Viernes 27 de octubre de 2017
La campaña electoral transcurrió como una verdadera estafa a la clase obrera que terminó votando a la fórmula ganadora. Las propuestas vacías de cambio se llenan de contenido si tenemos en cuenta la reforma laboral en marcha a partir del próximo lunes. El Centro Cultural Kirchner será escenario de la consolidación del “pacto social” que decantará en la anunciada retracción de las conquistas laborales.
El contexto mundial
Son dos los países que este año hicieron ruido en el ámbito internacional por las reformas laborales impuestas a la sociedad. Brasil y Francia fueron los escenarios de la retracción de derechos de los trabajadores. Nuestro gigante vecino nos afecta directamente ya que se consolida como argumento de la clase empresarial para aplicar medidas similares en nuestro país. Las expresiones de Marcos Galperin (CEO de MercadoLibre) o de la cúpula de la burguesía concentrada en el foro de Idea (caso de Ratazzi), son clara muestra de lo anterior.
Yendo específicamente al caso brasilero (que es el que más directamente nos afecta) vemos que se establecieron ciertas reformas que atacan directamente los derechos laborales:
1- Desmontar la estructura sindical: paritarias sin sindicatos. Obreros y empleados. Eliminación de aportes sindicales.
2- Defensa gratuita será eliminada. Empleado deberá correr con costos de demanda laboral. Antes correspondía al Estado.
3- Lo acordado estará por encima de lo legislado. Acuerdos entre patrones y empleados tendrá primacía por sobre lo legal constitucional.
4- Jornada Laboral. Se extenderá de 8 a 12 horas diarias. Elimina el pago de horas extras. Tiempo de almuerzo a 30min.
5- Vacaciones de 30 días pueden ser divididos hasta 3 veces.
6- Trabajo sin protección. Disminuye en 50% multa por despido sin causa. Elimina seguro de desempleo público en 4 meses. Admite trabajos temporales o intermitentes sin seguridad social.
Estas medidas golpean de lleno en la capacidad de los trabajadores de negociar sus condiciones de trabajo, se vuelve a un régimen de sumisión absoluta al empleador y se afecta la capacidad de compra del salario.
La realidad Argentina
Nuestro país parece vivir una época en la que las palabras “sinceramiento”, “modernización” o “blanqueo” adquieren un grado de capacidad retórica que parece justificar cualquier medida de gobierno. Sin embargo, en este tema lo que se propone es efectivamente un blanqueo con todas las letras. La Argentina tiene cerca de 3,8 millones de sus trabajadores en “negro”, es decir, en condiciones precarias de trabajo.
Seguramente muchos de los que lean las reformas en Brasil se puedan sentir identificados en sus condiciones de trabajo actuales en la Argentina. El modelo de Pymes del gobierno anterior, si bien aumento los porcentajes de empleados, también los incluyó con contratos de trabajo precarios (véase el caso de las tercerizadoras).
La falta de sindicato, de vacaciones, la negociación directa con el patrón o las jornadas de trabajo interminables no son noticia para muchos de los trabajadores precarizados del país.
La propuesta del gobierno
Basta con observar cuales serían las soluciones del gobierno actual para comprender la gravedad de la situación. La idea general consiste en “blanquear” el trabajo en negro, es decir, legalizar las prácticas de empleo informales arrastrando a los trabajadores formales a las condiciones de trabajo precario.
En el Centro Cultural Kirchner, el lunes se va a llevar adelante una cumbre en la que participaran el gobierno, las empresas y los sindicatos burocratizados (CGT). Allí se va a llevar adelante un “Gran Acuerdo Nacional” consistente en sentar las bases de la Reforma Laboral, la Reforma Previsional (aumento de la edad jubilatoria) y Reforma Impositiva (reducción de impuestos a empresas).
Hay que tener en cuenta que este “pacto social” se consolida como punto culmine de una política iniciada a partir de la crisis de 2001 con un ascenso sostenido del empleo precario como forma de palear la crisis. Los 12 años de kirchnerismo fueron el del ascenso del trabajo en negro teniendo como base a las Pymes y al sector público. Ambos espacios fueron –y son- los máximos contratadores de trabajadores en condiciones precarias.
Este sería un intento de los grandes capitales de equiparar a sus empleados a las condiciones de los trabajadores más precarizados de la economía. De esta forma, el gran capital reduciría sus costos considerablemente en perjuicio de la gran masa de trabajadores del país.
