado con la izquierda chavista de Artés, responden a la profundidad de la crisis. Sólo un programa transicional, basado en la clase trabajadora, anticapitalista, internacionalista, puede responder a la magnitud de la situación. Esto implica tocar los intereses de las transnacionales y grupos económicos locales y anteponer los intereses de la clase trabajadora.