En el marco de una segunda ola en Catalunya, la situación en educación preocupa. Los contagios y los grupos confinados aumentan, pero las medidas efectivas por parte del Govern siguen sin tomarse.
Pablo Castilla Contracorrent Barcelona - estudiante de Filosofía, Economía y Política en la UPF
Jueves 24 de septiembre de 2020
Tras varias semanas desde que comenzaran las clases, en Catalunya se confirma lo que ya se espera: las medidas en educación para evitar los contagios son insuficientes. En menos de un mes, el número de grupos confinados superó ayer los 600, lo cual equivale a más del 8% de los centros educativos del territorio catalán.
Durante los últimos años, la falta de profesorado, de recursos, de nuevos centros de estudio y las elevadas ratios ya habían deteriorado enormemente la calidad de la enseñanza pública en beneficio de la privada y la concertada, favoreciendo así a la segregación. Con la llegada de la pandemia, esta situación estructural se ha convertido en un verdadero peligro para la salud pública, especialmente para la clase trabajadora y los sectores populares, pues son sus hijos e hijas quienes mayoritariamente asisten a los centros de educación pública.
Antes de que arrancara el curso, distintos sectores de la comunidad educativa ya habían denunciado la imposibilidad de mantener las condiciones higiénico-sanitarias en las escuelas si la Generalitat no tomaba más medidas. Sin una mayor dotación de recursos para la educación pública, sin la contratación masiva de docentes y la habilitación de nuevos espacios para la enseñanza, cualquier protocolo de seguridad por parte del Govern estaba destinado a ser puro humo, y así se ha demostrado.
No se trata de una falta de planificación o de la incertidumbre de la situación como han querido vender, sino de la continuación de las políticas neoliberales para educación que los distintos gobiernos – centrales y autonómicos – han mantenido siempre.
Los recortes y la privatización de la enseñanza pública mediante el trato de favor a las concertadas, la reducción de la democracia interna de los centros y la externalización de servicios como el de limpieza representan un desmantelamiento de la enseñanza pública. Antes del coronavirus, el coste de estas políticas lo pagaban principalmente la clase trabajadora y los sectores populares, pero por supuesto que a las grandes elites no les importaba, ya que esto significaba más mano de obra barata para sus empresas.
Ahora bien, si esto puede llegar a afectar a su salud ¿qué vía tomarán? En Madrid ya dan pistas de ello. Si los más afectados son los barrios obreros, una opción parece ser confinarlos pero que sigan yendo a trabajar para acrecentar los beneficios de las empresas. Por supuesto, todo ello con el aval del gobierno del PSOE-UP que efectivos para mantener el brutal confinamiento de clase.
No tomar las medidas necesarias para evitar contagios en educación también es recortar en el sector. Ante esta situación, resulta necesario transformar el malestar de la comunidad educativa en un programa que dé respuesta a los problemas actuales. Un plan de emergencia donde se incluya la contratación masiva de profesorado, la habilitación de espacios de enseñanza y, dado que estos son escasos, la intervención de la red de colegios privados y concertados para crear una red pública única bajo control de estudiantes, docentes, padres y trabajadores.
El sector de la educación debe ponerse en pie para enfrentar esta situación, pero no está necesariamente solo. Durante esta semana, los MIR de Catalunya se han movilizado para denunciar sus largas jornadas de trabajo, con sueldos de miseria y escasa formación. Buscar la unidad entre sectores en lucha, como los sanitarios u otros precarios golpeados por la crisis, es clave para pelear por un impuesto a las grandes fortunas que permita financiar el gasto extraordinario necesario en educación, sanidad y otros sectores esenciales.
