En el programa Panorama Tucumano la madre de Lucía martilló el silencio con el relato desgarrador del padecimiento sufrido por su hija en el hospital Eva Perón. Con sus palabras describe la brutalidad del hostigamiento que ejerció el modelo médico asistencial de los antiderechos sobre una niña que quería continuar con su infancia. Una síntesis de cómo el Estado tucumano intentó obligar a una pequeña de 11 años a llevar a término una gestación producto de una violación, avasallando su autonomía y sus derechos como niña.
Juan Paz Médico (Universidad Nacional de Tucumán)
Miércoles 8 de mayo de 2019 00:00
Ilustración: Ximena Foguet
Todavía arde en la memoria colectiva el recuerdo de que la provincia de Tucumán fue declarada bastión del aborto clandestino bajo el eufemismo de “Provincia Pro Vida” por el gobierno local y la Legislatura. Incluso intentaron anular el derecho al aborto legal establecido en el Código Penal de la Nación desde 1921. De esta forma los defensores del aborto clandestino adquirieron el aval político para militar activamente contra los derechos de las mujeres.
Los antiderechos se organizan y forman parte de la estructura política de un régimen eclesiástico y misógino que se inmiscuye en todas las instituciones del Estado. Entre ellos se encuentran las personas que ejercen un rol político y social, como el gobernador con sus ministros, los diputados y jueces; y también los directores de hospitales y los médicos. Todos con una función social, portadores de ideología y dotados de poder, capaces de elaborar y concretar una línea política, dispuestos a obligar a una niña a parir sin importarles que la gestación sea producto de una violación.
Los hospitales y centros de salud son instituciones del Estado en el cual se llevan a cabo la praxis asistencial de las políticas sanitarias. Si negar el derecho de las personas gestantes para obstaculizar el acceso al aborto legal es una política sanitaria implícita, es un problema muy grave que debemos analizar para combatirlo.
El Estado, una bestia eclesiástica de poder
Las diferencias políticas entre manzuristas, alfaristas, bussistas, alperovichistas y cambiemitas se esfumaron luego de que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobado por la cámara de Diputados. No había diferencias políticas a la hora de erigir una cruzada política contra la posibilidad de que las personas gestantes puedan ejercer su autonomía en la planificación familiar. Con dinero del fisco provincial garantizaron marchas, actos y festivales con el fin de marcar la posición del Estado, provincial y municipal, a favor de mantener la clandestinidad de los abortos.
Las heterogeneidades de los partidos políticos del régimen fueron (y son) homogenizados por el gran patriarca político: la Iglesia Católica. Las políticas de las variantes del peronismo y del radicalismo se germinan y cultivan en los prados de la iglesia. Así el clero, de una forma u otra, también se encuentra presente en las instituciones del Estado. Los hospitales no están libres de sotanas. Hay curas en los grandes hospitales de la ciudad, con la función de regimentar a las personas que concurren, implementando la ideología católica.
El Estado provincial y los políticos del régimen se organizan políticamente junto a la iglesia católica, de forma política, jurídica, y en términos de Foucault, extrajurídicamente; para coaccionar contra el derecho de las mujeres a la planificación familiar, y crear una lógica antiderecho que se incruste en el imaginario colectivo de las personas. Intentan garantizar el control social de los cuerpos mediante diferentes dispositivos. A diferencia del pensamiento del filósofo francés, el caso de Lucía demuestra que el poder del Estado sobre el cuerpo de una niña se encuentra concentrado, utilizando esos diversos dispositivos. Así se configura una verdadera bestia eclesiástica de poder dispuesta a torturar mujeres, niñas y personas trans en los hospitales.
“Todos los días venía un cura… me hicieron hacer una lista de las personas que podían pasar a verla… él no sé cómo ha hecho, pero pasaba todos los días… solo iba y averigua cómo se llamaba mi hija, qué es lo que íbamos a hacer con el bebé, que por qué no lo daba en adopción, que la deje que siga (con la gestación). Él le decía que ella lo tenía que querer y ella le decía que no quería. Ella (Lucía) no quería que ningún hombre se le acerque y él se arrimaba para hacerle una cruz en la frente, y ella gritaba que no se le arrime”; así lo describe una madre que veía como un miembro de la Iglesia tuvo impunidad para torturar a su hija en un hospital.
Hospitales: dispositivos al servicio de los antiderechos
Lucía fue aislada en una sala del Hospital Eva Perón, donde solo un grupo selecto de médicos, un cura y las autoridades del SIPROSA podían verla diariamente. El Secretario Médico Ejecutivo del sistema de salud provincial, Dr Vigliocco, se presenciaba todos los días para intentar persuadir a Lucía y a su madre de que la gestación avance hasta que alcance la viabilidad fetal. Con promesas materiales y de proyectos personales a futuro trató de provocar un giro de 180 grados en la decisión de Lucía, con el objetivo de imponer su juicio de valor por encima de la autonomía de una niña vulnerada.
En la entrevista se asimila como estos juicios de valores morales son impuestos por sobre la autonomía para negar un derecho conquistado. No es difícil imaginar a una niña con su infancia desgarrada por un abuso sexual, portando una gestación que no desea llevarla hasta el final, encerrada en una sala de hospital bajo un régimen que emuló una prisión; para que los antiderechos, desde las autoridades del SIPROSA hasta el personal de salud que la atendió, intente aplastar su autonomía con la valoración moral obligatoria.
