Juicio. Vialidad: Cristina volvió a denunciar las irregularidades del juicio y su carácter persecutorio

Este viernes inició la tercera y última audiencia de alegatos que tiene Cristina Kirchner para realizar su defensa. El inicio estuvo a cargo de Carlos Beraldi, su abogado que realizó los alegatos a inicios de esta semana durante los días lunes y martes. Cristina Kirchner tomó la palabra a continuación, de forma virtual desde su despacho en el Senado, ya que pidió ser considerada abogada en su propia causa.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una condena de 12 años de prisión para la vicepresidenta por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el tribunal dicte una sentencia antes de fin de año.

El carácter persecutorio de este pedido de condena, basado en una figura cuestionada como la asociación ilícita, sumado al vínculo entre el fiscal Luciani, el juez Giménez Uriburu y su cercanía al expresidente Mauricio Macri -lo cual motivó el pedido de recusación por las defensas- dan cuenta de un proceso judicial altamente cuestionado por su parcialidad, y que no busca investigar profundamente los entramados de corrupción que evidentemente hubo en los gobiernos peronistas y macristas. La cartelización de la obra pública, el enriquecimiento dudoso de empresarios, y su relación con funcionarios públicos, son moneda corriente incluso bajo los gobiernos kirchneristas, sin embargo, la corrupción no se puede enfrentar con los métodos persecutorios de la casta judicial.

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Carlos Beraldi inició la audiencia haciendo un repaso de los principales argumentos que expuso en las audiencias previas, refutando la acusación de los fiscales, a modo de introducción. Insistió respecto que los presupuestos incluían las obras viales en cuestión siguieron los procedimientos de elaboración, debate y aprobación por los organismos previstos y el Congreso de forma legal y en pleno conocimiento, así como las resoluciones de ejecución presupuestaria: “destruimos la hipótesis que la fiscalía tenía al clasificar las obras investigadas de que el congreso no tuviera información específica en cada una” afirmó Beraldi. También se refirió a que “el supuesto aumento de partidas a fines de 2015 era un invento” y que “a ese invento se le pretende dar envergadura con otro episodio propio de una serie de televisión”, hablando del supuesto viaje de la señora Kirchner con Báez para armar un plan para limpiar todo: “la vicepresidenta había viajado ese día a otro lugar como fue probado”.

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A continuación Beraldi se propuso desarrollar la refutación a la acusación sobre irregularidades en la ejecución y pagos de las obras. “Lo que es habitual en Argentina según empresarios y expertos de la DNV quiere hacerse aparecer en este juicio como si fueran delitos”, dijo después de exponer fragmentos de testimonios, como el de Ángelo Calcaterra, diciendo que las demoras son habituales en las obras. El abogado agregó que los análisis de las obras se hicieron de forma sesgada, ya que no se peritaron otras obras viales del mismo distrito o de otras localidades para poder comparar. A partir de remarcar que no hubo pruebas producidas sobre la falta de ejecución o de obras deficientes, Beraldi criticó duramente la cuatificación del perjuicio dicho por los fiscales en la acusación estimado en 5300 millones de pesos, calculo que calificó de improvisado y poco serio.

La defensa de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner tomó la palabra como abogada en causa propia, alrededor de las 11:30hs. Comenzó afirmando hubo una improcedente y arbitraria ampliacion de la acusacion de los fiscales, y que si no hubiera sido por su condición profesional que pudo pedir ser parte de los alegatos como abogada, habría quedado en estado de indefensión frente a esa acusación por habérsele negado ampliar su declaración indagatoria al respecto.

Respecto las audiencias previas en su defensa dijo: "Quiero felicitar el ejercicio del abogado a Beraldi y Llernovoy tan profesional y clara, donde pasaron de los hechos y valoración de la prueba, se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani, y además quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio.” Y agregó: "Quiero hacer un pedido formal al tribunal cuando finalice el juicio, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba, documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio."

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La vicepresidenta habló de un “claro caso de prevaricato, no solo los jueces tienen la obligación de buscar la verdad, sino también los fiscales”, y nombró tres ejemplos al respcto de lo sucedido en el juicio. El testimonio de Laura Hindie, también expuesto por Beraldi el martes, donde dijo que no corroboró lo que decía el documento que la intervención de Iguacel le pidió firmar por tener miedo de perder su trabajo, por lo cual, es una prueba documental ese informe que no se podría haber usado por los fiscales. Que nunca tuvo una reunión con el juez Casanello en la Quinta de Olivos siendo presidenta. Y que al fiscal Luciani en el análisis de las 26 mil llamadas y mensajes extraídos del celular de José López, para mostrar la familiaridad que ostentaba con Lázaro Báez, se le “habían pasado” las llamadas con Nicolás Caputo, “hermano de la vida de Macri”, donde denotaba mucha más familiaridad con quien es uno de los visitantes asiduos de la quinta Los Abrojos, el mismo lugar donde el fiscal y uno de los jueces juegan al fútbol. Como ya se había mostrado cuando expuso esos mensajes en su discurso transmitido por redes sociales, la corrupción entre su ex funcionario y amigos de Macri confirman que durante su gobierno hubo todo tipo de negociados en la obra pública con empresarios de todos los colores políticos

Luego Cristina dedicó gran parte de su discurso a explicar por qué, según ella, “es inviable que este juicio encaje en el sistema jurídico argentino”. Explicó la jerarquía de las normas jurídicas, donde la Constitución Nacional está en la jerarquía superior, y remarcó el artículo 1 de la misma donde se determina la adopción de un gobierno representativo, republicano y federal, lo cual fue violado por la acusación de los fiscales: “fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita”. Remarcó además que si los tres gobiernos acusados por la fiscalía fueran una asociación ilícita querría decir “que todos los actos de la misma son ilegítimos (...) llegaríamos al ridículo de que el fiscal Luciani no podría estar acá, le firmé yo la designación.”

“Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate lo que estamos discutiendo” afirmó la vicepresidenta, luego de explicar que la responsabilidad de administración del país pasa del presidente a la figura del jefe de gabinete, y que todas las pruebas presentadas por los fiscales de las resoluciones dictadas fueron legales, “no pueden ser pruebas de un delito si tienen validez”.

Sin embargo, expuso cómo la “justicia” no siempre actúa así respecto a un presidente, poniendo de ejemplo el juicio a Fernando De la Rúa por los homicidios ocurridos en las represiones de diciembre de 2001 bajo su decreto de “estado de sitio”. El juez Bonadio sobreseyó a De la Rúa por el delito de homicidio culposo, los jueces Irurzun, Farah, la Cámara de Casación también sobresee, “todo Comodoro Py”. Y concluyó “los peronistas nunca reprimimos, nunca un gobierno peronista reprimió al pueblo”, omitiendo no sólo las que hubo a trabajadores bajo sus gobiernos, sino también las represiones salvajes del menemismo en los ‘90 al movimiento de desocupados y trabajadores en todo el país contra el brutal ajuste, y de Duhalde en el 2002 con el asesinato de Kosteki y Santillán.

Por último, retomó las duras críticas al Poder Judicial y el tono político en su discurso, afirmando que “desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa.” Recordó cuando su oficina en el Senado fue apedreada “sin que ninguna fuerza de la república Argentina impidiera que mi despacho fuera destrozado”. Sin mencionar que fuera del Congreso había una gran movilización expresando el rechazo a que se estuviera aprobando el acuerdo para pagar la deuda con el FMI.

Volviendo al juicio actual, habló del día en que el fiscal terminaba su alegato, cuando se transmitía la puerta de su casa en pantalla partida, en relación con “crear un clima” desde los medios de comunicación como Clarín y La Nación, que van creando la estigmatización, y la investigación sobre quiénes intentaron matarla días después: “la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso, nadie puede pensar q esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que me hicieron.” Y agregó que “Alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos, en el Senado, su asesor defiende a quien me quiso matar. Y la asesora de otra diputada también defiende a ese. Yo me siento en un estado de indefensión. ¿Usted cómo se sentiría, doctor Gorini?” con lo cual finalizó su discurso.

Sobre el "lawfare"

Beraldi, para concluir el alegato, se refirió a una última cuestión: el lawfare. “Cuando hablamos de lawfare estamos hablando de poner en peligro el sistema democratico” afirmó, luego de exponer todas las causas imputadas a Cristina Kirchner; “Hotesur”, “Dólar futuro”, “Memorándum”, “Los Sauces”, “Cuadernos” y el juicio en curso de “Vialidad, todas las irregularidades procesales y los denunciantes siempre de la oposición, y los vínculos entre sectores del poder judicial con los mismos, y la relación con medios de comunicación para crear la persecución política. “Acá no existen dos caminos, corrupción o justicia, existe solo justicia” dijo para finalizar el alegato en defensa de Cristina Kirchner.

La extensa ilustración sobre la parcialidad de la investigación y la causa, el recorte de pruebas y todas las irregularidades procesales que tiene el juicio de Vialidad, son tan innegables como la persecución que se busca con estos procesos. Sin embargo, también quedó a la vista lo instalado que está el sistema de concentración y cartelización de las obras públicas en el país, lo “habitual” de esos negociados así como de las relaciones comerciales entre funcionarios públicos y empresarios de la corrupción, que son estructurales a los gobiernos capitalistas, a los dos lados de la llamada “grieta”.

Las persecuciones políticas, el denominado “lawfare”, son posibles en parte por leyes como la del “arrepentido”, o la “antiterrorista” votada bajo el gobierno kirchnerista, promovidas por el imperialismo norteamericano para aumentar la injerencia económica y política sobre países como el nuestro y otros de la región. También es posible al mantener un sistema judicial completamente antidemocrático, donde los jueces se eligen en negociaciones políticas entre los partidos tradicionales a espaldas del pueblo trabajador, con cargos vitalicios y sueldos de privilegio. Con esas leyes y esa casta judicial no es posible investigar realmente la corrupción, por eso desde la izquierda se propone la implementación de juicios por jurados y jueces electos por voto popular en todos los niveles.

Las audiencias del juicio por Vialidad se reanudan el lunes, cuando será el turno de la defensa de Carlos Kirchner, y se espera que antes de fin de año el tribunal dicta una sentencia.