Política. Crónica de un tarifazo anunciado

Como hemos denunciado desde que se conoció el brutal aumento de tarifas, el Gobierno y las empresas iban a hacer todo lo posible para poder concretar ese robo al bolsillo popular.

Las subas del agua y la luz siguieron vigentes. 500 % se multiplicó el costo para la mayoría de los hogares, que además tienen que enfrentar la inflación de casi toda la economía. La Corte Suprema solo puso en discusión las tarifas del gas, para las cuales dictó audiencias públicas que se realizan este viernes 16. De alguna manera querían descomprimir la bronca popular que se había expresado en ruidazos y cacerolazos en julio y agosto.

Pero el Gobierno aprovechó el tiempo para comenzar una serie de acuerdos que le permitieran seguir adelante con su plan: hacer un aumento gradual y en cuotas, pero garantizar los negocios de las petroleras. Por eso el Ministro de Energía, el (¿ex?) accionista de Shell Juan José Aranguren, organizó una serie de reuniones con las cámaras empresarias, senadores y diputados de distintas fuerzas, gobernadores del PJ y hasta sindicatos. En realidad el “consenso social y político para cambiar el régimen tarifario” del que habla el gobierno fue un pacto con todas las “corporaciones” que se beneficiarán con el ajuste.

Una estafa

El cuadro tarifario acordado les permitirá multiplicar sus precios en dólares. Hace pocos meses el Gobierno informaba que el precio del gas que se les paga a las petroleras había subido de 1,29 a 4,72 dólares el millón de BTU. Tras el fallo de la Corte proponen elevarlo hasta los 3,42 dólares en octubre. Para una familia que mantenga el nivel de consumo del año pasado el aumento promedio sería del 203 %, por lo que las facturas triplicarían su valor. Pero como no hay topes, en un invierno como el último el aumento del consumo multiplicaría los costos para la población.

Al aumento de octubre le seguirán ajustes semestrales con quitas “graduales” de subsidios estatales e incrementos en las boletas de los usuarios. De tal forma que en octubre de 2019 el precio del gas que se paga a las petroleras llegará a 6,78 dólares, y la tarifa podría trepar hasta un 1200 %.

Un negocio redondo con nuestros recursos naturales y el bolsillo popular.

Pero son millones los que no tienen ningún “consenso” con el plan de Macri, los gobernadores y las privatizadas.

Todo cocinado

Así llegamos a las audiencias públicas del 16 de septiembre. Lejos de una “deliberación popular”, como las quieren mostrar algunos jueces y medios, se trata de audiencias no vinculantes. O sea que, como sucedió con el subte donde el 90 % de los oradores se pronunció contra el aumento, el Gobierno no tiene por qué escuchar “el clamor popular”. Como además se hará solo en Buenos Aires y algunas ciudades del interior, la mayoría de la población ni siquiera podrá participar.

Por eso, el 16S marchamos a la audiencia en la Ciudad de Buenos Aires y en cada lugar donde se realicen. Lo haremos para denunciar ese método antidemocrático de las audiencias y el pacto con las empresas. Lo mismo harán nuestros parlamentarios del Frente de Izquierda y nuestros dirigentes obreros que tomen la palabra ese día. Como hizo mi compañera Myriam Bregman ante el ministro Aranguren, vamos a demostrar que nadie quiere investigar qué hicieron con los millonarios subsidios en la última década, ni cómo han vaciado nuestros recursos y servicios, ni cuáles son las ganancias reales de las petroleras, las eléctricas y todas las privatizadas.

Allí dejaremos claro que la única salida es la anulación del tarifazo y la reestatización de todos los servicios para que sean administrados por los trabajadores y usuarios populares.

Ahora más que nunca: paro general y movilización

Desde que se conoció la convocatoria, planteamos la necesidad de que las conducciones sindicales, tanto de las CGT como de las CTA, convoquen un paro nacional este 16 de septiembre. Pasaron las semanas, hubo muchas declaraciones de compromiso, pero ninguna convocatoria concreta. Algunos gremios cegetistas llegaron al colmo de convalidar los aumentos, porque benefician a sus patronales. La CTA y la Corriente Sindical Federal criticaron la medida y se concentrarán en las audiencias, pero no convocaron a una medida de fuerza en los sindicatos que dirigen. Qué distinto sería si ese día miles de estatales, maestras, bancarios, aeronáuticos, telefónicos, gráficos, trabajadores del subte y otros gremios salieran desde sus lugares de trabajo para manifestarse con la población contra el tarifazo. Desde que el aumento llegó, hubo cacerolazos, ruidazos y cortes, pero los partidos tradicionales y las conducciones sindicales solo han hecho declaraciones de compromiso.

Este viernes movilizamos y tomamos la palabra en las audiencias. El Frente de Izquierda es la única fuerza que se planta en defensa de los intereses populares: hasta derrotar el tarifazo y que se vayan todas.