Estado español. Crisis política por la renuncia del presidente de la Corte Suprema española

La dimisión de Carlos Lesmes, hasta ahora presidente del Tribunal Supremo y del General del Poder Judicial (CGPJ), ha propiciado que el opositor Partido Popular (PP) y el oficialista PSOE (Partido Socialista) se reúnan de emergencia para tratar de cerrar una crisis de amplio recorrido en el órgano de gobierno del poder judicial. Ambos partidos buscan resolver la renovación de dicho órgano, así como del Tribunal Constitucional, una cuestión que llevaba atascada varios años.

La reunión viene a desbloquear seis meses de silencio desde la salida de Pablo Casado de la dirección del PP. El último punto de choque entre ambos partidos había girado en torno a la postura del PP de transformar el sistema de elección de los jueces siguiendo, en teoría, una exigencia de la Unión Europea. Una posición que de realizarse cambiaría el sistema actual en el que una mayoría cualificada del Congreso elige al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además elegirían también a dos de los magistrados del Tribunal Constitucional.

A su vez el PP habría bloqueado la renovación del Tribunal Constitucional para tratar de controlar un órgano que puede poner freno a las reformas legislativas del gobierno. La respuesta a esto por parte del gobierno PSOE y Unidas Podemos fue el inicio de una reforma legislativa que impidiese al CGPJ realizar nombramientos para dicho órgano. En lo que no es más que una guerra abierta por el control del Poder Judicial, muy lejos de la supuesta independencia que ambos bandos reclaman para dicho poder dentro del actual sistema democrático burgués.

Una lenta respuesta a la crisis

Tras la reunión de emergencia, portavoces de ambos partidos han salido a admitir que tan sólo han acordado mantener nuevos encuentros para continuar las negociaciones sin dar una fecha concreta de resolución.

Esta lenta resolución de la crisis se profundiza debido al propio enfrentamiento interno en el Poder Judicial ya que, por un lado, el renunciante Lesmes anunció que siguiendo las indicaciones del gabinete técnico del CGPJ sería Francisco Marín Castán, presidente de la Sala de lo Social del Supremo y vicepresidente interino del Supremo, quien ocuparía su lugar. Esto bloquearía al CGPJ de nombrar al sucesor de Lesmes.

Una postura rechazada en el seno del CGPJ que apuesta por una doble presidencia: un presidente interino del Supremo y, por otro lado, una presidencia en funciones en el CGPJ y aún podrían obstaculizar un acuerdo para mantener el bloqueo.

El conjunto de las maniobras expone como lejos de ser el poder independiente e imparcial que se nos quiere vender, el Poder Judicial juega un importante rol político dentro del actual régimen y que, al igual que otros sectores del Estado, han sido heredados directamente de la dictadura franquista y han servido a los empresarios y sus intereses, bajo el franquismo, como después en esta “democracia para ricos”.

Por ello, es necesario exigir un programa democrático elemental: poner fin de la elitista carrera judicial mediante la elección de las y los jueces por sufragio universal, que esos los cargos sean revocables en todo momento, que ninguno pueda cobrar un salario mayor al de una maestra o un trabajador calificado y que todos los juicios sean mediante jurados populares.