MIENTRAS CRECEN ASESINATOS A DIRIGENTES SOCIALES. Cruje proceso de paz en Colombia ante caso Santrich

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negara la extradición y ordenara la liberación de Jesús Santrich, aunado a la renuncia del fiscal Nestor Humberto, distintas fuerzas políticas y personalidades del país se han empantanado al tener puntos contrarios sobre el caso mostrando los crujidos del proceso de paz iniciado en 2016.

La semana pasada luego de meses de discusión sobre el caso Santrich, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determino que no existen pruebas suficientes sobre las acusaciones al ex guerrillero de las FARC, hoy constituidas como partido político, sobre su supuesta colaboración en el envío de 10 toneladas de cocaína hacia EE.UU. por lo cual la instancia negó la resolución de extradición y ordenó su liberación. Sin embargo, solo unos minutos después de su liberación Jesús fue recapturado ante la presión de la renuncia de Nestor Humberto y la insistencia de la Fiscalía en presentar nuevas pruebas en su contra por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Este hecho obligó a la mayoría de fuerzas políticas en la sociedad colombiana, incluyendo al presidente Duque, a posicionarse mientras que en varios sectores existe una tendencia a la polarización cuyo motor es el trasfondo y las implicaciones que éste caso tienen respecto al proceso de paz y la legitimidad de sus principales figuras, como es la propia JEP.

En una entrevista el presidente Duque reconoció que el caso expresa un desacuerdo con las propiedades de la JEP en las resoluciones que tuvo, anteponiendo una propuesta de fortalecer la institucionalidad oficial. En Centro Democrático (CD), quien siempre mantiene sus denuncias a la mayor severidad en los acuerdos hacia los participantes de la guerrilla, llegó a mencionar la completa ilegitimidad de la instancia para la paz.

"Estamos ante un momento en el que la institucionalidad debe salir fortalecida y no debilitada” declaró el presidente de Colombia, Iván Duque ante el caso.

Mientras tanto la FARC emitió un comunicado en donde insistía en la reunión con el presidente para tratar el tema, dejando claro que la resolución de esta situación no podía negociarse por fuera de las fuerzas emergidas posterior al 2016. Aunque los hechos ocurrieron después de la firma de los acuerdos y por lo tanto tendría que juzgarse por la ley oficial y no la JEP, el mandatario convocó a una reunión con las fuerzas políticas del país para tratar el tema.

No obstante, lo que contrasta con las elegantes reuniones entre los representantes de cúpulas es la violencia sistemática que ha predominado en el país, ya en los últimos años se ha visto su recrudecimiento, en especial contra los luchadores sociales y defensores ambientales quienes son textualmente “los principales objetivos" de los grupos militares y paramilitares, incentivados por intereses empresariales muchas veces transaccionales. Tan solo la cifra para 2018 fue 170 asesinados y se calcula que en lo que va del año ya son 60.

Los procesos oficiales de paz fuera de los intereses reales de las amplias mayorías de la población aparecen cada día con una brecha más grande, como se mostró con la movilización del paro nacional que se puso en pie contra de los planes de Duque el pasado 25 de abril. Este caso pone de manifiesto la desconfianza que existe por parte de la ruta que ha tejido la propuesta de paz firmada en La Habana y el desacuerdo de las fuerzas firmantes del mismo, la reunión del presidente el día de hoy es un intento por acordar una propuesta consensuada, aunque nada garantiza que se resuelva en el corto periodo esta crisis abierta.