A casi una semana de la explosión de la planta Raponi Industrial Química, ocurrida en el barrio Alta Córdoba de esta capital, las soluciones siguen sin aparecer para los vecinos damnificados. Hay 450 casas dañadas, de las cuales una veintena se encuentran destruidas y con peligro de derrumbe. Al cierre de esta edición continúan internados una mujer de 64 años, en estado crítico, y el joven Pablo Amaya, de tan solo 15 años que permanece en coma inducido y en estado grave.
Jueves 13 de noviembre de 2014
A casi una semana de la explosión de la planta Raponi Industrial Química, ocurrida en el barrio Alta Córdoba de esta capital, las soluciones siguen sin aparecer para los vecinos damnificados. Hay 450 casas dañadas, de las cuales una veintena se encuentran destruidas y con peligro de derrumbe. Al cierre de esta edición continúan internados una mujer de 64 años, en estado crítico, y el joven Pablo Amaya, de tan sólo 15 años que permanece en coma inducido y en estado grave.
Como parte de la investigación en curso, están detenidos el dueño de la planta y el ingeniero responsable del funcionamiento de la misma. Se trata de Sergio Raponi y Javier Lagares respectivamente. Ambos se encuentran imputados por el supuesto delito de "estrago culposo agravado". Es preciso recordar que Lagares se presentó ante la justicia de manera voluntaria. Este miércoles se conoció que la explosión se produjo en una parcela que no estaba habilitado por el municipio, a pesar de que éste informó que había controlado el predio para autorizar su funcionamiento.
Los vecinos reclaman
Ayer, miércoles, el gobierno nacional, a través del jefe de gabinete Jorge Capitanich, intervino para “ponerse a disposición” de los damnificados. Por su parte, las autoridades provinciales salieron a denunciar la lentitud de la ayuda nacional. De esta forma, los tres gobiernos (nacional, provincial y municipal) intervienen en este hecho pero, hasta el momento, se meten sin dar ninguna respuesta de fondo a los reclamos de los vecinos de Alta Córdoba.
Al no recibir respuestas favorables de parte de los gobiernos provincial y municipal, los vecinos afectados por la explosión vienen manifestándose y reclamando. Se oponen a recibir los créditos que la Provincia anunció, ya que consideran que ellos no causaron la tragedia. En función de eso están exigiendo subsidios totales para reconstruir las viviendas y el mobiliario destruidos por la explosión.
Los vecinos están exigiendo el no pago de impuestos este año y el que viene, no pagar tasa judicial para iniciar querellas y que el lugar de la explosión sea transformado en un “espacio verde” que sirva para conmemorar el siniestro.