Recordemos que no hace mucho tiempo, en los hospitales Nuestra Señora de las Mercedes Maternidad) y Nicolás Avellaneda, se realizaron misas cuando se practicaron Interrupciones Legales del Embarazo. En este último fue torturada Belén, donde amedrentaron sus derechos como paciente y luego fue privada de su libertad dictaminado por un juicio bochornoso plagado de irregularidades. Los hospitales se transforman en instituciones de tortura psicológica cuando una persona gestante aborta o decide abortar, porque son lugares con jueces religiosos portadores de conocimiento en biología humana que no toleran el pecado.
Biomedicina antiderecho
Algo que caracteriza a la mayoría de los médicos actuales es la apropiación de la tecnología médica y de los avances de la ciencia para afrontar las enfermedades que alteran la biología del cuerpo humano. El sustento epistemológico para abordar las enfermedades y proteger la salud se encuentra cimentado en el positivismo biológico.
Lo normal y lo patológico es establecido por fenómenos exclusivamente biológicos. Bajo este paradigma se ha desarrollado la ciencia en el campo de la medicina, forjando la Biomedicina. Esta no solo ha conducido a la industria farmacéutica hacia la acumulación capitalista y el lucro con la enfermedad, sino que también ha establecido una hegemonía científica en las ciencias de la salud y en la política sanitaria, amoldando a su imagen y semejanza un modelo médico asistencial.
Como consecuencia del traslado de los conocimientos biológicos y bioquímicos a la práctica clínica, los médicos se acercaron a los genes y se fueron alejando lentamente del Sujeto histórico: el paciente. Esto fue configurando en el pensamiento médico una epistemología positivista que impregnó a las facultades de medicina y a la praxis médica. La persona enferma es entendida como un ser atemporal, carente de vicisitudes culturales y sociales, un objeto biológico de estudio. La biomedicina es la responsable de que la mayoría de los trabajadores de la salud empleen en su praxis un método asistencial que olvida la subjetividad individual.
Una expresión de esto fue el movimiento de los trabajadores antiderechos con la consigna: “NO CUENTES CONMIGO” para expresar la oposición a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y dar la espalda a centenares de mujeres que podrían acceder al derecho a la salud si la misma se aprobaba en el Senado. Esto significó una advertencia a las mujeres tucumanas de que no iban a acompañarlas ni garantizar sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Una muestra de que los juicios de valores religiosos y biológicos estaban por encima de la autonomía de las personas. Un mensaje contundente para que las personas gestantes continúen abortando en la clandestinidad.
La madre de Lucía lo experimentó junto a ella. El personal de salud avasallando la autonomía de la una niña, dilatando la realización del aborto legal por medios burocráticos, utilizando el desconocimiento en materia de salud, pidiéndole donantes sanguíneos que no podían conseguir. Incluso llegaron a inyectarle medicamentos para la maduración pulmonar del feto; o intentar hacerles firmar la alta voluntaria para que cese la responsabilidad sanitaria del Hospital. Sin importarles, vulneraron los derechos de Lucía.
Una vez que el caso llegó a la opinión pública por el movimiento Ni Una Menos, y se transformó en un escándalo nacional e internacional. Debido a esto el Estado Tucumano se vio obligado a interrumpir la gestación, y la contradicción fue que todo el personal de salud del Hospital se declaró objetor de conciencia. Tuvieron que convocar a ginecólogos del sector privado (Dres Ousset y Gijena) para que realicen un micro cesárea; y quienes luego de realizar el procedimiento y contener a Lucía y a su madre. Ellos fueron denunciados penalmente por abogados y médicos (Dres Ramacciotti y Auad) por el delito de homicidio, demostrando que los juicios de valores religiosos y biológicos también puede convertirse en acciones rabiosas contra los derechos de las personas gestantes y de los profesionales de la salud que están dispuestos a garantizarlos.
Contra los antiderechos
El caso de Lucía, la niña de 11 años a la que se intentó obligar a que lleve hasta el final su gestación producto de una violación, puso de manifiesto dos problemas importantes en la salud pública. Por un lado, la falta de un equipo de salud en los hospitales polivalentes que garanticen el acceso a las ILE; y por otro el oscurantismo militante de los médicos antiderechos en los hospitales. Ambos problemas tienen la misma raíz: la intromisión de la Iglesia en el sistema de Salud.
Tucumán es una provincia donde las cifras de embarazo adolescente son muy altas y la educación sexual se encuentra interferida por la intromisión de la iglesia en la política educativa. Por desgracia, y ante los hechos acontecidos con el caso de Lucía, también existe una intromisión de la iglesia en el sistema público de salud.
Estamos en vísperas de elecciones y la iglesia ya tiene sus candidatos tucumanos para continuar interfiriendo de los derechos sexuales de las personas gestantes. Habrá más Lucías si el establishment tucumano continúa en el poder, pero es el movimiento de mujeres quienes muestran el camino de la organización y la lucha colectiva para que las niñas no sean obligadas a ser madres.
Esta fuerza social también debe tener su expresión en las urnas para evitar que los políticos antiderechos continúen garantizándole a la Iglesia una posición de poder para amedrentar los derechos de las personas gestantes. Es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con Alejandra Arreguez en la primera fila de lucha feminista, quienes han planteado el aborto legal y la garantía de todos los derechos de las mujeres como propuestas políticas.
Es crucial el desarrollo una fuerza social para la lucha organizada que aplaste a los dinosaurios misóginos y transfóbicos, principalmente en las calles y en los hospitales; y también, no menos importante, en las urnas.
